Venezuela al borde del aislamiento, si OEA aplica Carta Democrática

Este martes durante un foro en el Palacio Federal Legislativo, el politólogo e internacionalista Félix Arellano comentó que las expectativas al respecto deben manejarse con ponderancia, pues el resultado más contundente de su activación sería la suspensión del Estado venezolano del organismo regional, lo que puede suponer un mayor aislamiento del país en el ámbito internacional.

«Creo que la expulsión no es el mejor de los caminos», señaló.

Aun así, Arellano consideró que la organización debe debatir la situación de Venezuela y presionar al gobierno a cumplir con las cuatro exigencias hechas por el secretario del estado Vaticano, Pietro Parolin, en su carta al gobierno durante el proceso de diálogo del año pasado, que fue congelado.

Los cuatro puntos de Parolin  eran los mismos exigidos por la oposición para mantenerse en la mesa de negociación: libertad a los presos políticos, apertura del canal humanitario, cronograma electoral y respeto al Parlamento.

Arellano expresó que había que analizar si la suspensión de Venezuela ante la OEA sería «algo que afectará a un gobierno que ya no respeta los organismos internacionales y sus tratados».

Acotó que la fase de votación había que tenerla en cuenta, entendiendo que algunos países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) el año pasado no estuvieron de acuerdo con la activación.

«Aquí entran los gobiernos del Caribe, que aunque agradecen el apoyo económico tampoco son ignorantes así que si se trabaja con ellos estoy seguro que entienden bien la democracia y los derechos humanos».

Los pasos para alcanzar la activación de la CDI pueden resumirse en cuatro. Inicialmente, el Secretario General o un país miembro solicita que se active el mecanismo y su discusión en la agenda; su aprobación se somete a votación y se necesita el voto favorable de 24 países (2/3 de sus miembros); si se aprueba, se crea una comisión encargada de evaluar el caso.

A su vez, Arellano destacó como una desventaja del mecanismo que la sociedad civil, la más afectada, no puede incidir directamente en su aplicación. «Si no contamos con gobiernos que la defienda es un espacio muy débil para protegerla», argumentó.

Dentro del foro también se encontraban los parlamentarios Juan Miguel Matheus, Marialbert Barrios, Eudoro González y Ángel Medina junto a otro ponente invitado, Carlos Ayala Corao. Este último, abogado constitucionalista y especialista en Derechos Humanos, aseveró que no se considera “intromisión” de otros países cuando se preocupan por la democracia y los derechos, pues “son conceptos que, sin anular la soberanía nacional, establecen límites”.

“La activación de la CDI puede llevar a sanciones como la suspensión de un gobierno de sus privilegios de voto y participación en los órganos de índole interamericano».

«Un gran aporte de este instrumento es prever la protección internacional de la democracia”, especificó.

La Carta y su adopción se hizo por unanimidad de los Estados miembros de la OEA. La primera Nación en ver su aplicación fue Venezuela en el 2002, luego de la ruptura democrática en el breve golpe de Estado contra el presidente fallecido Hugo Chávez, en abril.

«El Consejo Permanente se reunió para deplorar los hechos sucedidos y se presentó un informe. A las 24 horas, se restableció el presidente Chávez en el poder pero la organización consideró que aún habían componentes fundamentales de la democracia que ameritaban su aplicación y su procedimientos siguió por unos dos años”, explicó Corao, Expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Añadió que los elementos del informe de aquel entonces que demostraban la crisis siguen presentes en el país, como la falta de independencia en los poderes y la violación a los derechos humanos. El diputado Matheus afirmó que “el procedimiento para activarla está avanzando”.

Medina, por su parte, comentó sobre las consecuencias que puede traer la activación, que el último capítulo es la suspensión del país de la OEA, pero añadió que puede incidir en que se dé una discusión muy dura internacional sobre la situación de la democracia en Venezuela o también un punto intermedio en que se puedan acumular los esfuerzos para salir de la crisis.