Venezuela

Gobierno limita racionamiento de comida en Venezuela a los pobres entre los pobres

Portavoces del gobierno de Nicolás Maduro reconocieron en las últimas horas que el sistema oficial de racionamiento de unos cuantos productos básicos será limitado a las familias más pobres del país, con lo que dejan sin opciones a millones de personas que no encuentran o no tienen cómo pagar productos a precios de mercado, mientras se agravan la escasez y la inflación galopante. 

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Foto: AFP

El principal mecanismo del gobierno de Nicolás Maduro para combatir la escasez y la inflación son los «Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)», que manejan funcionarios militares y civiles del alto gobierno, como una política de Estado para enfrentar un colapso económico que la retórica oficial define como una «guerra económica».

Según este discurso oficial, esta guerra es librada por empresarios, comerciantes y Estados Unidos, contra el pueblo de Venezuela.

Los Clap, que venden a precios subsidiados unas bolsitas de cereales y azúcares, de forma esporádica y con precios muy inferiores a los del mercado, están enfocados a «atender a los sectores más vulnerables. Esos que ganen entre uno y dos salarios mínimos», según recalcó este lunes el diputado a la Asamblea Nacional por el chavismo, William Gil, en sendas entrevistas con los medios tradicionales Unión Radio y Globovisión.

«Siempre lo hemos dicho, el Clap no es una medida que va a durar cien años. Es una medida de contingencia ante el sabotaje económico que sufre Venezuela», indicó Gil a Unión Radio.

«No es una medida excluyente pero sí hay sectores priorizados. Esto quiere no decir que nosotros dejemos lado a las familias por su color político. Los sectores priorizados reciben su bolsa casa por casa», apuntó el parlamentario.

Pero, los precios se han disparado de tal forma en Venezuela, que para comprar una canasta básica familiar y llenar sus necesidades mínimas, un hogar de cinco miembros necesita hoy el equivalente a 24 salarios mínimos, según respetados centros de estudios como el Cendas.

Según reiteradas denuncias de familias pobres excluidas del este sistema y ratificadas por los propios portavoces del gobierno nacional, las personas que no sean incondicionalmente chavistas no pueden acceder a este subsidio directo.

Según dijo hace algunos días el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, a la agencia oficial de noticias AVN, el 21,3% de la población (no especificó si la  asalariada formalmente) gana un salario mínimo mensual, es decir, Bs 27.091 bolívares.

Antes ese salario mínimo era percibido por el 61% de la población, dijo el ministro.

Hoy, el 70% de la población gana más de un salario mínimo (pero no dijo cuánto más).

Ese salario mínimo que entró en vigencia el 1 de noviembre y que es el que aplica para los cálculos de bonificaciones, utilidades y prestaciones sociales -y por lo visto para el racionamiento de comida- equivale a $41 por mes si se calcula a la tasa oficial del dólar de Bs 658 que rige para importaciones autorizadas por el gobierno.

También equivale a unos $16 si se considera el tipo de cambio paralelo que hoy día es tomado como referencia por los agentes económicos para calcular el precio de la mayoría de las cosas que se negocian en el mercado, desde una casa y un carro hasta un pote de Nutella y los alimentos y productos de higiene esenciales que se consiguen en algunas tiendas boutique a más precios más altos que en Nueva York.

Oferta y demanda

Este domingo, el coordinador nacional de los Comités de racionamiento Clap, Freddy Bernal, dijo en una entrevista en el canal Televen que “los CLAP se han transformado en una herramienta para enfrentar una serie de distorsiones en el mercado”.

“No son un instrumento perfecto, pero son perfectibles. Hoy estamos distribuyendo 30 mil toneladas de alimentos en el país, a pesar de que hay dificultades que no podemos negar”, dijo.

Esas 30 mil toneladas a las que alude Bernal equivalen a un kilo de alimento por cada uno de los habitantes de Venezuela.

En septiembre, Bernal dijo que la meta oficial era culminar el año distribuyendo 165.000 toneladas de comida a la semana, mediante los Claps.

Esto equivale a 5,5 kilos de comida por cada venezolano a la semana.

Los economistas, empresarios y simples consumidores señalan que el gobierno de Nicolás Maduro ignora olímpicamente las leyes de la economía, en especial la de la oferta y la demanda.

“Si los empresarios siguen con la distorsión de la economía y siguen subiendo los precios en forma desmesurada, nosotros, como Gobierno, seguiremos subiendo los salarios. No van a poner de rodillas a la clase trabajadora», dijo este ex diputado, ex alcalde y ex policía al admitir que la «política» económica va rumbo a una indexación de precios y salarios.

“Los Clap no son para todo el país, son para los sectores que cobran uno y dos salarios mínimos” dijo Bernal.

Justificó su afirmación alegando que hay una parte de la población que tiene mayor poder adquisitivo y por esto se la permitido a las empresas privadas ofrecer productos importados a precios más elevados.

Bernal fue designado al frente de estos comités en abril pasado con la tarea de «monitorear en tiempo real la distribución de alimentos en las comunidades organizadas para combatir guerra económica, y garantizar que los alimentos lleguen directo al Pueblo”, según la prensa oficial, que cita al presidente Maduro.

En ese entonces había prometido «alcanzar la victoria contra la guerra económica para estabilizar la economía en los próximos 6 meses”.

Hoy hay 24.000  comités de este tipo en todo el país y las bolsas de comida están llegando actualmente a más de 2,7 millones de familia, dijo Bernal este domingo.

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