El caso «es dudoso ¿Qué es lo que es dudoso? Aquí descubrimos que el laboratorio criminalístico de la Fiscalía se usó para alterar pruebas, eso es grave, estamos en etapa de investigación, pero eso es sumamente grave», dijo para explicar las razones por las que se reabrirá el caso.
La responsabilidad que había establecido el Ministerio Público -y que Ortega presentó a los medios- representó una de las primeras denuncias que hizo la exfiscal contra las autoridades por los excesos de los cuerpos de seguridad en la represión de las protestas que azotaron el país desde abril hasta julio del presente año.
Su tesis fortaleció el reclamo de los opositores que denunciaron graves abusos de los cuerpos policiales y militares y desautorizó las denuncias del Gobierno de Nicolás Maduro sobre la violencia de los opositores en esas manifestaciones que se desarrollaron por cuatro meses.
Saab se refirió también al caso de David Vallenilla, otro de los manifestantes muertos en las protestas, en este caso a manos de un funcionario de la policía aérea cuando se registraba un enfrentamiento entre grupos de manifestantes y agentes policiales, frente a una base aérea.
El supuesto responsable está en manos de las autoridades y la Fiscalía le ha señalado del delito de homicidio, dijo.
«Lo dijimos desde el principio que esa había sido una ejecución extrajudicial, no había excusa, ahí se quiso excusar de que el tipo estaba defendiendo la base aérea, ahí lo que había era una reja, el muchacho se acercó y él a rajatabla le metió tres tiros en el tórax, y eso quedó así en la nebulosa», dijo condenando la muerte del joven de 22 años.
Saab dijo no tener precisado el balance de cuánto de los más de cien muertos registrados durante las protestas antigubernamentales que se iniciaron el pasado abril, murieron en manos de funcionarios de seguridad y cuántos por civiles.
«Nosotros estamos haciendo un arqueo completo de todos los casos», dijo sugiriendo que la cifra de muertes registradas en los cuatro meses de protestas podría variar.
El exdefensor del pueblo negó que pueda hablarse de alguna responsabilidad del Estado en esas muertes, asegurando que «en materia penal las responsabilidades son individuales».
Lo mismo aplicó para el caso de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), un operativo de seguridad que consistió en redadas masivas a comunidades populares para combatir el crimen, y de la que se registraron graves denuncias.
«Para tú probar de que una responsabilidad en materia de cualquier tipo responde a una política de Estado, tú tienes que probarlo», respondió.
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