Mafias controlan el mercado de Coche en Caracas

Antonio García es un joven comerciante de 31 años de edad, trabaja en el mercado mayor de Coche, en Caracas, desde que tiene aproximadamente 12 años de edad. Era muy niño cuando empezó a ayudar a su padre en la dura labor del comercio, que le exigía trabajar toda la noche hasta horas de la mañana. Es casado, vive con su esposa e hija de 2 años. Todo el esfuerzo estaba rindiendo sus frutos, lo que le dio la oportunidad de independizarse y tener su propio negocio.

Pero su sueño se esfumó: las mafias que controlan el mercado lo convirtieron en uno más de la abultada cifra de extorsionados y amenazados, razón por la cual se ha tenido que alejar del negocio que tanto trabajo le costó levantar.

Hasta hace poco todo estaba saliendo tal y como el pequeño empresario lo había pensado. Sin embargo, desde hace unos dos meses comenzó a presentarse una verdadera amenaza que puso en riesgo toda su inversión de años. “Yo sabía que dentro del mercado había presencia de algunas bandas que estaban molestando –cobrando vacunas- desde hace más de año y medio a vendedores que llegaban de todos lados del país, incluso llegué a verlos transitar cerca de mi local”, comenta.

Desde hace dos meses, algunos conocidos le venían alertado que varios sujetos estaban preguntando por él, hasta que el momento menos esperado llegó. Un miembro de una de las bandas se acercó a su local y le dijo que “Andy” -jefe del grupo armado- quería hablar con él. Sabiendo a quienes se estaba enfrentando, corrió el riesgo de conversar para saber cuál era el tema.

“Me llamaron de manera amenazante, diciéndome groserías, al fondo se escuchaban varias voces que gritaban, ¡”mátalo, mátalo”! mientras que la persona que me hablaba pedía calma y decía que yo ayudaría, exigían que les diera dos millones de bolívares de inmediato y 10 mil semanales, tuve que negociar hasta poder bajarlo a un millón”, sostiene la víctima.

García confiesa que hace dos años supo que una de las primeras personas perjudicada por este flagelo fue un señor conocido como “Goyo”, a quien hasta ahora siguen extorsionando con el cobro de dinero semanalmente. “A otros a quienes también le llegaron fue a mis primos, les pidieron cinco millones y debieron llevarlo hasta un barrio cercano para hacer la entrega del efectivo”, confiesa con cara de rabia y frustración.

Miguel Pérez, empleado administrativo del mercado mayor, afirma que la situación es muy complicada. “Esto está feo, eso es muertos, heridos, drogas, saqueos, de toda vaina se ve”, destaca el trabajador con 15 años de labor ininterrumpida en el principal centro de distribución de alimentos al por mayor en Caracas. “Yo no camino casi por allí, para los bancos y de vaina, allí hay una mafia arrecha, los puestos y concesionarios deben pagar vacunas. En estos días le cayeron a tubazos a un guardia nacional para robarle el arma de reglamento”, enfatiza.

El amplio lugar es dominado por incontable cantidad de sujetos que se pasean a la luz pública con armas largas, algunos comentan que dentro de las bandas hay mujeres y menores de edad, que, presuntamente, hacen negocios con funcionarios de seguridad del estado.

Según un trabajador del mercado que prefirió el anonimato, existen distintas bandas: “está  la ‘banda del tercero’, que es la más fuerte; hay otra que es la de ‘los caleteros’, que roban a comerciantes y particulares a punta de pistola; están ‘los piedreros’, son los que generalmente despojan de carteras y arrebatan sin armas. Existe otra importante que son ‘los tarjeteros de La Guaira’, estos hacen cambiazos de tarjetas u otros delitos en los alrededores de los bancos, lo último que he visto son saqueos organizados a camiones y pare usted de contar”, dice.

Cifras en aumento

El delito de extorsión es una modalidad cuya actividad en el país es relativamente nueva. Según los informes de la Fiscalía General de la República, antes del año 2011 todas las cifras y casos, por ser aislados, eran procesados por la Dirección Contra de la Delincuencia Organizada, ese mismo año en el mes de diciembre es creada la Unidad Contra el Secuestro y la Extorsión del organismo, ante el aumento en las incidencias de estos casos.

Cifras oficiales del Ministerio Público destacan que en el año 2015 se reforzó la actuación de este organismo con la finalidad de investigar los hechos relacionados con delitos previstos en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión y en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Establece el informe que “3550 personas fueron imputadas y se acusaron a 2.189 como autoras y partícipes de esos delitos”. Las averiguaciones permitieron determinar la participación de funcionarios policiales en varios de estos actos delictivos, se destaca “la apertura de expedientes a 227 agentes, adscritos a distintos entes del Estado”.

Por otra parte, el arquitecto, Marcos Tarre Briceño, analista y consultor en seguridad ciudadana, resalta en el Primer Informe del Observatorio de Delito Organizado en Venezuela, que “los índices de violencia y criminalidad inician su aumento de forma paulatina a partir de los años 1999-2000 justamente con el estreno de un nuevo Código Orgánico Procesal Penal”.

