Terrible precedente sustituir la celebración de la creación de la Fuerza Aérea, del 10 de diciembre de 1920, para trasladarla al 27 de noviembre en homenaje a la intentona del golpe de Estado de 1992 contra un presidente constitucionalmente legal como Carlos Andrés Pérez. Algo similar a lo que ocurre con el 4 de Febrero.
El primer intento de la unión cívico-militar, el del Plan Bolívar 2000, resultó un sonoro fracaso, cuando 21 de los 25 generales que manejaron dicho Plan fueron señalados e investigados por la Contraloría General de la República por manejos irregulares, algunos de forma y otros que revestían graves hechos de corrupción. Ese caso murió al nacer. Con los años le seguirían Mercal, Bicentenario, Cadivi, ConviasVa, CVG, Conferry, entre otros.
Desde la Fuerza Armada se giran instrucciones para mayor control de la institución, para rescatar su imagen y presentarla como unidad monolítica. Entre ellas la creación (Resolución 015543, Gaceta 24Ag2016), de la Unidad de Selección de Datos destinada a funciones de inteligencia militar que reporta directamente al Min-Defensa.
Se ordenó a jefes militares colocar en la línea de mando el retrato de Hugo Chávez, como Comandante Supremo, sobre el del presidente Maduro como Comandante en Jefe. En una declaración pública el vicealmirante (r) Jesús Briceño García, ex comandante de la Armada, consideró que Maduro no es un líder pero es impulsado por el portaaviones del aparato político militar de la llamada revolución. Aseguró que el primer mandatario cedió cargos, como los ministerios de la Secretaría y de Alimentación, entre otros, a oficiales considerados los delfines de Chávez. No es casual el desesperado clamor del M/G Alexis López Ramírez, siendo Comandante del Ejército: «¡Necesitamos orden. Si hay que dar un giro estratégico, como hizo Hugo Chávez, hagámoslo! ¡No tengamos miedo! ¡No tengamos complejo de inferioridad”. Es evidente que está lejos de ser cierto lo dicho por Padrino López de que “el Poder Popular legitima la acción militar en Venezuela, evidenciándose el respeto del pueblo venezolano hacia la fuerza armada”.
Militares o empresarios
Si bien es cierto que la Constitución Bolivariana establece (Art, 328 y 329), que la Fuerza Armada debe garantizar la defensa militar del país y cooperar en el mantenimiento del orden interno, las funciones adicionales que la revolución le otorga la colocan en participación activa de empresas y negocios no propias de la institución.
Los militares ya no tienen como función esencial la defensa del territorio y la soberanía, están encargados de manejar su propia emisora de radio y televisión, convertidos en propaganda política con la referencia “del líder supremo de la revolución”. También tienen el Banco de la Fuerza Armada (Banfanb), una ensambladora de vehículos, las empresas Agropecuaria (AgroFanb), Militar de Transporte (Emiltra), de Sistema de Comunicaciones de la FANB, Fondo de Inversión Misión Negro Primero, Constructora de la FANB (Construfanb).
El 9 de julio de 2013 el presidente Maduro formalizó la Zona Económica Militar Socialista con la apertura de seis empresas que abarcan varios sectores, desde transporte, agricultura y comunicaciones hasta finanzas, bebidas y construcción para el “desarrollo económico de la FANB”. La FANB asumió tareas similares a las de PDVSA con la conducción de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), creada el 10 de febrero de 2016, por Decreto 2.231, Gaceta Nro. 40.845; cuya junta directiva rendiría cuentas directamente al Ministro de la Defensa.
Resulta inexplicable que la FANB creara tres constructoras, cuando en el Servicio de Ingeniería Militar orientaba las licitaciones, se encargaba del diseño y desarrollo de las construcciones militares y del mantenimiento de sus instalaciones. Han sido militares las figuras claves en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Igual sucede con las empresas navieras y aéreas, las industrias básicas, mineras o petroleras. Las nuevas funciones que abarca la FANB son justificadas con diversos argumentos, como lo esgrimió el comandante general de la Aviación Militar, M/G Edgar Cruz Arteaga, con motivo del 69 aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea, ahora llamada Aviación Militar Bolivariana.
