Con sus propuestas y amenazas más recientes, el chavismo busca desviar la atención del verdadero sendero que quieren transitar quienes no están de acuerdo con el actual gobierno nacional: el referéndum revocatorio, señalan analistas. Una acción de este tipo sería un claro golpe de Estado, pues no tendría ningún basamento constitucional ni legal.
El propio diputado Héctor Rodríguez, tratando de emular a Hugo Chávez cuando tomó el poder en 1999, llamó al ente legislativo, “asamblea moribunda”. Acto seguido un deshonro político como Didalco Bolívar entró en escena anunciando demandas ante un juzgado que no tiene competencias para acabar con la soberanía popular, esa voluntad soberana que eligió a los diputados que conforman el parlamento.
La forma en que está redactada nuestra Constitución Nacional tiene previstas dos mecanismos para cambiar a los integrantes del parlamento venezolano, no para “abolir” dicha instancia de poder.
La primera es a través del voto directo, universal y secreto cada cinco años, donde se deben elegir a 162 diputados mayores de 21 años. La segunda deriva del artículo 240 de la Constitución que dice:
“La aprobación de una moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, por una votación no menor de las tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, o de Ministro o Ministra por el resto del período presidencial.
La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver el legislativo. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución.
La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su período constitucional.
Por otra parte, en ninguno los 23 numerales del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se hace referencia a la competencia que pudiera tener el máximo juzgado para “abolir”, eliminar o cambiar a la Asamblea Nacional.
Sin embargo, hay que dejar claro que existen antecedentes de la impuesta supremacía de la Sala Constitucional sobre el estado de derecho y cómo algunos expedientes han hecho de ésta un pretendido ente superior qué hasta atribuciones penales ha tomado.
Vale resaltar el caso de los alcaldes Daniel Ceballos del municipio San Cristóbal, estado Táchira y Enzo Scaranno de San Diego, en Carabobo, donde la “suprasala” fungió de Fiscalía, juez de control, de juicio y hasta de ejecución, pues acusó, precalificó penalmente, juzgó, sentenció y computó la pena para los ex alcaldes.
Para el abogado constitucionalista Jesús Silva, la propuesta hecha por Didalco Bolívar tiene un contenido político más que jurídico.
“Pretenden que el máximo tribunal en su máxima sala analice el comportamiento de la Asamblea Nacional, eso en términos generales, en cuanto al punto específico de la abolición del parlamento, esa facultad solamente la tiene el Presidente de la República de acuerdo a la Constitución y en un sólo caso”, aseguró Silva haciendo alusión al mencionado artículo 240 de la Carta Magna.
“No siendo el supuesto el que está ocurriendo en este momento, no habría basamentos de como disolver la Asamblea Nacional”, afirmó el jurista.
Por su parte, el diputado de la MUD por el estado Bolívar Francisco Sucre, dijo que tal señalamiento es contrario al ordenamiento jurídico vigente en Venezuela.
“Lo que está demostrando el señor Didalco Bolívar es una absoluta ignorancia. Es un gesto de oportunismo político, hace esa declaración absolutamente desfasada de la realidad política que vive Venezuela”, dijo el diputado.
Francisco Sucre aseguró que, “de hacer eso estaríamos en presencia de un clarísimo golpe de Estado. Eso no está previsto en el ordenamiento jurídico y menos, cuando no han pasado ni seis meses de la elección del 6 de diciembre y esta Asamblea Nacional tiene una legitimidad absoluta de origen”.
Agregó que si el bloque parlamentario oficialista quiere bajar de 55 diputados a 20 o 15, ellos estarían dispuestos a medirse nuevamente en las urnas.
“Estoy seguro que si volvemos a hacer unas elecciones, con suerte obtendrían 15 diputados”, aseveró Sucre.
Este representante de Voluntad Popular en el ente legislativo, dijo que se trata de un trapo rojo de parte del gobierno para distraer la atención de la posible convocatoria al referéndum revocatorio.
“Sin duda que lo es pero, bien malo, hasta el propio Defensor del Pueblo Tarek Willian Saab, que tiene su militancia político partidista en el PSUV, descalificó estas declaraciones. Nosotros lo que solicitamos es que el Concejo Nacional Electoral organice el referéndum para que la gente se exprese”, finalizó el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática.
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