Al menos 41 sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este año atentan contra la Asamblea Nacional (AN), la Constitución y las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Este es el conteo que hace el abogado José Vicente Haro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y que presentó este jueves durante la mesa de análisis “Tribunal Supremo de Justicia versus Constitución ¿Qué esperar?” realizada por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).
Haro precisó más cifras detalladas de las sentencias: comentó, por ejemplo, que 31 de las sentencias tienen directamente que ver con la AN y que otras cuatro “darán de que hablar” el año que viene, pues se refieren a los requisitos para que los partidos políticos se relegitimen. “Se va amenazando la cancelación o disolución de los partidos, con el objeto de romper la Unidad”, alertó el especialista.
Haro también se refirió al andamiaje de sentencias elaborado por el máximo tribunal para sostener los Estados de Excepción y Emergencia Económica, así como a las decisiones del TSJ contra prácticamente todas las leyes emanadas del Parlamento electo el 6-D.
El abogado comentó que en las dos últimas sentencias dictadas por la Sala Constitucional, el TSJ “se desbocó” al prohibir los actos de calle e impedir el juicio político contra Nicolás Maduro.
Doce años de deficiencia judicial
Vicente González de la Vega, abogado y profesor de Derecho Público, quien también participó en el encuentro realizado por el Observatorio Económico Legislativo (OEL) de Cedice Libertad, opinó que todo el conjunto de sentencias enumeradas por Haro “son la guinda de la torta de la gestión judicial desde el año 2004”, que, a su juicio, se ha dedicado a “no hacer otra cosa, sino política” a favor del gobierno nacional.
“Desde 2004, ni la Sala Constitucional ni la Sala Político Administrativa ni la Sala Electoral han tomado una sola decisión contra actos del gobierno nacional”, explicó González, acotando que eso es imposible. “Un gobierno siempre cometerá algún error, alguna injusticia y el TSJ está es para controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos del gobierno nacional”.
González también se refirió a la baja calidad de las sentencias emanadas del TSJ, a lo que se contrapone, a su juicio, una muy baja calidad de los actos legislativos emanados de la actual AN.
Por su parte, la diputada Amelia Belisario (MUD-Aragua) denunció los intentos del TSJ de impugnar la proclamación de siete diputados aparte de los tres de Amazonas cuya desincorporación fue exigida,
“Ellos hablan de confrontación de poderes, pero solo se refieren a la AN, lo que quiere decir que los otros tres poderes están en manos del gobierno, del Ejecutivo”, sostuvo la parlamentaria.
Esta Mesa de Análisis se realizó en el marco del programa “Fortaleciendo el Diálogo Democrático a través del Análisis Legislativo y Económico en Venezuela”, auspiciado por la Unión Europea.
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