EEUU prohíbe entrada a funcionarios de Maduro desde este miércoles

El nuevo veto, proclamado el 24 de septiembre de este año y que debía entrar en vigor este miércoles 18 de octubre, impide de manera indefinida la entrada a Estados Unidos de la mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, así como a ciertos funcionarios de Venezuela y sus familiares.
Sin embargo, la orden del juez federal, el magistrado Derrick Watson de Honolulú, bloquea el veto pero no afecta a Corea del Norte y Venezuela.

La prohibición de viaje fue promulgada alegando «falencias a la hora de compartir información de seguridad pública y relacionada al terrorismo», explicó el abogado y Director de Refugee Freedom Program (RFP), Julio Henríquez, quien estará este miércoles presente en el Aeropuerto Internacional de Miami hablando con viajeros venezolanos para entender si la medida los afectó.
“Las tres versiones de la prohibición de viaje han sido litigadas y en su mayoría los jueces federales han bloqueado su implementación. Esto acaba de pasar también con esta nueva versión, pero la decisión del Juez de Hawái no se extendió a Corea del Norte ni a Venezuela, por lo que sigue vigente para los venezolanos”, expuso Henríquez.
La medida prohíbe la emisión de visas nuevas y el acceso a Estados Unidos con visa de turista o negocio a ciertos funcionarios públicos del gobierno venezolano y a sus familiares inmediatos. En concreto, quedan sancionados los funcionarios de instituciones públicas encargadas de proporcionar a la nación estadounidense información sobre la identidad de los venezolanos que ingresan a su territorio, como es el caso del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.
La medida afecta también a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Cancillería y y el Ministerio de Interior y Justicia.
Según afirmó Trump en la proclamación de su veto, el Gobierno de Nicolás Maduro «no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública» de Estados Unidos y, además, se niega a «compartir adecuadamente información relacionada con seguridad pública y terrorismo».
En respuesta, el mandatario estadounidense decidió restringir la entrada a territorio estadounidense de los funcionarios encargados de esas funciones con el objetivo de presionar al Ejecutivo venezolano a mejorar su intercambio de información con Estados Unidos.
La mayoría de los venezolanos no sufrirán esos impedimentos porque el Gobierno de Trump es capaz de verificar su información personal acudiendo a «fuentes alternativas», cuyo origen no se especifica en la orden presidencial del veto.
No obstante, a partir de este miércoles, los venezolanos que estén en Estados Unidos con un visado podrán ser sujeto de «medidas adicionales apropiadas» para garantizar que su información está actualizada y en regla.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó la «orden peligrosamente defectuosa» del juez de bloquear el veto contra países de mayoría musulmana, que «socava los esfuerzos del presidente para mantener seguro al pueblo estadounidense».
«El Departamento de Justicia defenderá vigorosamente la medida legal del presidente», aseguró en un comunicado Sanders, que auguró que «el sistema judicial acabará por respaldar» el veto migratorio.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, confirmó que su departamento «cumplirá» con la orden judicial, pero pronosticó que el Gobierno acabará imponiéndose en la batalla legal.
Además de Hawái, otros estados progresistas y grupos defensores de los derechos civiles en EE.UU., como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), han presentado iniciativas para combatir el veto de Trump en los tribunales.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que debe decidir en las próximas semanas si acepta estudiar la legalidad de las medidas proclamadas por Trump en septiembre.
 Con información de agencia]]>