Venezuela

600 casos de tortura en Venezuela reposan en la Corte Penal Internacional

Tamara Suju, abogada venezolana, recopiló historias de víctimas de cuerpos de seguridad desde 2002 e intenta probar ante el organismo internacional que se trata de acciones de tortura sistemática. Describió mecanismos estandarizados de violencia con electricidad, amenaza a las víctimas con quemarlas con gasolina y violaciones sexuales

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La Corte Penal Internacional analiza 600 casos de tortura desde 2002 a la fecha, presentados el año pasado por la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos como prueba de su denuncia de la tortura sistemática de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro contra opositores. Este año la Corte debería elaborar el informe final de la denuncia y determinar si se abrirá una investigación por tortura sistemática contra el gobierno venezolano.

Durante un encuentro organizado en Miami, Estados Unidos, por el grupo Venamérica, el Centro de Estudios para America Latina, Casla -del cual Suju es Directora Ejecutiva-, y por el Instituto Interamericano de Democracia, la abogada detalló cómo el gobierno utiliza a los funcionarios de seguridad pública para amedrentar a cuidadanos que protestan en contra de la crisis de Venezuela y los mecanismos de tortura que utilizan.

“Estoy tratando de demostrarle a la Corte Penal Internacional que son torturas sistemáticas, porque han sido durante 15 años, perpetradas por todos los organismos de seguridad y bajo un mismo patrón para controlar a la sociedad civil”, dijo Suju.

El expediente fue alimentado con testimonios escritos a mano por las propias víctimas. De los 600 casos, 200 fueron recopilados desde las protestas de 2014.

La ex coordinadora del Foro Penal añadió que su intención es resaltar “la saña y la maldad con la que son perpetradas las torturas”. Aseveró que 70% de las víctimas recibieron torturas sexuales como desnudamiento, amenazas de violación o violación, y tocamientos o actos lascivos.

“Los métodos más comunes son las descargas eléctricas en todas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, codos y órganos genitales; asfixia mecánica con bolsas plásticas mientras golpean a las personas; colgamientos con los brazos amarrados detrás del cuerpo para dislocarles los hombros; golpes con patadas, con bates, con las culatas de las armas; los rocían con gasolina y amenazan con quemarlos; hay niños que han sido obligados a comer excrementos dentro de tanquetas”, relató Suju.

Precisó que desde 2014 en adelante, las autoridades no han tenido compasión con niños, ancianos, personas con discapacidad o con alguna condición mental, y advirtió que pese a lo que muchas personas en el exterior le han preguntado, los funcionarios que ejecutan la violencia son venezolanos y no cubanos.

Durante la conferencia se refirió a algunos casos emblemáticos como el de la Jueza María Lourdes Afiuni, quien fue violada y torturada durante todo el tiempo que estuvo presa. “Hay casos que me causaron mucha impresión como el de dos personas en Táchira a los que trataron de violar y quemarlos con destornilladores calientes. Tienen toda la zona del ano quemada. Y uno se pregunta cómo estos organismos de seguridad son capaces de hacer eso y dónde aprendieron estos sistemas”.

También habló sobre La Tumba, cárcel improvisada en lo que era una bóveda bancaria, ubicada en los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela.  “Gabriel Valles, Lorent Saleh y Juan Miguel de Sousa estuvieron 8 meses sin ver la luz solar, sin respirar aire puro. Encerrados en una jaula de 2 metros por 1 metro. Solo salían para ir al baño, y tenían el aire acondicionado a 8° centígrados. Los músculos los tenían contraídos y casi no podían moverse, la piel se les agrietó y sangraban”.

Saleh intentó suicidarse tres veces mientras estuvo en La Tumba. Tras nueve meses ahí, respirar el aire puro se les hacía doloroso y ver la luz solar y escuchar ruidos habituales de la calle les era molesto. Una vez que fueron trasladados al Helicoide, debieron seguir usando tapones en los oídos y aún no soportan la luz del sol.

Suju explicó que el estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, establece que no solo es culpable de tortura quien la ejecuta, sino también el que la ordena, el que la omite y el que calla. “Adjunté al expediente las cadenas de mando y la estructura de represión del gobierno de Chávez y del actual período”. La actualización más reciente la realizó en febrero de 2017 con la cadena de mando del Comando Antigolpe.

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