La organización de derechos humanos Provea denunció graves excesos cometidos por organismos de seguridad del Estado durante el primer mes de vigencia de los operativos militares y policiales bautizados por la retórica oficial como Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
Según un comunicado de prensa de esta ONG, es necesario «hacer un balance a la luz de las numerosas denuncias de abusos y excesos policiales ocurridos en distintas zonas populares del país durante la aplicación de estos operativos».
Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) de la pertinencia de una política, plan o medida implementada por el Estado no se puede cuantificar desde el punto de vista de la popularidad de ante la opinión pública.
«Insistimos en que este plan supone graves riesgos para los derechos humanos y constituye un retroceso respecto a los avances alcanzados durante el proceso de reforma policial impulsado por el fallecido Presidente Chávez y encabezado por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol)», dice esta organización que es atacada verbalmente por el gobierno chavista de Nicolás Maduro .
Según las cifras del misterio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en un mes 5.789 funcionarios de la Guardia Nacional, Guardia del Pueblo, Sebin (policía política), CICPC, (policía de investigaciones) Policía Nacional y policías regionales han participado en operativos en distintas comunidades populares de la geografía nacional.
«La información que suministra el ministerio no da cuenta de ningún funcionario policial o militar herido o fallecido en el contexto de los operativos. No existe actualmente ninguna investigación por parte del Ministerio Público o Defensoría del Pueblo dirigida a determinar la veracidad o no de las denuncias formuladas en medios de comunicación por familiares de fallecidos sobre presuntas ejecuciones policiales», reclama Provea.
Observa que en un estudio del año 2006 Conarepol se señaló que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales y civiles, es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no existan dentro de los funcionarios, ello “permite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura” afirmó la Conarepol.
En su Informe Anual 2014, Provea advirtió que el incremento en el número de víctimas de violación al derecho a la vida –el 85,9% bajo el patrón de ejecuciones- encuentra explicación parcial en el aumento de la actuación violenta y letal de los cuerpos policiales, entendidas en muchos casos como un indicador de “eficiencia policial”, advertidamente o no amparados en una perspectiva de “mano dura”.
Detenciones arbitrarias
En 23 operativos reseñados por el ministerio se reporta un total de 4.021 detenidos en los estados Miranda, Distrito Capital, Aragua, Monagas, Carabobo, Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Yaracuy, Barinas y Lara. Del total, sólo 368 personas han sido puestas a la orden del Ministerio Público debido a su presunta vinculación con la comisión de hechos punibles. De acuerdo a estas cifras, el 90,8% de las detenciones «han sido arbitrarias e ilegales» y apenas en el 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos.
«En la mayoría de los casos las detenciones han sido practicadas sin orden de detención y sin las personas haber sido aprehendidas en flagrante delito. En este y otros casos no se comunicó a los detenidos o sus familiares las causas de la detención. A esta situación se añaden los testimonios sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a los detenidos y que son recurrentes en la mayoría de las denuncias registradas por Provea».
Siempre según los datos oficiales citados por Provea, 3.463 viviendas han sido allanadas durante la ejecución de este operativo nacional. En ninguno de los casos, estos allanamientos -denominados “inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios actuantes-, contaron con una orden judicial.
Igualmente en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público. Se han reportado numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas en estos allanamientos ilegales.
Hasta ahora 245 hogares de la Misión Vivienda han sido “recuperadas” durante el primer mes de ejecución.
«Esto sugiere la ocurrencia de dos situaciones ya advertidas por Provea. La primera es el uso de la vivienda como posible mecanismo de castigo a familias en las que alguno de sus miembros esté presuntamente involucrado en la comisión de delitos».
El Presidente Maduro afirmó el pasado 27.07.15: “aquel que utilice su casa de la Misión Vivienda para atracar, para bachaquear o para narcotráfico ya se las voy a quitar”.
«Provea ratifica que las responsabilidades de los delitos deben individualizarse y no se puede criminalizar a todo el núcleo familiar, donde hay diferentes normativas que protegen a las personas de tercera edad o a los niños, niñas y adolescentes en su derecho a contar con un techo propio para el desarrollo de su personalidad».
«La segunda situación advertida por Provea es el permanente y creciente discurso xenófobo para amparar los abusos de OLP y criminalizar a personas de origen colombiano que habitan en complejos urbanísticos de la Misión Vivienda o en zonas populares».
El propio presidente Maduro ha encabezado una campaña a través del sistema nacional de medios públicos dirigida a estigmatizar a la población colombiana residente en el país acusándola de “paramilitares” y “bachaqueros”, generando con ello una situación de riesgo para la garantía de su derecho a la vivienda, a la libertad y a la integridad personal.
Recuerda que 200 viviendas ubicadas en el kilómetro tres de la carretera Panamericana fueron desalojadas forzosamente y demolidas el 24 de julio.
Los afectados denunciaron que los funcionarios actuantes afirmaron que la medida obedecía a que la zona estaba controlada por “células paramilitares”. En este caso el Estado irrespetó las garantías procesales en el caso de desalojos forzosos adoptadas por la ONU en el sentido que no realizó una consulta con las personas afectadas y no otorgó un plazo razonable de notificación previa y, por el contrario, realizó el desalojo y demolición de forma sorpresiva. Además los afectados reportaron abusos, malos tratos y detenciones arbitrarias.
«En Venezuela, lo ocurrido en la Panamericana no es muy diferente a lo registrado por Amnistía Internacional en su informe sobre Palestina», observa.
«El OLP ha sido empleado también como un mecanismo para fortalecer el concepto de seguridad del Estado en detrimento del concepto de seguridad ciudadana y de las obligaciones y limites que –para el Estado- derivan de esta última», remata el análisis.
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