En un comunicado de prensa del máximo tribunal judicial del país, Gutiérrez Alvarado salió al cruce a los constantes señalamientos de críticos del oficialismo y organismos internacionales que reprochan la supuesta parcialidad del Poder Judicial a favor del adoctrinamiento político del chavismo y la llamada Revolución Bolivariana.
La magistrada «expresó palabras de apoyo a las juezas y jueces de todo el país por su ardua labor, guiada por la ética, la profesionalidad, y siempre apegada de forma estricta a los postulados establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento jurídico nacional», según el comunicado.
«Igualmente rechazó de forma categórica las acusaciones hechas a través de declaraciones, comunicados y artículos de opinión, pretendiendo poner en entredicho la rectitud y la transparencia de los encargados de administrar justicia en el país», agrega el texto.
En los últimos días han arreciado denuncias de entidades defensoras de los derechos humanos acerca de la supuesta parcialidad del sistema judicial, retardos procesales, faltas al debido proceso, interferencia de gobernantes en decisiones de jueces, hacinamiento carcelario, control de las cárceles por parte de bandas criminales que extorsionan a otros presos y corrupción.
El proceso contra el dirigente opositor Leopoldo López, condenado a más de 13 años de cárcel, ha provocado nuevas críticas contra el sistema. Los máximos dirigentes del chavismo ya habían condenado al escarnio público a López, a quien han calificado reiteradamente de «asesino».
«Irrespetuosamente realizan acusaciones que no se apegan a la realidad, por lo que desde el Máximo Juzgado rechazamos estas afrentas que en nada podrán hacer mella en la moral de las juezas y jueces, quienes continuarán cumpliendo sus funciones como lo han venido haciendo, apegados a la Carta Magna y a las leyes, con el objeto de seguir fortaleciendo al Poder Judicial y ofrecer al pueblo venezolano un servicio eficiente y célere», manifestó la Magistrada Presidenta.
«A todo ciudadano o ciudadana a quien se le siga un proceso judicial en el territorio nacional, se les respetan sus garantías y derechos humanos tal como lo establece nuestro Texto Fundamental, entre ellos el derecho a la defensa y al debido proceso», dijo.
Reiteró que los jueces se mantendrán «firmes en el desempeño de su labor de impartir justicia de manera imparcial e igualitaria» y de «continuar fortaleciendo el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia plasmado en la Constitución de 1999».