El Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales pidió este martes al Gobierno de Venezuela que explique la situación actual del sistema sanitario y la aparente escasez de personal y medicamentos.
También sobre las previsiones que tiene para revertir la situación de dependencia del país con respecto a las importaciones de alimentos.
Una representación venezolana de alto nivel presentó hoy al órgano de la ONU un informe sobre la aplicación de esos derechos, que incluyen el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a formar parte de sindicatos y a gozar de un nivel adecuado de vida, entre otros.
La delegación, compuesta por una veintena de altos funcionarios y magistrados, estuvo encabezada por el vicepresidente y ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez, lo que fue saludado por el órgano de la ONU como una muestra del compromiso del país con los derechos humanos.
Al término de la primera de dos jornadas que el Comité dedicará a la evaluación de Venezuela, varios expertos se refirieron a informaciones que han recibido sobre graves problemas en el sistema sanitario, de escasez de alimentos, así como en relación al aumento de la pobreza que se observa desde 2012.
Sobre la primera cuestión, el experto del Comité Rodrigo Uprimny se refirió a «la escasez de medicamentos esenciales, en particular para enfermedades como el sida».
En el mismo sentido, su colega Lydia Ravenberg, pidió explicaciones sobre el estado de las infraestructuras sanitarias, ya que cuenta con datos sobre «agujeros en los techos, inundaciones, tubos de desagües rotos, recortes de agua, situaciones que provocan contaminación» en centros hospitalarios.
«También quisiéramos saber sobre la escasez de personal médico», agregó Ravenberg, quien tuvo eco en otra de sus colegas, quien se interesó en las causas de que «el sistema de salud no esté funcionando» adecuadamente.
Por su parte, otra integrantes del Comité, Ariranga Pillay, mencionó el «aumento de la pobreza y de la pobreza extrema entre 2012 y 2013, e invocó a la delegación explicar las medidas que se están tomando para revertir esa situación.
El experto en derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, hizo un reconocimiento a las mejoras significativas en los niveles de nutrición de la población de Venezuela en años recientes, gracias a un sistema oficial de distribución de alimentos y al programa de alimentación escolar.
A continuación, De Schutter expresó su preocupación porque el aprovisionamiento de alimentos básicos, como el arroz y maíz, sea insuficiente para cubrir las necesidades y ello por el costo de las importaciones de estos productos en una economía muy afectada por la pérdida de ingresos de la venta de petróleo.
Según este miembro del Comité, el 70 por ciento de los alimentos para consumo en Venezuela son importados y preguntó a las autoridades si consideran que esta situación es sostenible y si tienen planes para invertir más en promover la agricultura local en aras de una seguridad alimentaria.
El relator asignado por el Comité para profundizar en el análisis de la situación en Venezuela, Mikel Mancisidor, requirió información sobre denuncias que le han llegado sobre violaciones del derecho sindical y actos violenta contra dirigentes de sindicatos.
«Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el primer semestre de 2014 hubo 28 asesinatos de trabajadores y sindicalistas. Nadie dice que se debió a sus labores sindicales ni que el Estado es responsable, pero sí tiene una obligación de investigar», explicó.
Antes de concluir la sesión, el presidente del Comité, Waleed Sadi, preguntó al vicepresidente venezolano sobre los efectos de la caída de la cotización internacional del precio del crudo en los programa sociales.
Menéndez respondió que se permitiría darle vuelta a la pregunta haciendo otra: «Cómo es posible que con la disminución del ingreso petrolero se mantengan programas sociales… que se haya optado por privilegiar a la gente y mantener constantes los incrementos salariales y programas de pensiones».
«La lógica en otro lugar hubiera sido recortar las inversiones sociales porque son vistas como un gasto», concluyó al final de la reunión.
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