Néstor Cárdenas es un funcionario retirado de la antigua Policía Metropolitana. Recibió ocho balazos disparados por delincuentes comunes que le robaron el arma de reglamento. Quedó tetrapléjico y hoy vive de la caridad de sus amigos.
En cualquier parte ser policía es una profesión de muy alto riesgo. Pero en Venezuela, uno de los tres países del mundo con la tasa de asesinatos más alta por cada 100.000 habitantes, ese riesgo se ha multiplicado en los últimos tiempos.
Los profesionales investidos de autoridad por el Estado para brindar seguridad a los ciudadanos están en la primera línea de fuego de una guerra cotidiana. Por el solo hecho de portar un uniforme cada día se ganan muchos enemigos.
Los agentes policiales, más que cualquier venezolano común suelen estar muy claros al decir que saben a qué hora salen de sus casas, pero no saben si regresarán vivos.
El año pasado la “Fundación Para el Debido Proceso” investigó el tamaño de este drama y encontró que en todo 2016 se registró la cifra más elevada de funcionarios de seguridad asesinados, en comparación a los cinco años anteriores.
Según el informe de esta Organización no Gubernamental, en total fueron asesinados por delincuentes 414 uniformados, más de uno por día, de los cuales 291 eran policías, 93 militares y 30 escoltas.
En 2017 hasta octubre ya iban otros 267 funcionarios asesinados, según la misma fuente. El 55% de las víctimas fueron abatidas para despojarlas de sus armas de reglamento o de sus vehículos.
El organismo policial con más víctimas es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
En los cinco años terminados en 2016 se contaron 1.751 agentes caídos, según la misma fuente.
En el gremio de los policías estiman que el número de los funcionarios heridos y con secuelas puede duplicar esta cifra. Son casos dispersos, sin registros oficiales, de los que casi nadie habla públicamente, mucho menos los jefes policiales o los políticos que controlan el Estado.
Muchos de ellos logran sobrevivir, pero quedan con algún tipo de discapacidad profesional por los ataques del hampa. Hoy son seres olvidados por el Estado, abandonados por la sociedad, sumergidos en un doloroso cambio de vida, en la miseria, prácticamente sin ningún tipo de protección social.
De hecho, Cárdenas es apenas uno de los 600 funcionarios discapacitados, censados en el área metropolitana de Caracas.
La cifra aumenta semanalmente y nadie lleva las cuentas en el resto del país. Los casos se dan a conocer cuando matan a algún efectivo, pero no cuando resultan heridos, señala el policía retirado y activista por la causa de sus colegas José Luis Urdaneta, quien creó hace seis años la “Asociación de Policías Jubilados y Pensionados de Venezuela”.
La tragedia de Cárdenas no sólo afecta al propio funcionario caído en desgracia, sino también a toda su familia, sin que las autoridades del Gobierno Nacional ofrezcan respuesta alguna, ni siquiera muestran el más mínimo interés en estos casos.
Con ayuda de los amigos
El sargento de la extinta Policía Metropolitana, Néstor Luis Cárdenas se encontraba el 1 de julio de 2008 de guardia en el módulo policial de la calle 300, zona de Quinta Crespo, en el centro de Caracas. A las 2:55 de la madrugada fue a tomar un café en un local cercano donde vendían arepas. Mientras esperaba su pedido, de repente entró un sujeto armado al establecimiento.
Néstor Cárdenas, se dio vuelta y quedó frente al hombre que accionó el arma en dos oportunidades hiriéndolo en un costado. Aunque estaba herido, forcejeó con el desconocido, hasta caer al suelo, para recibir otros seis disparos. El delincuente se acercó al funcionario que se encontraba en medio de un pozo de sangre, le quitó el arma de reglamento, para luego huir a bordo de un vehículo que lo esperaba en la calle.
Dos de los proyectiles entraron y salieron por la medula espinal del uniformado, a su paso produjeron graves lesiones que lo dejaron tetrapléjico. Fueron innumerables las operaciones, estudios, tratamientos y terapias, pero al final no hubo ningún tipo de evolución, ninguna mejora.
Néstor Cárdenas, quedó postrado en una cama, con total paralización de su cuerpo, puede oír, ver y hablar, pero nunca más mover sus piernas ni brazos.
El agente Néstor Cárdenas, en su lecho de enfermo (Foto cortesía)
Realidad actual
Al cumplirse casi 10 años del ataque, Néstor Cárdenas y su esposa Jenny Lorca, hablaron con El Estímulo, para contar parte de su historia después de aquella tragedia que les cambió su vida por completo.
Esta familia venezolana, de escasos recursos económicos, habita en una humilde vivienda en el sector Terrazas de Cúa, en el estado Miranda. Narran cómo han tenido que librar una persistente batalla para conseguir las terapias, medicamentos, alimentos y equipos médicos que requiere el enfermo, prácticamente sin contar con el apoyo del Estado venezolano.
La jubilación concedida al funcionario herido en servicio, más la pensión otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, suma alrededor de unos Bs. 360 mil mensual, lo que ni de lejos alcanza para cubrir los gastos del enfermo.
Jenny Lorca explica que con el dinero de las prestaciones remodelaron el ranchito en donde viven: “levantamos las paredes de bloque, construimos un pequeño cuarto para que durmiera Néstor y poder atenderlo según sus necesidades. A nuestra casa le colocamos techo de asbesto, que hoy en día se encuentra deteriorado, con muchos huecos y cada vez que llueve se filtra el agua a todo el interior, especialmente en el cuarto de mi esposo. Tenemos que rodar la cama para que no se vaya a mojar y no tenemos dinero para hacer las reparaciones necesarias”.
