Unidad Jurídica en Carabobo se prepara para defender derechos de electores

Un grupo de abogados que lleva más de 10 años reuniéndose en el estado Carabobo para prestar un servicio en las fechas electorales, vuelve a congregarse en torno a la idea de colaborar para hacer que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos que se acercan a ejercer su sufragio.

La llamada Unidad Jurídica en esta entidad federal trabajará junto a los abogados del Foro Penal y del Colegio de Abogados. Aunque están con los factores democráticos de la región, recalcan con insistencia que son profesionales del derecho y que su función es defender los derechos de cada elector, sea de la parcialidad política que sea.

Mayela Fonseca, una de las coordinadoras de esta labor en Carabobo, explica que la Unidad Jurídica, históricamente hablando, ha sido conformada en su gran mayoría por abogados sin ningún nexo político, que se han puesto a la orden para los procesos electorales con la finalidad de coadyuvar en la defensa del voto y del elector.

“Con la relevancia que de un tiempo para acá se le ha venido dando al tema de los derechos humanos, ahora esa Unidad Jurídica de defensa del elector y del voto, tomó el nombre de Defensa del Voto y de los Derechos Fundamentales, y esto es porque no hablamos nada más del voto porque en un proceso electoral se le pueden violar al ciudadano varios derechos fundamentales: derecho al trato respetuoso, a preservar su integridad física, a no ser víctima de maltrato, trato cruel o tortura, se le puede vulnerar el derecho al ejercicio del voto, a la libre circulación y libre tránsito, o el derecho a expresarse libremente”, detalla la directiva del Colegio de Abogados y profesora de la Universidad de Carabobo.

Fonseca destaca que dentro de los centros de votación existen unidades de apoyo a las estructuras electorales, a los candidatos, a partidos políticos que participan. Por lo general, acostumbran que un abogado de la Unidad Jurídica esté de manera permanente en ese centro de votación.

“No alcanzamos a cubrir los 719 centros en Carabobo, pero si tenemos un número importante de abogados, inclusive acreditados dentro de la estructura de los padrones electorales. La actuación nuestra comienza con la fase de mediación-conciliación”, dice.

Posibles casos con base a experiencias anteriores
Fonseca cita por ejemplo un supuesto caso en el que el Plan República hace la observación de que una persona no puede sufragar porque la cédula está vencida o muy deteriorada, y como ninguno de esos argumentos es válido para cercenarle el derecho al voto a ese elector, debido a que la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el Reglamento de la ley son muy precisos y dice que el único documento con el cual se va a identificar el elector es la cédula laminada, vencida o no.

Sin embargo, recalca que la negativa debe venir es de la mesa electoral, pero como el Plan República pide identificarse a las puertas del centro, el elector debe decir que su cédula está deteriorada y que exige le permitan pasar a la mesa de votación para que la decisión la tomen ellos.

“Se levanta un acta. Si el Plan República no lo permite el elector puede trasladarse a la Fiscalía de Derechos Fundamentales con sede en el Ministerio Público, porque se le está cercenando un derecho fundamental. Un abogado de la Unidad Jurídica puede acompañarlo a introducir la denuncia”.

Dibuja otros escenarios que permitan visualizar el tipo de situaciones que podrían atender el próximo 6 de diciembre. “Por ejemplo un miembro de mesa a quien el Plan República o el coordinador asignado por el CNE en el centro no le permita ejercer su cargo de miembro de mesa, además de que muy probablemente estemos en presencia de una tortura, maltrato o trato cruel, de paso se le está cercenando el cumplimiento de la obligación que tiene con el servicio electoral y eso le puede traer a posteriori consecuencias muy graves, porque le pueden abrir un procedimiento. Allí estaremos para ayudar”.

Detallarán irregularidades

En este equipo trabajan conjuntamente con los abogados del Foro Penal que van a atender no tan solo violación de derechos fundamentales, sino también a los detenidos durante la jornada electoral por la comisión o presunta comisión de delitos electorales.

Además el Colegio de Abogados de Carabobo y varias organizaciones No Gubernamentales que van a tener salas situacionales de abogados, como la Universidad Católica Andrés Bello, Provea y Transparencia Venezuela-capitulo Carabobo, permanecerán en comunicación durante el proceso comicial, confirmó Mayela Fonseca.

Adelba Taffin, ex presidenta del Colegio de Abogados de Carabobo y una de las coordinadoras de este trabajo en el circuito 3 y 5 de este estado, así como integrante del Voluntariado en el estado, destaca la labor que desempeñan: “Llevamos el récord de las irregularidades denunciadas para tener el reporte completo y notificarlo ante las instancias correspondientes. Atendemos directamente en los centros de votación, donde tenemos los abogados destacados, y si es necesario que se traslade alguno de nosotros también acudimos”.

Taffin agrega que trabajarán desde el día viernes durante la jornada de instalación de las mesas y luego iniciarán el domingo 6 desde las 4:00 am hasta la hora del cierre de la jornada electoral.

“A nosotros nos notifican todas las contingencias que ocurran en los centros de votación. Nosotros somos 6 abogados coordinando todo el trabajo de Carabobo, fundamentalmente en el circuito 3 y 5, en los demás circuitos hay otros abogados trabajando en constante comunicación con todo el equipo”, indica.

A su parecer este es un trabajo voluntario para apoyar el desarrollo de un proceso que debería ser transparente y de altura, en el que se cumplan las normas establecidas en la ley. “Es un trabajo de defensores de derechos humanos porque el ejercicio del derecho al voto es un derecho humano, la libertad de participar es un derecho humano y está establecido en la Constitución, así como la voluntad de participar libremente. Nosotros ayudamos a que se consolide y se verifique el ejercicio de ese derecho humano en paz”.

Fonseca y Taffin coinciden en que se trata de un trabajo agotador pero a la vez reconfortante porque prestan un servicio a la democracia y al país, impulsando que se respeten los derechos de los ciudadanos, independientemente de la ubicación política que tengan.