"Hay fosas comunes; hay minas convertidas en cementerios de mineros", aseguró el diputado opositor Américo De Grazia al denunciar que las desapariciones en los pueblos del sur de Bolívar son una práctica de vieja data.
De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional, ofreció un balance de la comisión que preside, encargada de investigar las desapariciones de una veintena de mineros en Tumeremo.
El legislador aseguró que el hallazgo el martes de 17 cuerpos en una mina cercana a Tumeremo que se presumen pertenecen a los mineros, pudo «corroborar todos los hechos que ya se habían informado en días anteriores”.
Afirmó que la comisión contactó a las embajadas de Argentina y México para facilitar la identificación de los cuerpos debido a la experiencias que tienen esos países en casos similares al de Tumeremo.
De Grazia aseguró que poblados como Tumeremo, Guasipati, El Callao y Las Claritas se han registrado denuncias de desapariciones que la comisión inició la investigación. «Esta es un historia criminal que tiene que terminar», añadió el legislador.
En Tumeremo, familiares de los desaparecidos se encuentran en un fuerte militar de Tarabay para comenzar con la identificación de los 17 cuerpos que se presume pertenecen al grupo de desaparecidos el 4 de marzo por una banda que, según sus denuncias, mantiene vínculos con la gobernación de Bolívar.
José Luis Nieves, padre de José Gregorio Nieves Arguinagalde, minero desaparecido de 25 años, es parte del grupo de familiares que buscan identificar los cuerpos de los 17 mineros que fueron encontrados el martes en una fosa común ubicada en la mina Nuevo Callao, en el sur del estado Bolívar.
La Fiscalía General de la República presume que esos cuerpos forman parte del grupo de jóvenes mineros, entre 20 y 31 años, desaparecidos cuando se dirigían a la mina Hoja de Lata, ubicada en el este de Tumeremo.
A pesar de las presunciones del Ministerio Público, Nieves dijo tener la esperanza que su hijo no se encuentre entre los cuerpos hallados en Nuevo Callao, que se encuentra en una intrincada vía que comunica Bolívar con el Esequibo.
«Yo tengo la fe y la esperanza que mi hijo no se encuentre allí. Hasta tanto no vea su cuerpo, yo voy a seguir confiando que mi hijo siga vivo», aseguró Nieves en una conversación telefónica con El Estímulo.
Nieves junto al grupo de familiares llamados por la Fiscalía para identificar los cuerpos, también esperan reunirse con el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, quien se encuentra este miércoles en Tumeremo para proseguir con las investigaciones del caso.
El padre de José Gregorio Nieves Arguinagalde también denunció «amenazas verbales» por personas en la calle de Tumeremo por sus denuncias sobre la masacre.
«Algunos se me han acercado a decirme que me calle porque estoy dando declaraciones. Incluso, yo vivo en Guárico en la villa olímpica de San Juan de los Morros y el gobernador (Ramón) Rodríguez Chacín me mandó a sacar», denunció.
Efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército mantiene por quinto día consecutivo la toma de Tumeremo luego de haber disuelto una manifestación de familiares, que mantuvieron trancada la principal vía que comunica los pueblos mineros del sur de Bolívar con Brasil, exigiendo la aparición de los mineros desaparecidos.
Luego de días de denuncias, que habían sido desestimadas en un principio por la gobernación de Bolívar, la expectación del caso en las calles de Tumeremo son evidentes, según comentaron a El Estímulo habitantes del pueblo vía telefónica.
«Hay un ambiente tenso, en especial en las minas cercanas como La Fe y La Esperanza, donde siguen las bandas criminales operando», explicó Nieves.
-Cadáveres apilados-
Los familiares insisten en vincular a la gobernación de Bolívar, efectivos militares, el Sebin y el Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas Penales y Científicas (Cicpc) con la desaparición de los mineros en el fundo El Peregrino, en manos de una banda dirigida por El Topo, identificado por las autoridades como Jamilton Ulloa, quien se encuentra solicitado.
Según las versiones, Ulloa dirigió vía radial la masacre de los mineros y su posterior mutilación con motosierras. Los restos de los cadáveres fueron apilados y transportados en un camión hacia minas cercanas de Tumeremo, denunciaron familiares.
Cofavic, la ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, divulgó un informe en el que ratifica las versiones ofrecidas a El Estímulo por familiares de los desaparecidos del pueblo minero.
“El grupo de hombres fuertemente armados, de acuerdo a los sobrevivientes estaba conformado por aproximadamente por 60 hombres vestidos de civil y otros portaban chalecos presuntamente identificados con el Cicpc y Sebin , presuntamente todos coordinados por un sujeto conocido por el Topo, conocido en el lugar como el líder de una banda dedicada a la explotación minera”, dice el texto.
Marino Alvarado, defensor de los derechos humanos, pidió la renuncia del gobernador Rangel Gómez por haber desestimado las denuncias de la masacre.
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