Varios funcionarios del Estado venezolano podrían estar implicados en casos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, informó este martes la fiscal general, Luisa Ortega, que hizo esta revelación en medio de una embestida del chavismo para destituirle.«Es difícil tener acceso a las pruebas, sin embargo en este caso, en el caso de Odebrecht tenemos identificados a varios funcionarios públicos que comprometieron el patrimonio del Estado a favor de estas empresas», dijo en una entrevista con la emisora privada Unión Radio.
Aseguró que la Fiscalía ha tenido «muchos obstáculos» en investigaciones sobre corrupción, de legitimación de capitales porque «quienes tienen los elementos de prueba son aquellos que precisamente se les está investigando».
La funcionaria sin embargo evitó especificar los nombres de los implicados o si estos funcionarios forman parte del alto gobierno, pero adelantó que se liberarán citaciones en los próximos días.
«También tenemos los contratos y las personas que autorizaron que se ejecutaran esas obras comprometiendo los dineros del Estado y que no le hicieron el seguimiento a esos contratos y que son obras que nunca se concluyeron», dijo.
Con esto advirtió a «todos aquellos que firmaron esos contratos, que no le hicieron el seguimiento y que esas obras nunca las concluyeron (…) incluso estos que cobraron comisiones fueron depositadas en cuentas en el extranjero en algunos casos a nombre de familiares», que «todo eso ya nosotros lo tenemos bien organizado».
Ortega viajó en febrero de 2016 a Brasil para reunirse con el Procurador General de ese país, Rodrigo Janot, y abordar el caso de Odebrecht y sus supuestas ramificaciones en Venezuela, sin embargo hasta ahora no se han formulado acusaciones formales.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África.
En el caso venezolano, Odebrecht habría pagado unos 98 millones de dólares en sobornos para hacerse con contrataciones de obras públicas.
El anunció de la fiscal sobre acciones legales para este caso se hace en un momento en el que se desarrolla un procedimiento impulsado por el chavismo para calificar la existencia de faltas graves en su gestión, y separarla de su cargo.
Detenciones
Con respecto a las detenciones durante los últimos tres meses de protestas en Venezuela, Ortega Díaz dijo que hay 232 personas que se encuentran apresadas «ilegítimamente» por tribunales, pues para los apresamientos hechos en el marco de la ola de protestas que se desarrolla en el país hace más de cien días no ha habido participación del Ministerio Público (MP).
«El Ministerio Público en el día de hoy realizó un balance de las personas ilegítimamente detenidas por tribunales (…). Logramos determinar que 232 personas fueron privadas de libertad sin petición alguna del MP y que 251 se encuentran en detención domiciliaria sin petición del MP», dijo.
Señaló que hay «jueces actuando fuera de sus facultades» que han procedido a «imputar delitos y a acordar medidas restrictivas de libertad».
Se pronunció sobre la detención del diputado opositor Wilmer Azuaje que fue aprehendido en mayo pasado sin orden judicial y apuntó que el MP ha hecho solicitudes para «que ese limbo jurídico en que está este ciudadano se resuelva» y resaltó que este ciudadano goza, además, de inmunidad parlamentaria.
«Las evidencias que presuntamente se le encontraron a él nunca fueron puestas a la orden del MP, nosotros solicitamos a justicia militar, a la entonces fiscal militar, que pusiera todas esas evidencias a la orden del MP y nunca las puso», agregó.
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