"Consulta Popular" del proyecto de Ley que fiscaliza y regula la actividad de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela arrancó este viernes con énfasis en presunciones de que estas entidades sirven para financiar a partidos políticos opositores, reciben fondos del imperialismo, lavan dinero y son una amenaza para el sistema.
La Asamblea Nacional (congreso) inició este viernes un crucial proceso de «consulta popular» de la nueva Ley que controlará las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en Venezuela y que además será usada para fiscalizar el financiamiento de partidos políticos y activistas opositores.
El proyecto de Ley fue aprobado en primera discusión el 24 de enero de 2023 y tras permanecer un año engavetado ahora es retomado por la más alta cúpula del chavismo en este 2024 electoral.
La discusión comenzó al final de la mañana en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (AN), donde diputados chavistas y supuestos opositores aliados al gobierno hablaron de los esperados alcances del «Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines».
También han intervenido representantes de ONG vinculadas de alguna manera al chavismo, a la izquierda o al Partido Socialista y sus organizaciones sociales.
Pero han tenido poca oportunidad de intervenir las más activas organizaciones civiles que ayudan a enfrentar la crisis humanitaria compleja que sufre Venezuela, las defensoras de los Derechos Humanos, de los derechos ambientales y protección de los ecosistemas amenazados.
La premisa de esta regulación parte de la afirmación de que las ONG «financian partidos políticos para desestabilizar al país», como lo definió en su intervención uno de los diputados del PSUV.
El director de la ONG Convite, Francisco Cabezas dijo en su intervención que como las ONG y asociaciones civiles son objeto de esta ley, «es fundamental que la convocatoria sea masiva, para ampliar y dar un debate rico en diversidad de organizaciones». También abogó en su corta intervención porque el proyecto de ley sea distribuido por medios electrónicos y leído para que los interesados puedan ofrecer sus alegatos y aportaciones al debate.
Convite es una ONG que se concentra en atender a la población de adultos mayores, uno de los segmentos más vulnerables y golpeados de la población en medio de la crisis venezolana.
El propio Cabezas fue preso en diciembre de 2020, cuando agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (la temida FAES, acusada ante la ONU por sus ejecuciones extrajudiciales y otros delitos), allanaron la sede de Convite la que acusaban de “financiamiento del terrorismo”. En ese entonces se llevaron equipos y material de la ONG, ubicada en Los Dos Caminos, en Caracas.
La segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, diputada María Gabriela Vega, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) «explicó que la propuesta busca controlar y hacer seguimiento de las ONG que financian el terrorismo en el país», citada por el servicio de información y propaganda de la propia Asamblea.
«Se presume la utilización de fondos ilícitos que reciben las ONG para operar de manera irregular», agregó en su intervención.
La discusión es dirigida por el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante. Dijo que la discusión se ha extendido por vías electrónicas a 200 municipios. También se le pudo dar seguimiento por Zoom y en vivo por el canal de televisión de la Asamblea Nacional.
Además de los diputados y activistas sociales mayormente del chavismo, estuvieron presentes en el Hemiciclo y en las mesas de discusión representantes del Ministerio Público y de la policía política Sebin, entre otros.
«Quienes financian la mayoría de las ONG en el mundo son agentes económicos del imperialismo norteamericano, llámese USAID, llámese Banco Mundial entre otros. Siendo mas bien irónicos con el imperialismo norteamericano, ellos que asignan recursos (para derrotar a sus enemigos) tienen unas de las leyes más persecutorias contras las ONG», dijo Infante.
Dijo que Primero Justicia (del opositor Henrique Capriles) era una ONG financiada por PDVSA que terminó siendo un partido político.
Dijo que no se puede creer que solo hay financiamiento internacional, «la gente sabe cómo se triangula», agregó al mencionar el uso de criptomonedas en estos mecanismos..
Dijo que hay ONG que han recibido financiación de la Fundación Simón Bolívar (una división de Responsabilidad Social de CITGO, la filial de PDVSA a punto de perderse embargada en Estados Unidos por demandas de acreedores de deuda pública del gobierno de Maduro).
«Se hará su investigación en su omento y tendrán que dar sus explicaciones», advirtió Infante.
