Venezuela

FOTOS | El dilema de los transportistas: suben el pasaje o se extinguen

El transporte público de Caracas está más cerca de desaparecer que de funcionar correctamente. Falta de insumos, repuestos dolarizados, tarifas de pasaje insuficientes y la indiferencia del gobierno para atender los problemas, obligan a los conductores de la capital a declararse en peligro de extinción. Ser transportista ya no es un oficio rentable. Mientras tanto, las rutas se quedan casi huérfanas de unidades y las largas colas -y las quejas- de los usuarios no paran de crecer

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FOTOS: EL ESTÍMULO | CRISTIAN HERNÁNDEZ

La jornada de Abraham Fanai empieza a las 5:00 am y termina a las 7:00 pm. Trabaja todos los días de la semana. Tiene más de 10 años como transportista público, pero cinco meses en la ruta La Vega – Chacaíto que cubre parte del sur, centro y este de Caracas. A su vehículo solo le quedan dos cauchos buenos. Está esperando que se le terminen de dañar para estacionar indefinidamente su unidad, confiesa. La precaria situación que deben enfrentar los conductores de la capital ha hecho que Fanai considere una última opción: irse del país.
“Me voy para Perú, al menos que esto cambie. Estaré cinco meses por allá y con lo que reúna, compro los seis cauchos”, expresó Fanai a El Estímulo. El dinero que gana cada día no le alcanza para nada, dice. La camionetica “por puesto” ni siquiera le pertenece. Es propiedad de su tío, a quien le debe pagar 170 mil bolívares diarios. En su ruta solo prestan servicio 6 unidades de las 22 que solían trabajar.
Transportistas
La crisis del sector transporte es uno de los peores males de Caracas. La escasez de insumos y la indiferencia del Ministerio de Transporte Terrestre ha llevado a la paralización de gran cantidad de unidades y la desesperación de cientos de usuarios que deben hacer largas colas para trasladarse a su destino en transporte público. El problema pica y se entiende.
El último aumento para rutas suburbanas aprobado en agosto por el ministro Juan de Jesús García Toussaintt dejó el pasaje mínimo en 280 bolívares. Ese incremento se logró por la presión de los conductores y alteró el esquema de precios establecido en Gaceta Oficial, que contemplaba tres aumentos hasta diciembre de 2017.
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El gremio volvió a pedir más. A finales de octubre, comunicaron un nuevo ajuste a 700 bolívares que aún no cuenta con el aval del ministerio, pero que ya está siendo aplicado.
Esta situación -falta de repuestos y pasajes casi congelados- deja en aprieto a más de un conductor y el caso de Fanai, lejos de ser la excepción, comienza a ser la norma entre los transportistas. Alrededor de 80% de los autobuses de la Gran Caracas están paralizados, aseguró Hugo Ocando, vocero del Bloque del Oeste. “El problema de los insumos está ahuyentando a los transportistas. Se están yendo de la capital y no tenemos cómo mantenerlos aquí”, lamentó Ocando. Detalló que en su ruta (Casalta- Chacaíto-El Cafetal) actualmente están trabajando 60 unidades de las 300 que antes existían.
“Muchos se van a sitios más tranquilos y con mejores condiciones para trabajar. En el interior la situación con las tarifas se está poniendo mucho mejor. En Caracas las condiciones no están dadas para servir al transporte”, explicó.

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Fuera de la capital el precio varía pues tiene menos regulaciones y, hasta ahora, los ajustes han quedado a disposición de los dueños de los vehículos: desde 800 bolívares hasta 1.500 bolívares para las rutas cortas. En el interior, el negocio del transporte cobra más sentido. “No es lo mismo comprar un caucho con un ingreso de 280 bolívares por pasajero a comprarlo con uno de 1.000 bolívares”. El vocero aseguró que en Caracas tendrá que existir una oferta muy tentadora para que vuelvan quienes se hayan ido. “Pero no la hay”, sentenció.

