Zuleima del Valle, Beatriz Ruiz, José Fernando Núñez, Elenis del Valle Rodríguez, Luis Marcano, Gustavo Sosa Izaguirre y Manuel Antonio Espinoza Melet son los magistrados que optaron por la figura de asilo diplomático para cuidar su integridad. El Estímulo intentó contactarlos, pero no pueden dar declaraciones a la prensa.
El 21 de julio, la mayoría opositora del Parlamento venezolano designó un Tribunal Supremo paralelo al nombrado en diciembre de 2015 por el chavismo. Los magistrados oficialistas son acusados de servir al Gobierno y de no cumplir con los requerimientos académicos establecidos por la ley.
Sin embargo, ninguno de los 33 nuevos juristas ha podido ejercer sus funciones por falta de reconocimiento del Ejecutivo. El Tribunal Supremo desconoció la designación de la AN y dio luz verde para emprender acciones judiciales contra los magistrados.
De hecho, el presidente Nicolás Maduro amenazó a los nuevos jueces con la cárcel. «Irán a la cárcel uno por uno», advirtió. La orden desató la persecución contra los 33 magistrados.
El 22 de julio, agentes de la policía política, Sebin, detuvieron a Ángel Zerpa y lo procesaron ante la justicia militar por el delito de traición a la patria. Está incomunicado y tiene más de 10 días en huelga de hambre, denunciaron sus abogados.
Tres días después, funcionarios del Sebin aprehendieron a dos magistrados más, Zuleima del Valle González y Jesús Rojas Torres. Se desconoce el momento y la razón por la cual González fue liberada, pero la mujer aprovechó la acción para pedir protección en la embajada de Chile.
Luego de las polémicas elecciones del 30 de julio para elegir la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) muchos países de la comunidad internacional se pronunciaron desconociendo los resultados de los comicios por considerarlos “fraudulentos”.
En América Latina reaccionaron países como Chile, Colombia, México, El Salvador, Costa Rica, Perú, Paraguay, entre otros, que se unieron en el desconocimiento de la Constituyente. Ahora, dos naciones decidieron alojar en calidad de huésped a magistrados que solicitaron el asilo.
¿Qué significa esto?
El internacionalista Sadio Garavini explicó que la figura de asilo diplomático es una institución antigua dentro de la diplomacia. “La embajada es un territorio en donde no puede intervenir el Estado y por tanto está fuera de límites de la acción de la policía y del ejército. Todos los que estén dentro de la sede están amparados por el derecho internacional”.
Por otro lado, el internacionalista, Daniel Merchán indicó que el hecho de que los magistrados sean recibidos en embajadas e, incluso, la presencia de embajadores en la sesión de la Asamblea Nacional que se desarrolló el martes pasado, significa “un apoyo expreso al parlamento como figura electa por la voluntad de la gente”.
Opinó que las acciones que tomaron países como Chile y Panamá al dar asilo diplomático “es parte del mismo hilo coherente que han mantenido algunos Estados. Son magistrados elegidos por la Asamblea Nacional”.
Garavini y Merchán coincidieron en que el próximo paso que puede tomar la sede diplomática es solicitar un salvoconducto al Ejecutivo Nacional para poder trasladar a los magistrados a un aeropuerto y que sean llevados a los países en condición de asilados.
“Eso ya es decisión del gobierno. En América Latina hay vieja tradición de que el salvoconducto se concede; pero también ha habido casos famosos en los que se niega el recurso y quienes estén dentro de las embajadas tienen que quedarse adentro por tiempo indefinido”, contó Garavini.
El abogado Joel García, miembro de la organización Fundeci, que preside la jurista refugiada Elenis Rodríguez, explicó que los magistrados buscan protección en embajadas porque “saben que no hay estado de derecho aquí y lo que queda es huir. Ellos no han cometido delito alguno”.
También dijo que las sedes diplomáticas mantienen a los magistrados en calidad de huéspedes y les brindan todas las comodidades. “El estado chileno está tramitando el salvoconducto. Queda a la espera de que el Estado lo acepte o no. Venezuela es el país de lo posible”.
La respuesta del gobierno pudiese tardar hasta 2 semanas, pero García opinó que incluso pudiesen guardar silencio y “dejar tácito que no lo permitieron”.
Merchán dijo que no había una obligación de renunciar al cargo, en caso de que proceda el salvoconducto. Y si, por el contrario, les niegan la posibilidad de abandonar el país, los magistrados tendrían que quedarse dentro de la sede diplomática.
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