Instituciones de la sociedad civil advierten que el organismo electoral ha obstaculizado y desconocido los derechos políticos de los ciudadanos establecidos en la Constitución Nacional, y piden al Parlamento modificar de inmediato las leyes electorales.
A través de un comunicado conjunto, diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil exigen con carácter de urgencia reformar las leyes electorales “para brindar a todos nuestros ciudadanos una mayor certidumbre sobre los procedimientos y oportunidad para hacer efectivos sus derechos políticos, lo cual contribuirá no solo a mejorar la integridad de nuestros procesos electorales futuros, sino a garantizar la paz y gobernabilidad democrática del país”.
El planteamiento fue formulado este fin de semana “ante el evidente malestar del país por la falta de claridad sobre las reglas y procedimientos para la activación del referendo revocatorio, la discrecionalidad con la cual el Consejo Nacional Electoral ha tomado decisiones que han significado la obstaculización y desconocimiento del derecho a la participación política tutelado por la Constitución vigente, así como ante la injustificada incertidumbre sobre la fecha de la elección de los gobernadores y cuerpos legislativos regionales que finalizan sus período este año”.
El documento fue suscrito por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Comunidanas, Compromiso Ciudadano, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de la Mujer, Ciudadanía Activa, Control Ciudadano, Súmate y Transparencia Venezuela.
“Hemos decidido hacer un llamado público a la directiva y diputados de la Asamblea Nacional para que se trabaje con carácter urgente en la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), cuya consulta pública se inició el pasado 28 de abril en evento público realizado en la sede del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo”, dice el comunicado.
Entre los argumentos está que el sistema electoral venezolano, tal como ha sido diseñado en la LOPRE, contraviene los principios de representación, proporcionalidad y personalización del voto contemplados en los artículos 63, 186 y 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Advierten que ninguno de los rectores del CNE ha sido designado respetando los procedimientos y principios estipulados en los artículos 295 y 296 de la Constitución, y que han venido actuando con manifiesta discrecionalidad en lo relativo a convocatoria de elecciones, establecimiento de cronogramas y procedimientos electorales.
Resaltan que la autoridad electoral ha permitido ventajismos que favorecen a una parcialidad política, y se ha negado a aceptar la realización de una auditoría independiente, integral, plural y transparente del Registro Electoral y el Registro de Venezolanos Cedulados, lo que impide tener certeza sobre la calidad de los datos del Registro Electoral.
Cuestionan que se mantenga la desigualdad en el acceso de las mujeres a los cargos de representación popular en los cuerpos deliberativos del Estado, y que las instancias para la resolución de conflictos post-electorales no han sido efectivas, eficaces, oportunas, pluralistas ni imparciales. También denuncian la obstrucción burocrática del registro electoral de los votantes que viven en el exterior.
Recuerdan que todos los estudios de opinión pública reportan un alto nivel de desconfianza hacia el CNE, y que la convocatoria y cronograma para las elecciones de gobernadores y cuerpos legislativos regionales no han sido anunciados al día de hoy por la autoridad electoral.
En el comunicado se señala que las reformas electorales son indispensables para garantizar los principios de proporcionalidad y personalización del voto, establecer límites claros a la discrecionalidad del CNE en materia normativa y procedimental en cada una de las fases del ciclo electoral y permitir la participación ciudadana más allá del mero acto de votación.
Destacan que la reforma también garantizaría “la equidad como principio efectivo en todas las fases de la campaña electoral a través del establecimiento de un régimen de separación del cargo desde el momento de la postulación para aquellos funcionarios que aspiren a la reelección, la creación de normas que garanticen mecanismos para el acceso equitativo de todos los partidos políticos y candidatos a los medios de comunicación públicos y privados, así como la previsión de restricciones y sanciones a funcionarios públicos que utilicen recursos del Estado y sus medios de comunicación para fines político partidistas, sobre todo en lo relativo a las trasmisiones conjuntas y obligatorias de radio y televisión”.
Agregan que se buscaría total transparencia en la administración de los procesos electorales, fidelidad de la data del Registro Electoral, así como su auditabilidad; facilitar el registro de nuevos electores y de los electores que residen en el exterior; y fechas fijas para la convocatoria y celebración de las elecciones, así como para las diferentes etapas del proceso electoral: periodos de postulación, campaña, impugnación, entre otros.
La reforma garantizaría la paridad de género como la norma general que regule las candidaturas de hombres y mujeres en los procesos de elección popular; que los integrantes de los organismos electorales subalternos no estén vinculados a partido o candidato alguno. También la regulación de las competencias de los miembros de las mesas y centros electorales, con el fin de evitar el solapamiento de competencias o usurpación de las mismas por parte de personas que cumplen funciones de apoyo logístico como los coordinadores de centro, los técnicos de las máquinas de votación o los miembros del Plan República.
La reforma persigue por otra parte la adecuación de los instrumentos legales al sistema automatizado de votación, la regulación de la función de la Fuerza Armada en el proceso electoral, e igualmente el establecimiento de normas relativas a la Observación Electoral, en las que se establezca la participación de las organizaciones nacionales e internacionales en condiciones de libertad, independencia, autonomía e imparcialidad, eliminando la figura del acompañamiento electoral, que constituye una perversión de la observación electoral internacional.
Las personas que ya estén inscritas, podrán verificar si su número de cédula de identidad, nombre, huellas dactilares y el centro de votación asignados son los correctos
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