De camioneta en camioneta

“Pague al subir” dice un cartel ubicado en un costado de una camioneta en Catia, pero nadie lo hace. La prioridad es otra: abordar el transporte cada vez más escaso. Quien gana la batalla, no encuentra mayor consuelo. Asientos ocupados y pasillos colmados de personas. Las ventanas están cerradas porque están dañadas y se burlan de aquellos que se atormentan por el calor. El desastre lo completan varias gotas de lluvia que caen del techo oxidado.
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Durante la mañana de un jueves lluvioso de noviembre, al menos cinco personas se resguardaban bajo el toldo de un kiosco a la espera de un “por puesto” en Pérez Bonalde, al oeste de Caracas. Ya habían transcurrido más de 30 minutos y no pasaba ninguna unidad por la avenida. Algunos usuarios se fueron. Casi 15 minutos más tarde, llegó una camioneta atiborrada, que recorrería la Plaza Catia y la avenida Sucre con destino a El Silencio, en el centro de la ciudad.
El tráfico en la calle Colombia, por el mercado de Catia, era el usual. La camioneta iba a paso lento, sorteando cientos de huecos, cuidándose de no atropellar a nadie ni llevarse por el medio los productos que los buhoneros ofrecían desde la comodidad que les brinda el piso.
Transportistas
La unidad es de Benancio Martínez, transportista con 20 años de experiencia. Cuando habla de la crisis que afronta cada día en su trabajo, se resigna y ríe despacio, como si tuviera mucho tiempo luchando contra el mismo mal: “Insumos que no se consiguen, inseguridad, no hay alumbrado en la noche, el dinero no rinde”, enumeró. No salió a la calle por más de 15 días, pues la caja del vehículo se dañó y no conseguía repuestos.
Lo que nunca falta en una «camionetica» es el fondo musical. Convergen cientos de melodías. En la tarde del mismo jueves,  en la ruta El Paraíso – San Martín sonaba salsa –ya casi un cliché- a todo volumen. Algunos pasajeros se veían obligados a gritar para pedir la parada: un lugar difuso entre el lugar en el que quiere bajarse el usuario y el lugar en el que decide detenerse el conductor.
Transportistas
Una mujer subió al transporte con esfuerzo, haciendo paso entre la veintena de usuarios guindados en la puerta. Apenas alcanzó al conductor, este le exclamó: «No hay vuelto para billetes grandes». Un señor canoso, sentado en los primeros asientos, respondió a gritos, «eso es un abuso. Montarse aquí es una desgracia y de paso nos tenemos que calar estas vainas».

Promesas de progreso

Río Tuy prometía ser el terminal urbano más importante de la ciudad. Ubicado bajo las torres del Centro Simón Bolívar desde 2006, albergaría 19 rutas de transporte suburbano con destino a Petare, El Hatillo, Baruta, La Trinidad y más. Además, contaría con la custodia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tendría ascensores para discapacitados y albergaría más de 30 locales comerciales para los usuarios. Nada se cumplió.
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Ahora el lugar parece sacado de una película de terror. El abandono, la suciedad y la inseguridad abundan en sus instalaciones. La mugre se adhiere a las paredes y la oscuridad se ha vuelto cómplice de los amigos de lo ajeno. Y aunque se pretendía que el terminal estuviera disponible hasta las 11 pm, a las 6 pm ya todos los transportistas se van a su casa.
Yefreitt González, de 38 años, es conductor de la ruta que va desde el terminal hasta Santa Mónica. Aseguró que, en el último año, aproximadamente 20 unidades dejaron de trabajar en esa línea. ¿Las razones? La falta de repuestos, cauchos y baterías.
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“Mantener una unidad es muy difícil. Lo que sacas es para medio comer y ya. Hace seis años yo no pensaba en retirarme, pero es que ahora ser transportista no se lo recomiendo a nadie”, agregó.

