Según fuentes judiciales, González había sido acusado por un «patriota cooperante», como se definen los funcionarios y militantes del oficialismo que hacen labores de «inteligencia social» en resguardo de la llamada «revolución bolivariana».
Este caso estuvo en manos de la Fiscal 20 Nacional Haringhton, cuya visa fue suspendida por Estados Unidos, como parte de un conjunto de acciones contra un total de siete funcionarios públicos. Los otros seis son militares en ejercicio.
Haringhton también tiene a su cargo el caso de la aprehensión y posterior presentación en el tribunal sexto de control del Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, a quien solicitó arrestar por estar supuestamente relacionado con el delito de «conspiración para atentar contra la forma republicana de Venezuela».
Ledezma fue detenido en su oficina ubicada en un edificio al este de Caracas, específicamente en el Rosal, Municipio Chacao, cerca de las cinco de la tarde del pasado 20 de febrero de 2015.
La orden de arresto la llevó a cabo el Sebin y aunque desde la Fiscalía aseguran que se respetaron los derechos humanos y el debido proceso, lo cierto es que testigos afirman que al Alcalde Mayor lo detuvieron sin presentar orden de aprehensión.
De igual forma se pudo observar cómo efectivos del Sebin rompieron las puertas de vidrio de la oficina de Ledezma con un objeto contundente. El burgomaestre estuvo varias horas sin que se conociera su paradero y posteriormente su familia lo encontró en la sede la policía política ubicada en El Helicoide, en el oeste de la ciudad capital.
Ese mismo día también se pudo ver y escuchar al presidente Maduro señalando que “al vampiro” (como llama a Ledezma) lo habían detenido por firmar un denominado “Acuerdo de Transición” junto a Leopoldo López y María Corina Machado. Llama la atención que mientras Ledezma está preso en la cárcel militar de Ramo Verde por solicitud de la fiscal Haringhton, la exdiputada quien también rubricó el mencionado documento, está en libertad. ¿Bajo qué criterio jurídico Haringhton solicitó la captura de uno y del otro no?
A Ledezma, la fiscal Katherine Haringhton lo vincula con dos jóvenes, Lorent Saleh y Gabriel Vallés, “los cuales aparecen en un video manifestando su intención de atentar contra edificaciones públicas y privadas, con el fin de causar alarma y caos en el país».
MARÍA CORINA MACHADO: HARRINTONG LA DEJÓ SIN LIBERTAD PLENA
Le tocó el turno a la exdiputada independiente María Corina Machado, quien ya había conocido los rigores de la mala praxis legal, cuando fue despojada sin antejuicio de mérito, de su curul en la Asamblea Nacional. El 3 de diciembre de 2014 Machado fue imputada en la fiscalía 20, por presuntamente estar vinculada con planes de magnicidio. Durante el acto Haringhton le imputó el delito de conspiración.
La fiscal venía realizando esta investigación desde marzo de 2014, cuando parlamentarios del PSUV solicitaron se abriera una investigación en torno a los presuntos planes de atentar contra la vida del jefe de Estado. A Machado le prohibieron salir del país.
La fiscal 20 Nacional pidió órdenes de aprehensión, por estos mismos hechos, contra Henrique Salas Romer, Diego Arria, Ricardo Koesling, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli Briceño y Robert Alonso.
POR SALUD DE CHÁVEZ, HARINGHTON DETUVO A ANA MARÍA ABREU DE SAN MIGUEL
Abreu de San Miguel es doctora y trabajaba en el Palacio de Miraflores. El 2 de julio de 2012 la fiscal Katherine Haringhton pidió su captura por presuntamente revelar información reservada, entre los años 2010 y 2012. Se presume que para ese momento lo que podía estar difundiendo la doctora era información sobre el estado de salud de Hugo Chávez.
Fue imputada por el delito de uso de información reservada. “Cualquiera que indebidamente y con perjuicio de la República, haya revelado los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, bien sea comunicando o publicando los documentos, datos, dibujos, planos u otras informaciones relativas al material, fortificaciones u operaciones militares bien sea diafanizando de otra manera su conocimiento, será castigado con presidio de siete a diez años”, reza el artículo 134 del código penal.
Tras 48 días detenida en El Helicoide, fue liberada tras la audiencia preliminar, sin embargo no obtuvo libertad plena, pues debía presentarse cada quince días ante un tribunal.
