«Compartimos las preocupaciones expresadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Hemos instado reiteradamente al Gobierno venezolano que mejore el clima de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión y de reunión pacífica», dijo un portavoz del Departamento de Estado.
La pasada semana, la Justicia venezolana tomó medidas cautelares aplicadas a 22 responsables de medios y periodistas venezolanos mediante las que se les prohíbe la salida de Venezuela después de que fueran demandados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
La SIP fue la primera en condenar la prohibición de salida del país dictada el día anterior por la jueza María Eugenia Núñez a los directivos, accionistas y periodistas de «El Nacional», «La Patilla» y «Tal Cual».
Las mismas fuentes estadounidenses reiteraron que el respeto a esos derechos «es esencial para que una democracia funcione», e insistió en que el Gobierno venezolano «tiene la obligación de proteger estas libertades fundamentales».
La demanda de Cabello, hecha hace casi un mes, está motivada por la reproducción de una información publicada el pasado 27 de enero por el diario español ABC, según la cual el presidente de la Asamblea Nacional estaría siendo investigado por una fiscalía de Nueva York por sus supuestos lazos con el Cartel de los Soles.
Con una demanda civil y otra penal, Cabello solicitó no solo la prohibición de salida del país de los propietarios y directores de estos tres medios, sino también «la prohibición de gravar (hipotecar), enajenar, y vender».
También durante la semana pasada, visitaron Washington las esposas de los líderes opositores venezolanos presos Leopoldo López y Antonio Ledezma, Lilian Tintori y Mitzy Capriles, respectivamente, quienes se reunieron con legisladores y funcionarios estadounidenses para abordar la situación de su país.
Según confirmaron fuentes diplomáticas, Tintori y Capriles se reunieron con la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, quien subrayó su compromiso con los derechos humanos en Venezuela.