«Instamos de manera urgente y enfática al Estado de Venezuela a cesar el procesamiento de civiles en jurisdicción militar», dijo en un comunicado el presidente y relator de la CIDH para Venezuela, Francisco Eguiguren, quienes estos días se encuentran en Buenos Aires para participar del 162 periodo de sesiones del organismo.
Para Eguiguren «es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos procesar a civiles en la jurisdicción militar por participar en protestas y manifestaciones».
La comisión, que está realizando un intenso seguimiento a la situación venezolana, lamenta que la coyuntura siga empeorando con nuevos hechos violentos que aumentan permanentemente el número de fallecidos, heridos y detenidos.
Asimismo, la CIDH se mostró alarmada por el llamado del Gobierno de Nicolás Maduro a armar milicias civiles y utilizar operaciones militares para controlar las protestas masivas que se están produciendo en el país.
Es el conocido como «Plan Zamora», una operación cívico-militar en la que las autoridades policiales, militares y grupos civiles armados realizan detenciones masivas durante las protestas, a quienes aplican la jurisdicción penal militar.
En el marco de esta operación ya han sido procesados 341 civiles, de los cuales 178 continúan detenidos en dicha jurisdicción, según datos difundidos por el organismo internacional.
En este sentido, la CIDH expresó su preocupación «por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia».
Para la comisión, estos hechos tienen graves consecuencias en la vigencia del Estado de Derecho, por lo que pidió a las autoridades venezolanas que, con urgencia, cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El organismo internacional pidió a Venezuela que cese en el uso de operaciones militares para el control de las protestas y se abstenga de utilizar a civiles armados, así como cualquier otra forma de violencia, y que fomente soluciones «con absoluto apego a los derechos humanos».
Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, se mostró preocupada en una rueda de prensa por la situación en la que puedan encontrarse los detenidos, por lo que solicitó al organismo militar el número de procesos y detenidos para verificar el estado de salud y detención en el que se encuentran estos ciudadanos, recordó la CIDH en su comunicado.
Ortega consideró que estas detenciones son contrarias «a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela» y que «viola el principio del juez natural, así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos».]]>