Tribunales militares en Carabobo privan de libertad a 54 civiles

Durante una rueda de prensa en la que participaron miembros del Colegio de Abogados de Carabobo, profesores de las distintas escuelas de Derecho de esa entidad y estudiantes, Betancourt refirió que muchas de estas audiencias se hicieron por lotes, de manera colectiva.
“La primera audiencia fueron 19 personas, ese mismo día se hicieron tres audiencias consecutivas de 6 personas, es decir que se presentaron 18 más el mismo sábado”, alertó.
“El día de ayer domingo se esperaba hacer la audiencia de 68 personas, pero solo se pudo hacer audiencia de 28 personas más, de esas 28 personas. 13 fueron liberadas bajo medida cautelar sustitutiva de libertad, creen las personas que estuvieron en la audiencia que fue por la edad, porque la mayoría son mayores de 40 años, y son las únicas que han salido bajo medidas cautelares, incluso de las audiencias de los primeros grupos de 6, dos salieron bajo medida cautelar”, destacó Betancourt.

Y prosiguió: “Dentro de la información que maneja el Foro Penal, han sido privadas de libertad un total de 54 personas pero han sido presentadas –hasta la madrugada del lunes- un total de 77 personas. Hoy lunes tenemos pautada la audiencia de 40 que quedó pendiente de ayer, no sabemos si el Tribunal Penal Militar va a hacer más audiencias”.

Luis Armando Betancourt señaló que se trata de «audiencias kilométricas, desgastantes, no solo para el imputado, los jueces y fiscales, sino también para los abogados» que debieron esperar más de 12 horas en el Comando de la Zona 41 en La Isabelica y en el Destacamento de Seguridad Ciudadana –Desur- ubicado en Ciudad Chávez, al sur de Valencia.
Betancourt precisó que el pasado domingo interpusieron un Habeas Corpus por violación arbitraria de la libertad ante tribunales penales ordinarios porque ya habían transcurrido más de 48 horas legales, constitucionales sin que se hubiese presentado a los detenidos.
“Este amparo está siendo tramitado. Se hizo de forma oral por la brevedad y vamos a esperar la resulta y así vamos a seguir. Iremos a llenar de amparos el tribunal, pero vamos a ejercer los recursos para que se logre la libertad efectiva de estas personas”, resaltó.

Describió que las audiencias se efectúan ante efectivos militares armados, por lo que muchos de los detenidos se sienten intimidados y no declaran. “Si hoy las personas deciden declarar, yo no sé, tal vez la audiencia pueda durar dos, tres o cuatro días, una sola audiencia”, denunció.
“En uno de los expedientes vimos quizás más de 50 órdenes de allanamientos, hoy lunes todavía se están practicando estos allanamientos en distintas partes de la ciudad”, dijo el vocero del Foro Penal.

Agregó que el tribunal se excusa cuando los abogados solicitan al juez natural para estos casos civiles, y señala que está establecido en la Constitución y que el Código Orgánico de Justicia Militar  que el delito de rebelión pueda ser también usado en contra de civiles.
Betancourt dijo que muchos de los detenidos por el Plan Zamora en Carabobo los han llevado a la Delegación del Cicpc en la región; otros al Sebin y  a la Policía Municipal de Puerto Cabello. “Allí quedan hasta que el tribunal decida dónde van a ser presentados”.
Denunció que tampoco han permitido a los abogados el acceso a ninguno de los sitios de detención de estos civiles. Dijo que los aprehendidos no tienen ningún tipo de comunicación con sus defensores hasta el momento de la audiencia que es cuando pueden conversar.
Al final de la tarde de este lunes, 10 personas más habían sido liberadas con medida cautelar, dijo Betancourt a El Estímulo, vía telefónica.
“No estamos en presencia de un juez natural”

Antonio Marval, abogado penalista y miembro del Foro Carabobeño que lidera el Foro Penal, destacó que se han trazado como grupo profesional, defender el estado de derecho. “Aquí no se trata de apoyar actos de naturaleza vandálica sino el estado de derecho. Todo ciudadano venezolano tiene que ser juzgado por sus jueces naturales y el derecho al debido proceso”.

Recalcó que se constituyó un tribunal en el antiguo Core 2 y luego en el Desur en Ciudad Chávez. “Tuvimos la experiencia que cuando llegamos a la audiencia estaba la audiencia con dos ciudadanos de la Guardia Nacional con dos kalashnikov, dos armas de fuego que estaban detrás de la juez. En la parte posterior del recinto especial, estaban también hombres armados”.
Dijo que en estos juzgamientos hay observadores armados, como una forma de amedrentar a las personas que van a ser juzgadas. “Se podrán imaginar cómo se puede tomar esa declaración”, aseveró.
Marval indicó que entre los delitos imputados está el de instigación a la rebelión que está previsto y sancionado en el artículo 481 del Código Orgánico de Justicia Militar. “La instigación a la rebelión se castigará con prisión de 5 a 10 años y expulsión de las Fuerzas Armadas a los oficiales y clases, y prisión de 4 a 8 años y expulsión a los distinguidos de tropa …”, explicó.
La pregunta que hacen los abogados es que si se trata de jóvenes civiles, cómo se va a materializar la sanción de expulsión de la Fuerza Armada Nacional.
También les han imputado el vilipendio al componente castrense, es decir, ofensas a través de escritos o mediante la palabra.
“En la historia judicial de Venezuela nunca habíamos visto una flagrante violación a los derechos humanos como la que está ocurriendo en este momento. No hay oportunidad prácticamente de defensa. Nuestros alegatos no son tomados en consideración”, apuntó Marval.

Indicó que consiguieron un acta policial firmada por una sola persona, pero dijo que el efectivo firmó en nombre de 6 u 8 funcionarios actuantes. “Estamos en presencia de una presunta comisión de un delito, del forjamiento de un acta que es documento fundamental a la hora de que un juez tome una determinación”, alertó.
El Plan Zamora comenzó a ejecutarse en Carabobo desde el pasado jueves 4 de mayo, luego de una ola de disturbios, saqueos y actos vandálicos que ocurrieron en varios municipios de la entidad, desde el 2 y hasta el 4 de este mes.
El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Central, Jesús Suárez Chourio,  informó el sábado pasado desde Valencia  –a través de un boletín enviado por la Secretaría de Información y Comunicación del gobierno de Carabobo-  que 780 personas  estaban  detenidas, pero luego advirtieron en otra nota de prensa que eran retenidas, de las cuales 251 fueron puestas a la orden de tribunales militares “por los delitos de ataque al centinela y asociación para la rebelión”.]]>