«Se respondió, con el favor de Dios, a tiempo» en cuanto a su hospitalización, admitió ante los periodistas la esposa del alcalde, Mitzy Capriles, al dar cuenta de que los médicos programaron para el próximo lunes la cirugía a su marido por una «hernia reproducida«.
«Presentó hace 21 días un fuerte dolor y una protuberancia que fue creciendo» y se llegó a la conclusión de que se debían dar «los pasos que ya se dieron», añadió Capriles en el centro médico.
Horas antes de ser trasladado desde la cárcel militar Ramo Verde, próxima a Caracas, la Fiscalía venezolana reveló que había solicitado al tribunal que juzga a Ledezma, que dicte «una medida cautelar sustitutiva de libertad» a su favor.
Ello, para una vez que se le practique la cirugía «sea llevado a su residencia, en la que permanecerá bajo arresto domiciliario para garantizar su recuperación», dice la petición de la Fiscalía.
Sin aludir a tal pedido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se limitó hoy a revelar que el traslado de Ledezma fue dispuesto en acatamiento a «lo que dispone el Código Orgánico Procesal Penal» en cuento a reos con padecimientos que requieren de hospitalización.
«El tribunal de la causa ordenó que Antonio Ledezma fuera trasladado a un centro asistencial para recibir tratamiento médico urgente, en razón de una afección inherente a su salud», sostuvo el TSJ en un comunicado que recordó los delitos que se le imputan.
Estos son conspiración y asociación para delinquir, «previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente», especificó el organismo rector del Poder Judicial del país suramericano.
Ledezma fue acusado por la Fiscalía el pasado 7 de abril por conspirar contra el Gobierno al apoyar a grupos que presuntamente «pretendían desestabilizar» con acciones violentas.
La causa contra Ledezma, ha admitido la Fiscalía, guarda relación con el caso de los venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, expulsados de Colombia en septiembre de 2014 por su presunta vinculación con «planes conspirativos» atribuidos al expresidente colombiano Álvaro Uribe.
El 14 de septiembre de 2014, tras la expulsión de Gómez Saleh y Gabriel Valles, el ministro de la Presidencia de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo que ambos venezolanos «no son unos angelitos. Hay quienes los visten con túnicas blancas y no con uniformes camuflados, tienen alitas, pero aparecen con fusiles».
El ministro colombiano además tildó de «evidente» que ambos venezolanos «no estaban en actividades pacifistas sino contrarias a las leyes de inmigración».
En tanto, el expresidente Uribe llegó a responsabilizar a su sucesor, el presidente Juan Manuel Santos, de «cualquier atropello» que los jóvenes pudieran sufrir de regreso a Venezuela.
La esposa del alcalde pidió hoy que prosiga la campaña internacional a favor de su marido y de otros detenidos que la oposición a Maduro denomina como «presos políticos», condición que el Gobierno no admite al señalarlos como políticos con cargos penales.
«Ya no depende de nosotros, como familia, sino que depende de un país que ha pedido a países hermanos que por favor acudan, ayuden, entiendan y orienten» sobre cómo actuar ante «esta figura que hemos venido padeciendo de los presos políticos en nuestro país»
Pese a su distanciamiento político con López y Ledezma, el dos veces candidato presidencial opositor por la MUD, Henrique Capriles, abogó hoy por la libertad plena del alcalde metropolitano.
«Para hablar de justicia, lo único que debería proceder con nuestro Alcalde Metropolitano @alcaldeledezma es su libertad plena! Vamos Antonio!», escribió Henrique Capriles en la red social Twitter.