En el siguiente gráfico se recogen los números de casos conocidos por fuentes oficiales donde hubo solicitud de pagos por rescate. Se puede evidenciar un aumento significativo a partir del año 2000. Se cree que esta cifra es solo una parte pequeña debido a que una cantidad importante no son denunciados.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Observatorio del Delito Organizado en Venezuela, en su segundo informe, siete de cada 10 personas creen que el Estado, el gobierno y las instituciones públicas propician la actividad del delito organizado.

A la buena de Dios  

Al ingresar a las instalaciones del mercado mayor de Coche te da la bienvenida, a mano izquierda, el puesto número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana. Hay cuatro oficiales, dos de ellos llevan consigo un pequeño bolso que guindan alrededor del cuello, al frente una cola de unas 10 personas llama la atención -¿Qué están vendiendo? Es la pregunta obligada, una señora con cara seria y con aparente desconfianza responde “nada, esto es para pedir efectivo, los cajeros automáticos nunca tienen plata”. Se trata de un almacén de confitería que aprovecha la deficiencia de dispensadores electrónicos de dinero en efectivo para brindar el servicio a cambio del cobro del 8%.

Más adelante comienza a escucharse el ruido característico del lugar, se oyen voces ofreciendo todo tipo de mercancía al detal, eso sí, a muy bajo costo, no podía faltar el sonido de las bocinas, principalmente de los camiones, que ya a las seis de la mañana van saliendo a distribuir todo tipo de alimentos. La música a muy alto volumen los acompaña, regaetton, salsa, vallenato, de todo un poco.

La infraestructura es totalmente improvisada: hay tres pasillos hechos con cavas de vehículos de cargas descompuestos que funcionan como depósitos u oficinas donde se llevan a cabo, según las fuentes, todo tipo de negocios.

El tercero es el pasillo de más cuidado. En ese espacio es muy poca la mercancía que se observa, es el más despejado, lo común es ver grupos jugando cartas con grandes cantidades de billetes colocadas sobre mesas improvisadas hechas de cestas plásticas de mercancía, la mayoría de estos hombres llevan consigo un bolso colgado por encima del cuello y hombro- igual al que llevan los efectivos militares-.

Más adelante está el pasillo de los bancos, una acera de unos 200 metros de largo y de un metro de altura, donde se encuentran la mayoría de las agencias que funcionan dentro de las instalaciones, éstas son escoltada por un infinito número de buhoneros que ofrecen productos de primera necesidad a muy alto costo, además violan todos los protocolos de seguridad bancaria establecidos.

Una vecina de la zona cuenta que recorría con frecuencia los amplios espacios del mercado en busca sus productos. “Para mí era la mejor opción en los momentos de crisis porque no hay precios más bajos en ningún otro lugar, yo compraba de todo, pero desde hace un tiempo empecé a escuchar los cuentos de los vendedores, ellos hablaban de  enfrentamientos, robos y asesinatos, posteriormente deje de ir porque a cualquier hora veía como robaban a la gente y nadie hacía nada, ni siquiera llegaba un policía”, acota Josefina Peña, ama de casa de 56 años, enfermera retirada y pensionada del Seguro Social.

Una fuente muy cercana a la presidencia del instituto indica que la seguridad de este centro de distribución está a cargo del Comando de la Guardia del Pueblo, ubicado en la entrada al Poliedro de Caracas, cuyos efectivos reciben pagos por resguardar a concesionarios particulares. Otra institución que apoya es la Policía de Caracas, cuyo puesto se encuentra cerca de la salida adyacente al Hospital de Coche.

La Gerencia de Seguridad está a cargo de Alexis Barnique. Según la misma fuente, esta persona es miembro del colectivo Antonio José de Sucre ubicado en la parroquia 23 de Enero. A través del informante se trató de contactarlo, pero aseguró que el funcionario atraviesa por un procedimiento legal y se encuentra privado de libertad actualmente.

Antonio García no pudo volver de nuevo a su negocio, debió encargárselo a un tercero a quien debe cancelar un sueldo, prefiere pagarle a un empleado que a un delincuente, esto disminuye su ganancia, trata de hacer negocios que no lo involucre con su venta de hortalizas, se mantiene el mayor tiempo posible en su casa y evita andar en la calle si no es necesario.

Lo cierto es que el principal proveedor de alimentos de Caracas se ha convertido en un sitio hostil, no hay tranquilidad para los distribuidores que llegan desde todos los rincones de Venezuela para vender su mercancía. El apoyo de los organismos de seguridad es inexistente. Cada vez son menos los comerciantes que traen sus productos y, definitivamente, en el mercado se paga algo más que la mercancía.

Los nombres usados en este reportaje son ficticios. Todas las fuentes pidieron no ser identificados por temor a poner en riesgo su seguridad.