Familiares de asesinados en las protestas piden justicia en la OEA

Tres familias presentaron este jueves ante un panel independiente de expertos reunidos en la Organización de Estados Americanos los casos de Ruperto Sánchez, Fabián Urbina y José Pernalete. El primero fue detenido durante las protestas de 2014; los dos últimos asesinados por fuerzas de seguridad en 2017.
El Panel Independiente de Expertos Internacionales está compuesto por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón (Argentina), Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler (Canadá), Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá.
Esta es la tercera y última ronda de audiencias públicas sobre Venezuela antes del informe final que determinará si hay base para denunciar a las autoridades chavistas ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Los padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado el 26 de abril, aseguraron que aún se desconoce quién fue el efectivo de la Guardia Nacional accionó el arma que disparó la bomba lacrimógena que le dio muerte.
“6 meses después no han individualizado al GNB que asesinó a nuestro hijo”, explicó José Pernalete, quien aseguró además que su único crimen fue «pensar diferente, no querer irse del país».
Su madre detalló cómo el canal del Estado, Venezolana de Televisión, desplegó la tesis de la «pistola de perno» como arma homicida para inculpar a sus compañeros de protesta. La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, explicó que la investigación del Ministerio Público concluyó que Pernalete fue asesinado por una bomba lacrimógena. Fue uno de los primeros actos de ruptura entre Ortega Díaz y el gobierno de Nicolás Maduro.
Agregando al testimonio de Pernalete, Iván Urbina -padre de Fabián Urbina, asesinado el 19 de junio de 2007-, explicó que la Comisión de la Verdad creada por la Asamblea Nacional Constituyente chavista lo contactó para recabar información para llevar el caso, sólo para concluir que los funcionarios de la Guardia Nacional no habían tenido nada que ver con la muerte de su hijo, a pesar de que hay fotos y videos que evidencian a los funcionarios apuntando y disparando hacia los manifestantes, específicamente hacia donde se encontraba su hijo.

También se habló de presos políticos

Kerling Rodríguez de Sánchez, esposa del preso político desde 2014, Ruperto Chiquinquirá Sánchez Casares, relató el momento cuando su esposo fue detenido por estar presuntamente involucrado en la «Operación Jericó», denunciada por el gobierno como una conspiración para derrocarlo. Rodríguez señaló que no supo nada sobre el procedimiento y su esposo fue trasladado y condenado en un «juicio express» a 7 años y 3 meses de prisión, pena que debe pagar en el anexo militar de la Pica, estado Monagas.
“Es duro que para que mi hija menor de edad pueda entrar a ver a su papá tenga yo que levantar su camisa, quitar su pantalón y mostrar su cuerpo por delante y por detrás” expresó la señora de Sánchez.
La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría simplemente enviar la información él mismo, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina; u, hoy mismo, Luisa Ortega Díaz.
La jurista denunció a Maduro y a varios de sus ministros ante la CPI por crímenes de lesa humanidad y dijo que su Gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan «de limpieza social»]]>