Este viernes, el Departamento del Tesoro emitió sanciones a cuatro funcionarios del Gobierno venezolano, entre ellos el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, y el exmandatario de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
No es la primera vez que la instancia estadounidense ha invitado a las autoridades venezolanas a «corregir» sus actuaciones. El pasado 15 de diciembre, cinco días después de las elecciones municipales, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que expresaba su preocupación por el déficit de alimentos y medicinas.
En ese sentido, explicaba que tenía una reserva de insumos para ser entregados de forma «inmediata» a Venezuela, pero solo si el Gobierno venezolano aceptaba la ayuda.
Allí mismo, advirtió al Estado venezolano que si quería que las sanciones fueran levantadas, debían actuar «de forma inmediata” para “restaurar el orden constitucional y la democracia” en Venezuela.
Washington ha impuesto sanciones a diversos funcionarios venezolanos durante 2017 por estar implicados en supuestas violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. El clímax de las mismas se registró en los meses de abril a julio, mientras se llevaban a cabo las protestas antigubernametales.
El gobierno venezolano considera como «agresión» e «injerencismo» cada sanción emitida por el Departamento de Estado.