«En Venezuela nuestro modelo de sociedad, nuestro modelo de democracia, empuja, promueve la participación del pueblo, la organización del pueblo», afirmó.
«Si vas a trabajar en función de nuestro pueblo te apoyamos, pero si se demuestra que estás en función de intereses foráneos, aquí hay una ley que defiende la soberanía nacional» agregó.
La línea de esta discusión ya está trazada por la cúpula del chavismo y se inscribe en la confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y los partidos políticos de oposición y líderes opositores que mantienen vigente su activismo.
«De ninguna manera se está cuestionando el derecho constitucional a la asociación, pero todo derecho humano establecido en las constituciones y tratados internacionales debe ser de alguna forma regulado para su ejercicio efectivo», dijo el secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, Pablo Fernández, en su intervención.
Alega que las ONG han servido para lavar dinero en muchos lugares del mundo.
El diputado Juan Romero Jiménez, dijo que la participación política es una condición ciudadana, pero alegó que muchas ONG dicen que están protegiendo el ambiente en la Sierra de Perijá (estado Zulia) o en Guayana, cometen actos de biopiratería.
El chavismo apunta directamente a buscar las fuentes de financiamiento de los partidos opositores y a la llamada Asamblea Nacional de 2015, una entelequia formada por ex diputados del parlamento opositor que fue liquidado en pleno ejercicio de sus funciones por el régimen de Nicolás Maduro en una forma de fujimorazo sostenido y en cámara lenta que tuvo su cenit con la imposición de una Asamblea Constituyente paralela que nunca llegó a aprobar ni un artículo de una Constitución.
Ahora supuestos diputados de ese fenecido Poder Legislativo de 2015 nombraron el 5 de enero una supuesta junta directiva o Comisión Delegada, lo cual es considerado por el poder como un delito público y notorio que va a ser castigado.
El diputado Infante afirmó que «para saltar la reglamentación en materia de financiamiento, todos esos partidos políticos utilizan las llamadas ONG para financiar activistas políticos, mafias y delincuentes».
El diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, había dicho en la víspera que la Consulta Pública de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (ONG) que «dichas organizaciones sirven para atender los temas que ellos establecen, al tiempo de manejar recursos que no se sabe de dónde salen».
“De dónde Guaidó sacó las criptomonedas, de dónde salió la plata de muchos candidatos a alcalde y de gobernador en las elecciones 2021; de dónde van a intentar sacar la plata para las elecciones presidenciales, las de alcalde, gobernadores y las parlamentarias 2025, de dónde”, se preguntó Rodríguez tras señalar que es fundamental que esto sea atendido por la AN.
“En cualquier país del mundo una ONG tiene que registrarse y establecer de manera prístina de dónde provienen los recursos”, dijo, citado por los servicios de prensa de la propia Asamblea.
Varios activistas de los Derechos Humanos, entre ellos representantes de ONG como Acceso a la Justicia, advierten el carácter punitivo de este proyecto de Ley.
«Debemos destacar que al momento de su presentación en el Parlamento, el diputado Cabello señaló que tenía una lista de 62 ONG contra las que se aplicaría la ley, poniendo de manifiesto, el mismo día de su presentación, la intención de persecución y represión con la que se exhibe el proyecto de ley», señala un oportuno informe de Acceso a la Justicia.
«Entre la nombradas, a las que se les acusó de operar «con fines políticos», se encuentra el Programa venezolano de educación acción en derechos humanos (Provea), una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas del país y con una larguísima trayectoria de defensa de estos derechos, así como de denuncia de acciones gubernamentales contra los mismos», agrega.
En su programa "Con el mazo dando", Diosdado Cabello afirmó que todas las ONG deberán indicar de dónde proviene el dinero con el que trabajan y para qué lo utilizan. De lo contrario, sus ingresos serán considerados legitimación de capitales
Abdul fue miembro de la Comisión Nacional que organizó por parte de la sociedad civil la elección primaria del 22 de octubre, en la que resultó electa María Corina Machado, por abrumadora mayoría, como candidata unitaria por la oposición.
Esa ley en ciernes es parte de un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico, expone a las ONG a vigilancia permanente y a posible control policial. También afectará los derechos a la libertad de expresión y asociación, advierte la Misión de la ONU que investiga las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
