En Caracas registró una tasa de homicidios de 130,35 personas por cada 100.000 habitantes, hecho que le concedió el dudoso honor del primer lugar en la lista global de las ciudades más violentas.
Los estudios demuestran el rotundo fracaso de los planes de seguridad diseñados por el Gobierno nacional, primero encabezado por el comandante Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro. Lejos de acabar con la delincuencia, las autoridades han permitido que los grupos hamponiles hayan ganado terreno en las 22 parroquias capitalinas, en donde los ciudadanos se encuentra acorralados y viviendo con miedo de salir de sus casas, por temor de ser atracados o peor aún, asesinados.
Ofrecer una mejor seguridad a los caraqueños es otro de los retos que tiene el próximo alcalde del municipio Libertador, que será electo el próximo domingo 10 de diciembre a través del voto popular en unos comicios rechazados por partidos opositores.
Los llamados «Cuadrantes de Paz», la Operación Liberación del Pueblo, OLP, Plan Patria Segura y a Toda Vida Venezuela, son algunos de los 21 fracasados programas anunciados e implementados por las autoridades, por funcionarios de alto rango que cuentan con la protección de escoltas, pagados con los impuestos de los caraqueños, que viven en zonas residenciales con vigilancia privada. Estos jerarcas no sienten de forma directa las acciones del hampa, de las bandas delictivas que mantienen azotados a los vecinos de las 22 parroquias capitalinas.
Según los estudios, las parroquias El Paraíso, Santa Rosalía, El Valle, seguidas de Antímano, Sucre y El Junquito, son las zonas con mayores problemas de inseguridad en el municipio Libertador.
Resaltan las comunidades de la Cota 905, así como las barriadas del Primero de Mayo, Los Sin Techos y el Barrio El 70, en donde según las denuncias y las evidencias públicas y notorias, hacen vida las bandas delictivas más peligrosas de la capital, dedicadas a los atracos a mano armada, robo de vehículos, ventas de drogas, secuestros y asesinatos.
Amenaza cotidiana
Marbella Fuentes, habitante de la zona de Los Magallanes de Catia, relata que hace dos años su esposo José Manuel Pérez, quien trabajaba como taxista, fue secuestrado y asesinado de varios disparos para robarle el carro. “El cuerpo de mi esposo fue localizado en la carretera nueva que conduce a El Junquito, con varios disparos, el carro nunca apareció y tampoco se supo nada de los asesinos”. Este es solo uno de los centenares de casos que ni siquiera son investigados.
El futuro alcalde capitalino tiene que enfrenar otro grave problema en torno a la violencia criminal y es la forma como se han armado las bandas delictivas, que cuentan con armas de guerra como fusiles, ametralladoras, modernos equipos de comunicación, granadas y hasta explosivos.
“Los funcionarios policiales estamos en desventaja frente al hampa, en lo que armamento se refiere, nosotros seguimos utilizando pistolas y las bandas delictivas tienen armamentos de todos los calibres, ametralladoras, granadas…Es muy difícil cumplir con nuestro deber de ofrecer seguridad, bajo estas condiciones”, dijo un funcionario activo de la Policía Municipal de Libertador, que pidió mantener su nombre en el anonimato para evitar represalias.
Juan Carlos Miranda, de 11 años de edad, vivía en Colinas de Plan de Manzano, en parroquia Sucre. El 7 de septiembre del 2015, cuando salió de su casa a ponerle comida a unos perros, fue testigo del homicidio de un hombre por parte de dos delincuentes; el pequeño, asustado, corrió hasta su humilde vivienda, pero uno de los homicidas lo persiguió y le propinó dos disparos, que le cegaron la vida.
“Vivir en estos sectores populares, en los barrios es muy rudo, aquí no hay ley, aquí manda el más fuerte, aquí hay que saber convivir con el hampa, si quieres sobrevivir. La policía no sube para los cerros, las autoridades nos dicen que a la hora de cualquier emergencia llamemos por teléfono al cuadrante de seguridad, eso parece un chiste malo, aquí nos matan, nos roban y no pasa nada”, señalo un habitante del barrio Primero de Mayo, en Santa Rosalía, que también pidió mantener su identidad en el anonimato.
Pero los problemas se agravan cuando se considera que los propios agentes de los cuerpos de seguridad del Estado en algunos casos han devenido en delincuentes.
El pasado 25 de agosto del 2017, fueron detenidos el Supervisor Jefe de la policía Nacional Bolivariana, Edgar Alexander Villalobos y el oficial agregado Miguel Ángel Ostos, por cometer hechos delictivos en la avenida Baralt.
El 2 de junio de este mismo año, los vecinos de la parroquia La Vega protestaron en la calle para denunciar a un grupo de funcionarios policiales que se estaban dedicando al robo de celulares en la zona.
Hace tres años los representantes de una empresa distribuidora de pollos denunciaron el robo y extorsión al que fueron sometidos por unos funcionarios de la Policía Municipal de Caracas, que los detuvieron en la zona de Catia, parroquia Sucre y le exigieron una alta suma de dinero, para permitirles continuar con el reparto de los alimentos para sus clientes. Al negarse a la solicitud, fueron trasladados hasta el Comando ubicado en la Cota 905, en donde levantaron un acta señalando que su mercancía sería decomisada. Los afectados tomaron videos, hicieron la denuncia pero no obtuvieron respuesta.
En las distintas parroquias también se multiplican las denuncias sobre la protección que algunos funcionarios policiales les ofrecen a los revendedores de alimentos de primera necesidad en el mercado negro, o llamados “bachaqueros”, a cambio de sumas de dinero. Estas son solo algunas de las denuncias que los ciudadanos han realizado en contra de los funcionarios policiales, que lejos de ofrecer seguridad, se han convertido en otros integrantes del hampa.
El nuevo alcalde de Libertador, también tendrá la tarea depurar la Policía Municipal de Caracas, en donde además sus funcionarios demandan el pago de varios pasivos laborales acumulados.]]>