El dinero que percibe el funcionario alcanza para comprar los pañales desechables necesarios para 15 días. No alcanza para adquirir medicamentos, tampoco comida. Cárdenas y su esposa muchas veces solo pueden comer una vez por día, cuando se puede.
“A pesar que mi esposo se encuentra parapléjico, sufre de muchos dolores. En las noches lo escucho como se queja, como llora y yo lo único que puedo hacer es rezar y también llorar, pues no tengo para comprar los medicamentos que le han recetado, muchos de ellos tienen un alto costo y otros sencillamente no se encuentran en el país. Antes algunas instituciones y personas nos realizaban donaciones, pero con la situación del país, se acabaron las acciones de caridad”, dice Lorca.
En un intento de buscar una solución económica y no descuidar el cuidado de su esposo, Jenny se había dedicado en los últimos tiempos a botar la basura de sus vecinos, utilizando de una pequeña moto con una carrucha adaptada.
Pero el vehículo hoy está parado por falta de repuestos. “Por otro lado, ya he comenzado a sufrir de fuertes dolores en la columna, entre otras enfermedades, por el esfuerzo en todos estos años para cargar y mover a mi esposo, para cambiarlo, bañarlo o trasladarlo de la cama a la silla de ruedas. Ya no puedo hacer este trabajo sola, necesito la ayuda de otra persona para poder atenderlo. Ya estoy desesperada, decepcionada de las autoridades, que abandonaron a mi esposo a su suerte, me parece una gran injusticia”.
No me dejen morir
Hace un par de semanas, Néstor Cárdenas, tuvo una recaída. Una bacteria, la Escherichia Coli, atacó su sistema digestivo, produciendo vómitos, diarrea con mucha sangre y fiebre. El cuadro ameritó su traslado hasta una clínica en los Valles del Tuy, en donde sus familiares tuvieron que pagar costosos exámenes, pero no pudieron dejarlo hospitalizado por falta de más recursos.
Decidieron trasladarlo Caracas, pero fue “ruleteado” por varios centros de salud, entre ellos el Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, el Pérez Carreño y el Hospital Clínico Universitario. No pudieron hospitalizarlo por falta de camas y medicamentos. Al final solo lograron que le colocaran un suero para hidratarlo y lo volvieron a llevar hasta su casa, en donde los familiares esperan a que Dios lo cure.
“No me dejen morir, compañeros, ayúdenme”, son las primeras palabras que dice Néstor Luis Cárdenas, a todos los amigos que lo visitan para conocer su estado de salud, además de llevarle algunas donaciones de alimentos, pañales y algunos medicamentos.
Dice que comenzó su profesión de policía, por vocación, por la ganas de servir a su comunidad.
“Pero hoy en día estoy decepcionado, no del trabajo que realicé, sino de las autoridades, que no ofrecen una seguridad social a los funcionarios. Yo fui herido estando de servicio, nunca se capturaron a los delincuentes, nunca se hizo justicia y me dejaron en el olvido, agradezco el apoyo de mis compañeros, pero requiero ayuda gubernamental”, dice en su lecho.
Jenny Lorca advierte que la situación de salud de su esposo es cada día más grave, por su enfermedad que avanza, por la falta de medicamentos y comida. “Han sido 9 años de lucha, de realizar informes, de pedir ayuda, de pedir justicia. Hoy en día ya estoy cansada, enferma, pero tratado de seguir adelante pues mi esposo depende de mí. Tenemos 23 años de casados y como lo prometí un día, estaré con el hasta que las muerte nos separe”.
Solidaridad de compañeros de armas (Foto Cortesía)
Sin respuesta
José Luis Urdaneta, es un sargento jubilado de la Policía Metropolitana, que desde hace seis años creó la “Asociación de Policías Jubilados y Pensionados de Venezuela”, con el fin de prestar ayuda social a los compañeros y familiares que se encuentran en la misma situación que Néstor Cárdenas.
“De este caso en específico tienen conocimiento el presidente de la República, Nicolás Maduro, el ministro de Interior, Néstor Reverol, así como otras muchas autoridades a los cuales les hemos mandado cartas, solicitando ayuda. Igualmente, a través de las redes sociales, hemos mantenido informadas a las autoridades del estado de salud y problemas económicos que atraviesa el compañero Luis Cárdenas. Pero nadie nos ha dado respuesta, hasta ahora solo hemos contado con la solidaridad de amigos”, dijo Urdaneta.
Señalo que este no es un caso exclusivo de las condiciones de desprotección que tienen los funcionarios policiales.
“Diariamente desde los hospitales públicos, de toda Venezuela, conocemos denuncias de funcionarios o familiares, que no pueden recuperar su salud o en los casos más extremos fallecen, por la falta de una buena política social de atención a los policías. En la mayoría de los casos el seguro (Bs. 2.375.000) solo cubre la hospitalización de un día en una sala de terapia intensiva en una clínica privada”, explica.
En la mayoría de las oportunidades, al momento de fallecer un funcionario “los familiares tienen que pagar parte del entierro, pues el seguro es tan bajo (Bs. 980 mil) que no cubre los procesos de traslado, los actos velatorios, la compra del féretro y el terreno para el sepelio, por lo que los familiares, además del dolor quedan con un enorme deuda por cancelar”, agrega.]]>