“Las diferencias –dijo Cruz- entre la Fuerza Aérea Militar del pasado y la Aviación Militar Bolivariana está en que somos una fuerza armada del pueblo, otrora era una Fuerza de los cuarteles, de las bases, que no estaba compenetrada con el pueblo. Somos pueblo, de allí venimos. Gracias a la Revolución hemos fortalecido nuestro sistema de armas”.
Sectores de oposición o militares retirados cuestionan duramente a la FANB. Señalan que muchas de esas empresas benefician a una élite militar que se lucra y favorece a poderosos grupos económicos, que enriquecen a pequeñas logias militares, lo que explica los enroques y desplazamientos de militares con privilegios, fieles a quienes dirigen la revolución bolivariana. A diferencia de lo que sucede en otros países con las empresas militares o mixtas, dirigidas por oficiales retirados o civiles, en Venezuela la asumieron militares activos de alto rango.
Entre dos poderes
Es objeto de crítica la actuación de la FANB en la lucha de poderes entre el poder Legislativo que lideriza la Oposición, ganado en diciembre 2015 y el oficialismo que controla la Presidencia, el TSJ, el Consejo Nacional Electoral, entre otros. Desde la cúpula militar dejan claro cuál es la tendencia con la que se alinean, cuando emiten consignas como “Chávez vive, la patria sigue”, que para la todopoderosa Sala Constitucional, olvidando que la FANB es una institución republicana, son “saludos militares”.
La Sala Constitucional destacó que la FANB debe cumplir con el Plan de la Nación, o sea, con el Plan de la Patria, que reconoce la unión cívico-militar y, por ende, la participación activa de la Fuerza Armada en la construcción del modelo incluido en ese Plan. Un punto de quiebre en la institución militar lo significó el 1 de marzo de 2016, cuando circuló la orden a ser cumplida sin discusión alguna, la del radiograma Nro. 01583, suscrito por G/F Vladimir Padrino López y el director general del Ministerio, general de brigada Gerson Labrador Pérez. Se prohibió a todo el personal asistir a la Asamblea Nacional, responder cuestionarios al poder Legislativo y hablar con los parlamentarios sin orden del Comandante en Jefe y presidente de la República. Eso fue a causa de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la sentencia Nro. 9, del 1 de marzo 2016, del expediente 16-0153, que según el radiograma militar, “determinó las funciones del Parlamento y estableció sus límites democráticos para garantizar el equilibrio entre los poderes”.
Resultó sorpresivo que la FANB acudiera presurosa a cumplir la sentencia de un poder (el judicial) que despoja a otro poder (AN) de las funciones contraloras establecidas en la Constitución. El TSJ le quitó a la AN la obligación establecida en la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia, entre ella la destitución del cargo. En abril 2016 un importante número de oficiales retirados, integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), en misiva al ministro de la Defensa, le critican lo que consideraron posición partidista al calificar, el 6 de abril de 2016, la Ley de Amnistía como un adefesio, y señalaron como censurable el uso de los cadetes en actos proselitistas.
Le hicieron un llamado “a la reflexión y a su consciencia para que detenga de manera inmediata el proceso de politización e ideologización interna, y la conversión de la Fuerza Amada Nacional en el partido militar del socialismo del siglo XXI y guardia pretoriana del presidente Nicolás Maduro… Todavía está a tiempo para reivindicarse ante los venezolanos y la historia”. Por otra parte el ministro de Defensa escribió en Twitter, como respuesta al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, que «los términos apolítico y no deliberante para la FANB quedó en el pasado, se fue con la Constitución de 1961. Es historia!».
