Ahora Primero Justicia protagoniza la trama chavista de "los terroristas"

¿Esto es nuevo? Ciertamente, no lo es. En 2014,  contra Voluntad Popular, el Poder chavista inauguró esta dinámica de intentar neutralizar su contrapeso: los partidos de oposición.

De acuerdo a un estudio del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en 2016, el partido más involucrado en lo que definen como “procesos de hostigamiento gubernamental” es Voluntad Popular, con un 36% de perseguidos del universo total estudiado.

Tras impulsar el movimiento que se llamó “La Salida”, la tolda naranja vio cómo, en 2014, sus principales dirigentes fueron encarcelados, tuvieron que exiliarse o continúan con expedientes abiertos. La cabeza más visible de la organización y su fundador, Leopoldo López, fue condenado a casi 14 años de prisión y su sentencia fue ratificada. De hecho, quedó “definitivamente firme” en marzo de este año por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Además, VP tiene 42 activistas sometidos a cumplir medidas cautelares; seis dirigentes que han tenido que salir del país y más de 40 militantes que se encuentran en libertad plena luego de haber sido presentados ante un tribunal. Además, 31 fueron detenidos, según ellos, de manera arbitraria o irregular y fueron liberados sin ser imputados; 119 activistas y dirigentes fueron amenazados y ocho gravemente lesionados.

Con casi 300 militantes con expedientes legales, el gobierno pasó de calificar a VP de “desestabilizador” a “terrorista”.

Muchos consideraron que VP y PJ estaban en aceras distintas a raíz de los hechos de 2014 y los evidentes tonos disonantes en sus respectivos discursos. Pero el gobierno logró unirlos y colocarlos en la misma acera con este nuevo giro de sus ataques en contra de la oposición organizada.

PJ ahora es para el gobierno un partido “terrorista” y son señalados desde las altas esferas como responsables de hechos violentos ocurridos tras las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar la primera semana de abril en Caracas y otros estados del país.

Tal como ocurrió con VP, el guión es similar. Se señala a dirigentes de “alto perfil” y se empieza por capturar “activistas de base” o “cuadros medios”.

Pero este guión tiene sus variantes. En esta oportunidad, los acusados son cuatro diputados, principales para más señas, por Distrito Capital. Marialbert Barrios, quien con 26 años, es una de las parlamentarias más jóvenes de la Asamblea Nacional; así como a José Guerra y Tomás Guanipa. A ellos se les suma, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles.

Entonces entramos en que nada es casual. Leopoldo López (VP) y Henrique Capriles (PJ) comparten un largo historial político. Fueron de los fundadores de PJ; alcaldes de los municipios Chacao y Baruta, respectivamente, y también comparten sus aspiraciones presidenciales.

Encabezan todas las encuestas y son los candidatos naturales para una gran parte de la oposición.

Hoy, ante un escenario electoral, el primero esta condenado y el segundo fue inhabilitado por 15 años.

Para el abogado constitucionalista y analista político, Pedro Afonzo del Pino, las acciones en contra de ambos partidos no son gratuitas. Considera que el gobierno busca dos cosas: dividir a la oposición y definir quiénes pueden participar en algún escenario electoral.

Si bien es cierto que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha insistido, tanto de forma verbal como en acciones, que está “más unida que nunca”, no es menos cierto que hay posiciones no tan “unidas” en cuanto a, por ejemplo, la solicitud de elecciones generales. Otro tema a definir será qué pasará con Capriles.

Del Pino sostiene que, en un escenario en el que el gobierno acepte elecciones, y que todo indica que pareciera ser pronto, “sus principales competidores son VP y PJ”. De allí a que sean fustigados.

Eso no quiere decir, aclara el analista, que otros dirigentes que hoy desempeñan funciones públicas y pretendan optar a cargos de elección, no sean objeto de medidas similares a las del gobernador de Miranda.

¿Pudiese calificarse esto como una política de Estado orientada a desaparecer del mapa a los partidos políticos?

Hay que recordar que, los partidos, en el caso de la oposición, que integran el denominado G4 (Acción Democrática, VP, PJ y Un Nuevo Tiempo) acudieron a un proceso de renovación de nóminas del cual es poco probable que no hayan salido airosos, aunque todavía falta un período de impugnaciones.

¿Pase de factura?

Los señalamientos contra los cuatro diputados destaca no solo por haber sido electos como principales en sus respectivos circuitos, sino además porque ellos ganaron en sectores históricamente chavistas, como Catia y el 23 de Enero, en el oeste de Caracas.

Hasta el momento, los diputados que permanecen presos o fueron detenidos después de electos, como es el caso de Gilber Caro (dirigente de VP), son suplentes.

El argumento se complementa al señalarse que los jóvenes dirigentes de PJ, capturados tras los disturbios en Caracas y a quienes según el gobierno les pagaron altas sumas de dinero para que cometieran actos «terroristas», provienen de estratos sociales bajos.

Ir contra los diputados abre un nuevo tablero en este juego por el poder.

Primero le tocó al gobernador de Miranda, quien fue inhabilitado por 15 años por mandato de la Contraloría General de la República. El pasado 7 de abril, el ya dos veces candidato a la presidencia, señaló que comenzaría a recorrer nuevamente el país y acotó: “Me declaro en campaña para cambiar a Venezuela”.

