La Asociación de Colombianos en Venezuela denunció hoy que un partido opositor al presidente, Nicolás Maduro, le atribuye al jefe de Estado ordenar la deportación masiva y para ello elaborar un registro de ciudadanos residentes.
«Un partido de la derecha se empezó a movilizar diciéndole a los hermanos colombianos que no fueran al registro porque los iban a deportar, que ya estaban preparados los autobuses, pero la respuesta de la colombianidad fue atender masivamente al registro», declaró en rueda de prensa el portavoz de la Asociación, Juan Carlos Tanus.
Alrededor de 116.000 de los 5,6 millones de colombianos residentes en Venezuela se registraron entre el sábado y domingo pasados, y la jornada seguirá cada próximo fin de semana para dar al traste con lo que Tanus llamó «intento por engañar a una comunidad que ha avanzado en términos de interpretación de la realidad política».
«Es una cifra récord que nos entusiasma (porque) no esperábamos esa cantidad de población; es para la historia de las migraciones en el mundo, para la historia de la diáspora colombiana» y revela «la confianza del hermano emigrante de origen colombiano en el proceso de inclusión que tiene el pueblo venezolano», agregó.
Jorge Rodríguez, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) que lidera Maduro, dijo junto a Tanus que «la falsa orden» en realidad fue un «falso positivo», como se llama en Colombia a las ejecuciones de civiles presentados luego como guerrilleros fallecidos en combate.
«Este es un falso positivo comunicacional de la derecha guerrerista» contra un registro de ciudadanos que en realidad busca mejorar su organización con fines sociales y cuyos interesados deben cumplir un único requisito: «ser colombiano bolivariano y amar la paz», agregó Rodríguez.
La iniciativa del registro fue promovida recientemente por Maduro para desmentir un «anticolombianismo» que le atribuyen sus detractores y que se niega, según ha dicho, en el hecho de que en Venezuela residen legalmente casi 6 millones de colombianos.
Maduro ordenó el pasado 19 de agosto el cierre del principal paso entre las ciudades venezolanas de San Antonio y Ureña con la colombiana de Cúcuta, decisión que fundamentó en el combate al contrabando y a la violencia paramilitar que afecta a la frontera.
Posteriormente, Maduro extendió el cierre a la frontera entre los estados Zulia y Apure (Venezuela) vecinos a La Guajira y Arauca (Colombia) y advirtió que la medida proseguirá hasta que ambas naciones acuerden una nueva política fronteriza.
Maduro y su colega colombiano, Juan Manuel Santos, acordaron este lunes en Ecuador el retorno de sus respectivos embajadores, una reunión de ministros en Caracas este miércoles y la apertura de una investigación sobre la situación de la frontera común, entre otras medidas para solucionar la crisis bilateral creada.
Un reciente informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que 19.686 colombianos han regresado por su propia cuenta al país procedentes de Venezuela desde que comenzó la crisis fronteriza y otros «1.608 han sido deportados».
La restricción por el horario del paso, además de la mayor cantidad de mercancía colombiana que entra en Venezuela en comparación con la venezolana que sale a Colombia, presentan un desafío para comerciantes y habitantes de la frontera
Autoridades regionales de Colombia y Venezuela pusieron en servicio el nuevo puente internacional Atanasio Girardot, en la localidad de Tienditas, entre el estado Táchira y Norte de Santander (Colombia), con lo que se permite el paso de vehículos particulares y de carga.
Los extranjeros "fueron detectados, en su gran mayoría, en procedimientos realizados en las carreteras de los departamentos de Norte de Santander y Arauca, frontera con Venezuela.