DESDE LOS ÁNDES, A SER IMPUTADA POR LA FISCAL 20 NACIONAL
El artículo 132 de código penal se convirtió en la marca de fábrica de la abogado Katherine Haringhton. A Gaby Andreina Arellano estudiante de la Universidad de los Ándes y miembro del partido Voluntad Popular también la imputó con el delito de conspiración.
La dirigente estudiantil es relacionada con el mismo plan para perturbar la paz de la República con el que imputaron a María Corina Machado y por el cual se persigue y se emitieron órdenes de captura contra otras personalidades y políticos de oposición en Venezuela.
HARINGHTON Y EL ESPONTANEO YENDRI SANCHEZ
El 19 de abril de 2013 un hombre de 28 años irrumpió en el presidio de la Asamblea Nacional, cuando estaban juramentando a Nicolás Maduro como Presidente de la República. El caso cayó en manos de Haringhton quien le imputó a Sanchez «ofensa agravada contra el Jefe de Gobierno y asociación para delinquir».
En un hecho ocurrido en Caracas, a Yendri Sanchez lo enviaron a la penitenciaria de Coro. No era la primera vez que este joven realizaba este tipo de actos. En un desfile militar en Los Próceres, Sanchez intentó llegar hasta donde estaba el Expresidente Hugo chávez. En aquella oportunidad no hubo acusación fiscal.
El llamado «espontaneo» pasó 18 meses detenido hasta que el 23 de septiembre de 2014 fue puesto en libertad, con medidas cautelares. En 2015, transgrediendo esas medidas sustitutivas de privación de libertad, Yendri Sanchez concedió una entrevista a un medio de comunicación zuliano, sin saber que lo tenía prohibido. El CICPC lo detuvo nuevamente.
De Yendri Sanchez se ha dicho que podría padecer de algún problema mental, sin embargo, el propio Sánchez dijo en su momento que cuando irrumpió en la investidura de Maduro, se encontraba haciendo un curso de actuación en Caracas.
DETRÁS DEL PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE MEZERHANE
El 16 de agosto de 2010 y tras la quiebra del Banco Federal, la fiscal Haringhton fue una de las que solicitó a un tribunal de control la extradición del banquero Nelson Mezerhane, quien según sus investigaciones se encontraba en Estado Unidos.
El también exsocio de un canal de televisión en Venezuela, presuntamente había cometido los delitos de asociación para delinquir, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, aprobación indebida de créditos, apropiación y distracción de recursos financieros, difusión de información financiera falsa y ocultamiento de información en la declaración institucional.
Del mismo modo, en ese momento el Ministerio Público dictó ocho medidas de prohibición de salida del país contra directivos del banco intervenido.
MILITARES TAMBIÉN ESTUVIERON EN SUS MANOS
Katherine Haringhton solicitó y consiguió anular una sentencia contra el general Víctor Cruz Weffer, ex comandante general del Ejército, el 19 de marzo de 2012. Este efectivo castrense estaba siendo juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos para la declaración jurada.
Los argumentos de la Fiscal 20 Nacional fueron que el tribunal 14 que absolvió a Cruz Weffer, violó el principio de inmediación al publicar la sentencia absolutoria el 29 de marzo de 2011, pese a que el citado fallo se efectuó el 20 de julio de 2010, fecha en que la juez Ninfa Díaz estaba a cargo de dicha instancia judicial.
Quien publica la sentencia es la juez Liliana Palencia, ocho meses y nueve días después de conocerse el fallo. Es decir, la segunda juez mencionada no tenía la potestad de dictar sentencia por no haber presenciado ininterrumpidamente el debate oral y público y la evacuación de las pruebas en audiencia.
Es por esto que el juicio debía comenzar desde cero, según la Fiscal.
Cruz Weffer, según Haringhton, no pudo comprobar como ostentaba la cantidad de un millón 71 mil 68 bolívares, lo cual no era equivalente con los ingresos del militar.
TAMBIÉN INVESTIGÓ DELITOS DE “SABOTAJE ELÉCTRICO”
El 3 de septiembre de 2013 hubo un “apagón” que afectó gran parte del territorio nacional. La fiscal Katherine Haringhton, al parecer experta en muchas materias, seguridad de Estado, fiscal bancaria, entre otras, esta vez le fue encomendada la tarea de averiguar si personas ajenas a labores dentro del sistema eléctrico nacional, habían provocado que más de la mitad del país se quedara a oscuras.
