OEA condena la detención de Roberto Abdul y otros opositores y exige su liberación

El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en ejercicio de su mandato focalizado en el estudio y evaluación de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, con énfasis en la situación en Venezuela, expresa su gran preocupación por los recientes ataques dirigidos contra líderes de la oposición y sus colaboradores para impedir su participación en las próximas elecciones presidenciales, previstas en Venezuela para el año 2024.

Así, el 6 de diciembre de 2023, el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la solicitud de 14 órdenes de aprehensión contra dirigentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos, dentro y fuera de Venezuela, en virtud de que supuestamente conspiraron contra Venezuela y el Referéndum Consultivo, llevado a cabo el 3 de diciembre de 2023, por lo que serán imputados por los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Las personas afectadas son:

Roberto Abdul, presidente de la asociación civil Súmate, encargada de organizar las elecciones primarias de la oposición, celebradas el 22 de octubre de 2023, quien fue detenido arbitrariamente el día de ayer en Venezuela, en virtud de la orden de detención.

Henry Alviarez, coordinador Nacional del partido político opositor Vente Venezuela, quien permanece en Venezuela.

Claudia Macero, Coordinadora de Comunicación del partido político opositor Vente Venezuela, quien permanece en Venezuela.

Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de María Corina Machado y Coordinador de Asuntos Internacionales del partido político opositor Vente Venezuela, quien permanece en Venezuela.

Yon Goicochea, político y abogado activista de derechos humanos, quien fue uno de los principales organizadores del movimiento estudiantil venezolano.

Juan Guaidó, político y ex Diputado de la Asamblea Nacional, quien ejerció el cargo de Presidente Interino de Venezuela.

Julio Borges, quien fue Diputado de la Asamblea Nacional y fundador del partido político de oposición Primero Justicia.

David Smolanski, dirigente político del partido Voluntad Popular y ex Alcalde del Municipio El Hatillo.

Carlos Vecchio, coordinador Político Nacional del partido político opositor Voluntad Popular y Embajador de Venezuela en Estados Unidos durante la Presidencia Interina de Juan Guaidó.

Lester Toledo, ex Diputado del Consejo Legislativo del estado de Zulia y cofundador del partido político de oposición Voluntad Popular.

Savoi Jandon Wright, ciudadano estadounidense, detenido en Venezuela.

Leopoldo López, líder opositor, ex alcalde del Municipio Chacao y Coordinador Nacional de Voluntad Popular.

Andrés Izarra, ex Ministro de Turismo de Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y Minería y ex presidente de PDVSA.

El Panel destaca la existencia de un patrón por parte del Estado venezolano de perseguir a personas que forman parte del entorno de los líderes de la oposición, ya sean sus familiares, allegados o simpatizantes prominentes y, señala que la gran mayoría de estas personas han sido previamente objeto de actos de persecución por parte del gobierno venezolano.

El Panel considera que estas recientes medidas constituyen un flagrante ataque a los derechos fundamentales de estas personas y, en última instancia, de todos los ciudadanos venezolanos por sus implicaciones en el proceso electoral. La escalada de persecución por motivos políticos a través de los arrestos y detenciones arbitrarias de líderes de la oposición y sus colaboradores de cara a las próximas elecciones, forman parte del patrón de ataque generalizado y sistemático que el Panel ha identificado y denunciado continuamente, y que lamentablemente se sigue cometiendo en Venezuela con total impunidad.

Como declaró Joanna Frivet, miembro del Panel de Expertos: «El papel de los partidos de la oposición en cualquier proceso democrático no puede exagerarse. La detención de líderes de la oposición, de su personal y de simpatizantes en Venezuela es un hecho profundamente preocupante que marca el tono de las próximas elecciones. Las acciones actuales del Estado venezolano en la supresión de estas voces no sólo violan los derechos individuales, sino que también envían inequívocamente una señal de que aquellos que expresan su disidencia con el régimen actual correrán la misma suerte».

El Panel expresa su solidaridad con las víctimas de estos crímenes y sus familiares y hace un llamamiento al gobierno venezolano para que cese inmediatamente los actos de persecución política, libere a las personas que han sido detenidas, incluidos Roberto Abdul y Savoi Jandon Wright, y retire las órdenes de detención contra Yon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolanski, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Savoi Jandon Wright, Leopoldo López, Andrés Izarra, Rafael Ramírez, Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, para permitir que las elecciones venezolanas se desarrollen sin obstáculos.

El Panel también hace un llamado urgente a Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional, para que emita una advertencia al Estado venezolano para que ponga fin a la comisión de crímenes de lesa humanidad de persecución política y detención arbitraria que son competencia de la Corte Penal Internacional.

El Panel se mantiene atento y vigilante en el ejercicio de su mandato para continuar monitoreando y denunciando los actos que sean susceptibles de constituir crímenes de lesa humanidad.