AN recibe a Almagro por Skype y rechaza implementación del Plan Zamora

Almagro inició su discurso señalando  que en Venezuela “hay una dictadura” y que ninguna denuncia “es suficiente” para “frenar esta ola de abusos”.
Rechazo la utilización de tribunales militares para juzgar a manifestantes civiles al manifestar que tal hecho sería una “práctica común de las dictaduras. El gobierno ha criminalizado a la disidencia”, dijo.
Almagro sostuvo que “la única solución” a lo que vive Venezuela es “una elección general inmediata” y que así, sean los venezolanos quienes decidan. El secretario de la OEA, en la misma linea que la oposición, reitera además, la solicitud de la liberación de los presos políticos, el canal humanitario así como la restitución de las facultades del Parlamento.
El secretario del organismo hemisférico hizo también un llamado a la OEA a “tomar las decisiones” necesarias.
Previo a la intervención de Almagro, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges informó sobre el comunicado aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  en el que se rechaza la represión contra las manifestaciones. La utilización de la jurisdicción militar contra civiles, el uso de armas de fuego en las protestas y la decisión de armar a las milicias.
La CIDH emplaza al gobierno a “respetar y garantizar” los derechos humanos tal como esta consagrado en distintos convenios internacionales suscritos por el país.
Todo esto fue la “previa” para recibir y escuchar a distintas organizaciones no gubernamentales  como Provea, el Laboratorio de Paz, Foro Penal y Redes Ayuda quienes expusieron las violaciones de derechos humanos que vienen ocurriendo no solo durante las protestas.
Se hizo mención a las Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP; al Arco Miner, etc.
En cuanto a la cifra de detenidos, el Foro Penal maneja que 1991 personas fueron apresadas desde el 4 de abril hasta el 8 de mayo. De esas, 653 permanecen detenidas, 404 esperan fianza y el número de personas presas por razones políticas asciende a 19.

Rechazaron la implementación del Plan Zamora pues, a su juicio, busca “anular” las protestas así como la suspensión de las competencias del Ministerio Público.
Asimismo, sostienen que la utilización de civiles armados busca “infundir” temor, evitar que las violaciones de derechos humanos sean atribuídas a funcionarios del Estado preservando así, la imagen del gobierno y responsabilizar a los propios manifestantes de la violencia.
El ataque a los medios, periodistas, fotógrafos y camarógrafos por parte de los cuerpos de seguridad así como de manifestantes también fue abordado y rechazado.
Constituyente, ¿no va?

Los opositores, mayoría en la Asamblea, debatieron sobre el llamado a Constituyente hecho por el presidente Nicolas Maduro.
Para ellos, este proceso es un “fraude” que busca “anular” la República.
Para el diputado Omar Barboza, la Constitución es “clara” ya que plantea la posibilidad de hacer referendos hasta de temas parroquiales, por ende, aprobar una Constitución , “con más razón debería ser sometida a un referendo consultivo”.
Barboza señala además que los constituyentes “están autorizados para redactar la Constitución, no para aprobarla. Eso lo decide el pueblo”.
La mayoría opositiora aprobó un Acuerdo en el que deciden:
-Denunciar el fraude constitucional de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente contenida en el Decreto 2830, sin referendo popular, en contravención del artículo 347, conforme al cual el pueblo es el único que en su condición de depositario exclusivo del poder constituyente originario, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, decisión que necesariamente debe someterse a un referendo decisorio mediante sufragio universal, directo y secreto.
-Denunciar la usurpación de la convocatoria al poder constituyente originario que corresponde exclusivamente al pueblo
-Denunciar la nulidad absoluta de los Decretos 2.830 y 2.831 dictados por el Presidente de la República el 1 de mayo de 2017, publicados en la Gaceta Oficial N° 6.295.
-Exigir al Poder Electoral respeto a la soberanía popular y a la Constitución, en virtud de lo cual deberá abstenerse de dar curso a esa “inconstitucional” convocatoria Presidencial
-Denunciar la violación de los derechos políticos ante el Defensor del Pueblo y la Fiscal General de la República
-Denunciar la violación de los derechos políticos ante los órganos del sistema internacional de protección de derechos humanos. 
No al Plan Zamora

La implementación del Plan Zamora también fue rechazado por la Asamblea Nacional.
El diputado Henry Ramos Allup  sostuvo que éste es un régimen militarista que “no respeta las Leyes y la Constitución”.
Ramos Allup quiso poner una especie de alerta sobre la posibilidad de que los militares “den un golpe de Estado para  salvarse y sean vistos por algunos como héroes. Incluso, para que este gobierno se excuse de pagar las cuentas que le toca pagar”.
El parlamentario pidió “rebelarse” ante la pretensión de juzgar a civiles en jurisdicción militar, algo que ya dejo de ser una pretensión para convertirse en casos reales como los de Carabobo, Falcón, Barinas y Caracas.
El acuerdo aprobado plantea la solidaridad con las familias que han resultado víctimas del denominado Plan Zamora; exigirle a los jueces y funcionarios militares que desacaten las ordenes de juzgar a civiles; denunciar ante las instancias internacionales, las violaciones de derechos humanos e instar a la Fiscalía y Defensoría a cumplir con sus funciones.
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