El que puede y el que no tiene opción

Hay usuarios que le huyen al mal servicio que reconocen los propios transportistas. Adriana Mendoza usa el transporte público solo ocasionalmente.
Es docente y tiene 61 años. Evita las camionetas a toda costa: “Trabajo cerca de mi casa porque no quiero agarrar camionetas”, afirmó a El Estímulo. Una entrevista laboral la obligó a pararse en la avenida Baralt a esperar un “por puesto” hasta El Paraíso. Pero todos los carros que pasaban iban repletos, aumentando su desesperación.
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“Antes uno agarraba su camioneta chévere, pero ahora provoca ponerse a llorar. Hay menos unidades en la calle porque tardan mucho en llegar y cuando lo hacen, todas están full”, manifestó.
Mendoza prefiere la comodidad y la tranquilidad. “Voy a rechazar el trabajo que me ofrecen por culpa del transporte, a pesar de que me prometieron mejor sueldo. Me quedo cobrando cuatro lochas”, finalizó.
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Pero otros no tienen opción. A Carmen Antillano, profesora universitaria, se le dañó el carro hace varios meses, por lo que el transporte público hasta la Plaza Madariaga ha sido su única salvación. Para ella, las tarifas del pasaje mínimo deberían seguir aumentando, ya que lo que cobran no es suficiente para los gastos asociados. “El servicio ha decaído muchísimo, pero el mal estado de las unidades no es culpa de ellos”, señaló Antillano.

De mal en peor

Rafael Ojeda está a punto de “tirar la toalla”. Espera el final de un ciclo de negociaciones entre gremio y gobierno para decidir su futuro como conductor. Si se retira, venderá la unidad que ha manejado por los últimos 30 años y vivirá de su pensión. Piensa en sus pasajeros, pero entiende que ya no puede mantenerse del oficio. “Tenemos que pensar en el usuario, pero no es rentable para el transporte ni para ellos. El aumento, así sea de 1.000 bolívares, no se ajusta a lo que necesitan ninguna de las partes”, dijo.
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Ocando confirma la opinión de Ojeda. “La falta de ingresos es lo que nos está matando a todos. El gobierno no quiere aumentar la tarifa pero tampoco sale a dar la cara”. Para él, un aumento sustancial significaría un costo político muy grande para la administración de Nicolás Maduro. “Quizás haya solución para después de diciembre y las elecciones”.
El vocero del Bloque del Oeste de Caracas explicó que el gremio ha tenido cuatro reuniones con el Ministerio de Transporte sobre el tema de los precios, “pero no hacen nada”. Agregó que durante la tercera semana de noviembre, el gobierno asignó 1.000 cauchos a ese bloque para que repartieran 2 a cada autobús que lo necesitara aunque cada unidad necesita seis cauchos para andar.
“Eso no alcanza. La ayuda tiene que ser constante, la historia sería otra si asignaran insumos todo el tiempo. El problema es que nos asignan ahora, pero no sabemos cuándo vienen otra vez”, declaró Ocando.
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En el mercado negro, las ruedas tienen un costo que va desde tres hasta ocho millones de bolívares, dependiendo de la marca y el modelo. Las baterías se consiguen en aproximadamente un millón de bolívares; el galón de 19 litros de aceite cuesta 1 millón 500 mil bolívares; mientras que los motores van desde 30 millones de bolívares hasta 100 millones de bolívares.
Al no recibir ayuda del Estado, los conductores se ven obligados a comprar por su cuenta los insumos. “Hablamos de carrocería, aluminio, tapicería, aceite, motores, batería, bandas, seguro, impuestos. Si el gobierno no quiere que subamos el precio, tiene que ayudarnos a mantener las unidades”, dijo.
El conductor sostiene que la propuesta era cerrar el año 2017 con una tarifa de 1.000 bolívares, pero evaluarán la situación en diciembre.
Los conductores siguen debatiéndose entre continuar incrementando los precios de forma unilateral o abandonar el oficio y también la ciudad. “No tenemos otra opción. O nos adaptamos o desaparecemos. Estamos en peligro de extinción”, sentenció Ocando.
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