Todo apuntaba a que la administración encabezada por el sucesor de Hugo Chávez encontraría severas dificultades para retomar la iniciativa política y escapar de un referendo revocatorio, de una oleada de protestas populares masivas que provocara la pérdida del poder o de un proceso de negociación para una salida ordenada de Miraflores.
La llegada de Henry Ramos Allup a la presidencia de la Asamblea Nacional le dio a la oposición una vocería atrevida, audaz, carismática. Si bien Ramos Allup no dijo textualmente que en seis meses el gobierno caería «de maduro», buena parte del país lo entendió así. Ese plazo nacido de las circunstancias terminó por hacerle daño a la estrategia opositora y le dio al gobierno los argumentos para una narrativa que asociara a una tentativa conspirativa cualquier iniciativa destinada a acortar o interrumpir el mandato presidencial por vías constitucionales.
Enmienda, referendo, renuncia, adelanto de elecciones, fueron algunos de los platillos a la carta. La calle era un contorno de plato principal. Y a la larga se quedó sin ser servido, a excepción de la marcha del primero de septiembre, una verdadera demostración del tamaño del descontento popular. Las otras movilizaciones no tuvieron gran impacto.
Después de varios meses de indecisiones, de indefiniciones, se impuso la ruta del referendo revocatorio. Y todos sabemos lo que ocurrió . El gobierno se las arregló, gracias al control que ejerce sobre los poderes públicos, para desactivar el referendo. Allí logró asestarle a la oposición y a la ciudadanía descontenta un golpe muy duro, que ha dejado a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) prácticamente sin una estrategia alterna que pueda ser efectiva. Ya había logrado, también por la vía de su indisimulado control de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anular no solo a los tres diputados del Estado Amazonas sino también dejar a la Asamblea Nacional ayuna de sus competencias constitucionales .
Para colmo de males, el diálogo también se convirtió una trampa jaula para la oposición. No porque sentarse a dialogar sea en sí misma una decisión equivocada sino porque la Mesa de la Unidad Democrática subestimó la recomendación de apoyarse en expertos en negociación y no tuvo el tino necesario para combinar diálogo con calle.
Se fue de un extremo a otro en sus decisiones. En primer lugar, presionada por parte de la mediana multitud convocada el 26 de octubre, accedió a convocar una movilización hacia Miraflrores. Ya por esos días se activa a la incorporación del Vaticano a labores de facilitación para el diálogo.
El Vaticano, a través de su enviado especial, le pidió a la dirigencia opositora, como gesto de buena voluntad, que suspendiera la convocatoria de esa marcha hacia Miraflores. Así se hizo. La calle prácticamente se apagó, a excepción de una protesta convocada por Lilian Tintori, María Corina Machado y otras mujeres en plena autopista del Este. El gobierno volvió a salirse con la suya. Sus partidarios sí pudieron ir hasta Miraflores, y hacer gala de que el Municipio Libertador sigue siendo su patio, pese a que perdieron 20 de las 22 parroquias en las elecciones parlamentarias.
La sentada en la Mesa de Diálogo hizo aflorar las diferencias en el seno de la oposición. Voluntad Popular se abstuvo de participar, mientas que Henri Falcón se hizo presente sin ser convocado. A la larga esto provocó que Primero Justicia reclamara la rotación de los gobernadores opositores, como una manera de restarle fuerza a la presencia de Falcón, con quien el gobernador de Miranda tiene un evidente distanciamiento derivado de roces surgidos en la campaña electoral presidencial. De paso pudieran terminar enfrentados en unas eventuales primarias opositoras de cara al 2018.
Pero lo que realmente le «encarató» las cosas a la coalición opositora fue el documento suscrito en conjunto por gobierno y MUD en el cual se utilizaron términos como «personas detenidas» en lugar de presos políticos, y se incluyó la lucha contra el supuesto sabotaje económico.
Ello derivó en el debilitamiento de los representantes opositores en la Mesa de Diálogo. De inmediato fueron objeto de una feroz ofensiva vía redes sociales. Y el diálogo pasó a ser una mala palabra. Desde entonces, y por el hecho de que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos asumidos en la Mesa, la oposición ha optado por no asistir a la plenaria. El diálogo está en el congelador hasta el 13 de enero, aunque supuestamente las comisiones técnicas estarían reuniéndose.
Paralelo a esto, hay miradas con ojeriza para partidos como Un Nuevo Tiempo. Sus alcaldes firmaron un documento aceptando la aprobación del presupuesto nacional por vía no parlamentaria, y casi simultáneamente Manuel Rosales es enviado a prisión domiciliaria luego de un duro carcelazo de un año en el Sebin.
Comenzaron a surgir entonces las versiones de un supuesto pacto de ese partido con el gobierno. No hay elementos serios que sustenten eso, pero Timoteo Zambrano, su representante en la Mesa de Diálogo, fue sacado de la coordinación internacional de la MUD después de rechazar las medidas de Mercosur contra Venezuela.
Y como guinda de la torta de los entuertos opositores, Henrique Capriles denunció que hay dirigentes del bloque antichavista que pasan información al gobierno y que, palabras mas palabras menos, coquetean con la corrupción. Todos en estado general de sospecha mientras Capriles no presente nombres ni pruebas concretas de sus afirmaciones.
La MUD tiene pendiente entonces este punto que no es poca cosa. Y tiene otro mucho mas importante: atender los reclamos de los partidos que no forman parte del cogollo que toma las decisiones, integrado por PJ, AD, VP y UNT, y que se sienten excluidos. Pero también tiene ante sí el reto de trazar una estrategia exitosa para el 2017, y que garantice, como mínimo, que se realicen las elecciones regionales y municipales, y que sus resultados cambien el mapa político a su favor.
El descontento popular por la situación económica sigue siendo uno de sus aliados más importantes. Y el año próximo se avecina con muchas dificultades que pueden agudizarlo.
Pero el gobierno seguirá adelante en su estrategia de mantener el poder a como dé lugar y de no ceder un milímetro a sus oponentes.
Muestra de ello es la reciente designación o ratificación de las rectoras Socorro Hernández y Tania D’Amelio, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, donde el gobierno, como todo el mundo lo sabe, es dueño del patio. Esta decisión es un golpe muy rudo, que le sube el costo a la dirigencia opositora de un eventual retorno a la mesa de diálogo.
Si la oposición no logra unificarse en torno a una estrategia coherente y audaz corre de nuevo el riesgo de volver a malbaratar su capital político. Elecciones, calle, negociación política, acompañamiento del descontento y aparecer ante el país como una fuerza con propuestas son ingredientes indispensables para que el 2017 les permita enmendar todas sus pifias del 2016. De todos modos no le será fácil jugar contra un equipo que apela a todos sus recursos, los permitidos y los prohibidos, para mantenerse firme al mando del coroto.