Luego, la semana pasada, el concejal de Naguanagua (Carabobo) y dirigente regional de PJ, Thomas Dangel, según la organización opositora, fue “secuestrado” durante 36 horas por la policía política Sebin, al salir de una manifestación. Presuntamente fue torturado y obligado a grabar vídeos para ser implicado en hechos presuntamente falsos.

A su caso le sigue el de los hermanos morochos Sánchez (José y Alejandro), líderes juveniles de Primero Justicia, detenidos el jueves pasado al salir de la marcha de ese día. Dos días más tarde, el presidente Nicolás Maduro, acusó a los parlamentarios por Caracas de la tolda aurinegra de haber estado implicados en hechos violentos durante las manifestaciones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, declaró a El Estímulo que con estas acciones, el chavismo “quiere meterle miedo a los venezolanos”. Pero, aseguró, “el Gobierno se equivoca porque el país está resteado”.

“El ataque a PJ es porque, junto a la Unidad, hemos estado en una posición muy cerrada contra el golpe de Estado que es el origen de todo esto. Desde la AN hemos salido a defender lo que ha sido la culminación de un golpe que comenzó con el desconocimiento de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015”, señaló Borges.

Luego de diversas manifestaciones que convocadas por la oposición contra el “Golpe judicial” que dio el TSJ al Parlamento mediantes dos sentencias (155 y 156) (que arrebataban definitivamente las funciones a la Asamblea y eliminó la inmunidad de los legisladores), los dirigentes dicen abiertamente que en Venezuela se ha dado un golpe de Estado y que se instauró lo que califican como una “dictadura”.

Pocas horas después en otras dos decisiones (157 y 158) el TSJ suprimió los tres aspectos polémicos de las dos sentencias previas, -como el de limitar la inmunidad parlamentaria, otorgarle capacidad legislativa al Presidente de la República, y que la Sala Constitucional asumiera las facultades del Legislativo-, el desconocimiento de la AN no fue subsanado, ya que el Poder Judicial sigue considerando en desacato al parlamento.

¿Qué pasó?

El sábado 8 de abril, tras una marcha que intentó llegar a la Defensoría y que fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado, un grupo de encapuchados quemó la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en Chacao. A la par, una bomba lacrimógena lanzada por un guardia nacional para reprimir las protestas, cayó en la sede del comando de Capriles que también sufrió un incendio. Pero el Gobierno solo se refirió al suceso en la Magistratura y acusó a la oposición de los actos vandálicos.

El jueves 14, la oposición convocó a una nueva movilización en 335 municipios del país. En el caso de Caracas, había dos puntos de partida uno en el este y otro en el oeste. La marcha del este culminó, como anteriores, dispersada por la Guardia Nacional y por la Policía Nacional en la autopista Francisco Fajardo. La que salió del oeste y que implicaba “mayor riesgo” terminó pacíficamente.

Fue tras ésta manifestación que la División de Contrainteligencia Militar detuvo a José y Alejandro Sánchez, quienes marcharon en el oeste ya que viven en Montalbán. Este lunes le imputaron a ambos instigación a delinquir y agavillamiento. Quedaron presos.

Desde el 8 de abril el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, había señalado a la dirección juvenil de PJ como los responsables intelectuales de los hechos ocurridos en la DEM, una dependencia del poderoso Tribunal Supremo.

Según Primero Justicia, los jóvenes fueron torturados psicológica y físicamente para que implicaran a los diputados de su partido de haber en un supuesto pago para que jóvenes encapuchados ejecutaran el atentado contra la DEM, cuya planta baja fue vandalizada y además sufrió un conato de incendio.

“Varios de los jóvenes capturados tras la quema del edificio de la DEM, en Chacao, confesaron ante las autoridades que fueron contratados por el partido Primero Justicia para generar caos y provocar enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado”, dijo Maduro el domingo pasado por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

Tras amenazas del Presidente, Marialbert Barrios expresó a los medios que no teme ir a una cárcel, porque “no debe” nada. “¿Qué voy a temer? ¿Conocer la verdad de mi país?”, se preguntó.

“Vamos a seguir en las calles con nuestra cabeza bien en alto, consientes de qué lado está la violencia. Nicolás Maduro es un gran irresponsable porque no solo se está metiendo con la diputada de Catia, El Junquito, La Pastora, la diputada más joven de la AN, la vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, sino con muchas familias que están cansadas de las injusticias de este Gobierno. De este lado no hay miedo, lo único que quiero evitar es que este país se siga hundiendo en la miseria en la que se está hundiendo”, añadió Barrios.

Por su parte, Tomás Guanipa sostuvo que la arremetida que está sufriendo PJ por parte del Gobierno, “es la criminalización de la oposición”.

A pesar de estos hechos, en esta oportunidad, no todo se lo lleva PJ. Al alcalde de El Hatillo, David Smolanksy (VP), también le han abierto una investigación por haber denunciado el uso de gases tóxicos por parte de las fuerzas del Estado para reprimir a las manifestaciones. Habrá que esperar para ver si este guión que viene ejecutando el Gobierno tendrá más protagonistas.