Sin Categoría

"Patriota cooperante", el arma de la (in) Justicia venezolana contra cualquiera

Se trata del denunciante sin rostro que tiene a muchos ciudadanos en prisión. Su implementación tomó auge con las protestas que comenzaron el 12 de febrero de 2014. Rodolfo González “el aviador”, muerto en el Sebin, fue denunciado por un "patriota cooperante".

Publicidad

Son repetidos los caso en Venezuela en los que una persona acude a los órganos de seguridad del Estado y presenta una denuncia sin ningún elemento de convicción o prueba y de inmediato las autoridades se activan y en lugar de comprobar la versión del denunciante, mediante pesquisas o averiguaciones. Actúan como si se tratara de oficio contra quien fue señalado.

El Código Orgánico Procesal Penal (COPP), artículo 268, describe perfectamente cómo debe elaborarse una denuncia. “Podrá formularse verbalmente o por escrito y deberá contener la identificación del o la denunciante, la indicación de su domicilio o residencia, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticias de él, todo cuanto le constare al o la denunciante”.

“LA DENUNCIA ESCRITA DEBE SER FIRMADA POR EL DENUNCIANTE”, (COPP).

Para el abogado Joel García, quien fue defensor de Rodolfo González, el problema está en que las autoridades obtienen la información del patriota cooperante y “el Sebin de una vez lo toma como un hecho, como cierto y no es corroborado con otro tipo de investigación”. En el caso de “El Aviador”, describió García: “por ejemplo, que Rodolfo era un piloto que traficaba armas; Entonces se buscan en Facebook una foto de Rodolfo al lado un avión y dice la fiscal: en este avión es donde Rodolfo González trafica armas”.

El jurista se manifestó indignado que todo se basa en “chismes” de un «patriota cooperante», que no se sabe si existe o no, y no se fortalece con pruebas recabadas, para determinar si la información aportada por esta figura es cierta o no.

Según comenta García, mientras retoma el caso de Rodolfo González, el célebre “denunciante” habría dicho a las autoridades que González trancaría la autopista Caracas-La Guaira y la Gran Mariscal de Ayacucho.

Enfatiza, “iba a trancar, son cosas que iban a suceder a futuro. ¿Cómo se materializa eso? Es decir, ¿acaso el pensamiento es criminoso? ¿El hecho de que yo pueda pensar cometer un delito sin exteriorizarlo, eso es delito? Eso no es delito, si hubiese sido el caso”.

Para Joel García, también abogado de Enzo Scaranno, en Venezuela se está aplicando “el derecho penal del enemigo”, donde no se busca sancionar la comisión de un hecho punible sino, que se sanciona a la persona. “¿Quien eres tú? ¿disidente? Hay que buscar la forma de sancionarte”, agregó García.

Según una de las máximas autoridades mundiales en teoría del Derecho, el alemán Günther Jakobs, “el derecho penal del enemigo pena la conducta peligrosa de un sujeto en etapas previas a la lesión, con el fin de proteger a la sociedad en su conjunto, y esto quiebra la relación lógica tradicional entre pena y culpabilidad”.

“La figura del patriota cooperante es un comodín que están utilizando los órganos de seguridad del Estado, para reprimir a la disidencia”, dice Joel García.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Gutiérrez indicó que la información que pudiera suministrar el llamado patriota cooperante, sólo serviría para labores de inteligencia y contra inteligencia, sin que ésta tenga ningún tipo de validez en el proceso penal. Esta figura, resalta Gutiérrez, tiene la particularidad de que actúa bajo el anonimato, y el anonimato está prohibido en la Constitución Nacional.

“Los informes que he visto de los patriotas cooperantes, son respaldados por información obtenida de GOOGLE, Facebook y de Twitter, y eso no tiene ningún tipo de valor probatorio en una sala de audiencias”, indicó el jurista defensor de Leopoldo López.

Juan Carlos Gutiérrez manifestó que en toda su carrera como litigante, no había visto una figura como la del «patriota cooperante». Sin embargo, por un momento hizo una pausa para recordar que de ocho años hacia el presente, habían visto unos procedimientos que realizaba el CICPC en base a llamadas anónimas.

“Fue una mala praxis policial, que también ocurría en la época de la PTJ, una llamada decía que, X casa era un centro de distribución de drogas y entonces la PTJ se metía, tumbaba la puerta sin orden judicial, violando los procedimientos, y conseguían una supuesta droga”. Esos procedimientos que se iniciaban con denuncias anónimas, fueron y son procedimientos que han servido históricamente para violentar Derechos Humanos, para hacer siembras y hacer procedimientos ilegales, recalcó Gutiérrez.

En Europa, comentó el penalista, existe una figura que ha sido duramente criticada, sin embargo, para nada es la del «patriota cooperante», sino el llamado agente encubierto y la del agente provocador. Este último se trata de un agente del Estado que se infiltra dentro de una organización para inducir a que se cometa un delito. Indicó que el tribunal europeo de derechos humanos lo prohibió.

Explicó que en Venezuela, en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, está establecida la utilización de agentes encubiertos previa autorización de un juez en funciones de control. Es decir, tendría que haber una investigación en curso, en materia de delincuencia organizada y además, una autorización de un fiscal del Ministerio Público y de un juez. “No es que cualquier funcionario policial se va a meter en una organización criminal, va a formar parte directa, activa de ella, si no está debidamente soportado por una orden judicial”, aseveró Gutiérrez.

CASO ROSMIT MANTILLA, PRESO DESDE 2014 SIN AUDIENCIA PRELIMINAR

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el del dirigente estudiantil Rosmit Mantilla, quien fue denunciado por un «patriota cooperante», por supuestamente estar financiando las “guarimbas”.

Agentes del Sebin llegaron a su residencia en Caricuao, donde vive con su abuela, y sin orden judicial practicaron un allanamiento en el que supuestamente encontraron dinero en efectivo, con el que presuntamente Mantilla, quien es miembro de Voluntad Popular, estaba costeando los gastos de las protestas en Altamira, municipio Chacao en 2014.

Carmen Luisa Flores, abuela del joven, recordó que Rosmit Mantilla fue sacado de su casa a las 5:30 de la mañana. “No tienen ninguna prueba para mantenerlo preso. A él le sembraron pruebas, no tenía nada en la casa”.

Rosmit Mantilla está detenido en El Helicoide desde el 14 de mayo de 2014, luego de ser denunciado de forma anónima, por un «patriota cooperante», sin que hasta el momento se haya llevado a cabo la audiencia preliminar para determinar si va a fase de juicio o no.

Publicidad
Publicidad