Gobierno nunca pudo demostrar tesis política en homicidio de Robert Serra

El discurso del Gobierno sobre la hipótesis de que el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Robert Serra fue asesinado como parte de una conspiración política contra el régimen, quedó en la pura retórica, pues al cumplirse el primer año del hecho, las autoridades jamás pudieron demostrar tales señalamientos.

La versión investigada por el Ministerio Público, desde los pocos días despúes del hecho, jamás ha sido admitida públicamente por las autoridades, quienes determinaron que el funcionario de Policaracas y escolta del parlamentario Eduwin Torres,  fue quien buscó a Leiver Padilla Mendoza, mejor conocido como «El Colombia», para vengarse de Serra, por las amenazas que supuestamente había recibido. Sin embargo, toda la información contenida en el teléfono del diputado y de Torres fue clave para establecer el móvil del caso.

El eslabón con el que el Gobierno de Nicolás Maduro pretendió sostener su historia de que el homicidio de Serra fue un crimen político, es el exconcejal de Cúcuta, Julio Vélez, quien fue capturado supuestamente el pasado 3 de junio, en una carretera entre Yaracuy y Lara, horas después que el Presidente mostrara sus fotos y lo implicara en el caso.

Según Maduro, Vélez fue uno de los autores intelectuales del asesinato del diputado y su asistente. Cuando lo mencionó como responsable de los hechos, dijo que las informaciones habían surgido al principio de las investigaciones, pero no fue sino siete meses después que lo mencionó.

“Desde los primeros momentos surgió un autor intelectual y financista, y jefe político de este asesinato. Julio Vélez, Julito Vélez, exconcejal de Cúcuta. Vinculado directamente con Álvaro Uribe Vélez. Aquí está. Esta persona, de acuerdo a toda la información, es prófugo de la justicia colombiana y es quien entregó el dinero y dirigió todo el proceso para asesinar a Robert Serra”, dijo Maduro al tiempo que mostraba la foto del exedil.

Pero resulta que de los cuatro delitos que le imputó el Ministerio Público a Vélez, en la audiencia de presentación que se celebró cuatro días después de su captura, no aparece el homicidio en ninguna de sus formas.

A Vélez simplemente le imputaron por la presunta comisión de los delitos de uso de documento público falso, forjamiento de documento público, detentación y ocultamiento de arma de guerra, y ocultamiento de municiones. Nada que ver con el caso Serra, y tampoco se le explicó al país cuál era la supuesta vinculación con «El Colombia».

   ¿Quién buscó a quién?

Por el asesinato del diputado Robert Serra y su asistente María Herrera hay 11 personas detenidas y todas ellas fueron imputadas por la comisión de los delitos de homicidio agravado y robo agravado. Todos fueron acusados y se encuentran en etapa de juicio.

Las personas juzgadas por ambos asesinatos son: Eduwin José Torres Camacho,quien con apenas 21 años era el jefe de escoltas de Serra; y sus compañeros Carlos Enrique García, Raidel Jesús Espinoza y Erick Ricardo Romero, todos funcionarios de Policaracas.

También están detenidos Leiver Padilla Mendoza, Danny Enrique Salinas, Wadyd Pacheco, y Jhonny Padilla, hijo de «El Colombia«; Neira Palomino, pareja de Padilla; Yusmelys Meregote y Anaya Nadis Orozco. Todas estas personas, a excepción del primero, fueron capturadas en distintos allanamientos hechos en los edificios de Misión Vivienda de La Paz, conocidos como Rodeo I y II, donde todos vivían.

Según el Gobierno, Leiver Padilla Mendoza fue quien contactó a Eduwin Torres para que lo ayudara a asesinar a Robert Serra. Sin embargo, posterior a la detención del escolta, sus familiares denunciaron que el parlamentario supuestamente lo había amenazado con asesinar a su madre, Luz Marina Camacho, si terminaban la relación que tenían.

Esa habría sido la razón por la cual el guardaespaldas del diputado buscó a «El Colombia», para ejecutar su venganza, y el pago supuestamente se haría con las armas y los dólares que tenía Serra en su vivienda, y que fueron robadas. Por cierto, las autoridades jamás explicaron por qué el diputado tenía armamento de guerra y divisas en la casa.

Los familiares de Torres Camacho también denunciaron que los querían desalojar del apartamento que le habían asignado en la torre B del urbanismo gubernamental. se lo otorgaron después que el muchacho comenzó a trabajar con Serra, pues anteriormente todos vivián en Antímano.

Por ahora, a las autoridades venezolanas solo les resta aprehender a Hemer Ignacio Fariñez Palomino, hijasto de «El Colombia», quien también estaría implicado en el caso.

Aunque el Gobierno intentó vender a la opinión pública la versión de que Padilla Leiva era un paramilitar colombiano, la realidad es que el hombre era simplemente un delincuente más dentro del urbanismo de Misión Vivienda, que tenía dos años residenciado en la torre A del complejo habitacional, después que el Gobierno le asignara un apartamento.

Todo encajó

Desde las primeras horas de aquel 1* de octubre de 2014 las autoridades sospecharon que quienes habían cometido el asesinato del parlamentario y su asistente debían ser personas de su entorno, pues las dos entradas de la vivienda estaban en perfecTas condiciones y no habían sido violentadas.

Serra y su asistente fueron asesinados con un punzón y ambos recibieron algunos golpes por parte de los implicados. Fue justamente después que culminaron los actos fúnebres de ambas víctimas cuando comenzaron los interrogatorios a su círculo de familiares y amigos, y cuando se efectuó la captura de Torres Camacho, quien había regresado a la escena del crimen poco después de lo ocurrido, y también participó en los homenajes que el Gobierno les rindió.

Todos los detenidos por este caso, a excepción de las mujeres, permanecen recluidos en la sede del Servicio Bolivariano  de Inteligencia. Ahora, el asesinato de Serra le ha servido al Gobierno de Nicolás Maduro de leitmotiv para lanzar una misión y catapultar a la madre del parlamentario como candidata a diputada