En horas de la tarde los jóvenes Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, enlaces de la Mesa de la Unidad Democrática del estado Portuguesa durante el proceso de validación de las firmas del revocatorio, fueron ingresados a la cárcel de presos comunes 26 de Julio, ubicada en San Juan de Los Morros, estado Guárico.
María Luz Lara, madre de Francisco Márquez, informó que «ya está confirmado que nuestros hijos fueron ingresados a esta cárcel de presos comúnes. Se trata de una cárcel de alta peligrosidad que tiene presos ya condenados, donde además no están garantizadas las condiciones de salud y se generan motines frecuentemente . Con esta acción están contraviniendo la orden de la jueza que asignó como lugar de reclusión el estado Cojedes durante los primeros 45 días».
En vista de esta situación, Lara de Márquez hizo responsable al presidente Nicolás Maduro de la vida de estos dos jóvenes que desde el domingo están detenidos cuando iban a Portuguesa a prestar apoyo logístico al proceso de validación de firmas del referendum revocatorio. La madre de Márquez recuerda que ambos jóvenes cuentan con doble nacionalidad.
En el caso de Francisco Márquez es ciudadano norteamericano y Gabriel San Miguel es español.
El abogado del Foro Penal, Alfredo Romero, consideró que enviar a un detenido que está en proceso de investigación y medidas preventivas a un lugar de reclusión con las características de este penal, es con el único fin de establecer un mecanismo de tortura.
Por su parte María Luz Lara alerta a la opinión pública y hace un llamado a los organismos competentes a que se haga cumplir el debido proceso, «nuestros hijos son inocentes y eso lo vamos a demostrar» concluyó.
Tras un juicio de cinco días celebrado en la prisión donde los acusados estaban detenidos, diez de ellos fueron condenados a cadena perpetua, informó VNExpress
El venezolano es acusado de haber violentado al novio de su expareja. El abogado de la víctima pide cinco años de detención. Machís fue citado al tribunal para este miércoles
La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 70.000 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción que fue decretado por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022
