La primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que no contó con la presencia del diputado Julio Borges, aprobó tres acuerdos: dos en rechazo a decisiones del Gobierno y uno que pareciera ser un punto de honor del actual presidente, Omar Barboza.
Se trata de algo que ya había adelantado en su discurso de instalación relacionado a la conformación de una red de solidaridad.
Barboza sostiene que la oposición y el Poder Legislativo no deben «conformarse» con el canal humanitario.
«La propuesta de fondo es que la Asamblea asuma la promoción de una alianza nacional de solidaridad que incluya sectores organizados. Que la Junta Directiva asuma la coordinación creando equipos de trabajo especiales e interdisciplinarios con el objetivo de ayudar a los ciudadanos que menos tienen y que el Jefe de Fracción coordine cómo incluir a todos los diputados», propuso.
Esta propuesta, aprobada por la mayoría, buscaría alianzas con el sector privado y también coordinar con los ciudadanos que estén dispuestos a ayudar.
A propósito del funcionamiento del Parlamento en este nuevo año, se sesionará, por ahora, los martes pudiendo haber convocatorias los jueves. Esto para «garantizar el funcionamiento», informó Juan Guaidó.
Recordó que los parlamentarios tienen más de seis meses sin recibir sueldo, lo que ha significado que muchos estén en una situación complicada. Relató cómo hubo que hacer un «pote» para atender dos emergencias de parlamentarios que tenían los recursos.
En cuanto a las Comisiones, la próxima semana se definirá si hay cambios o no. Hasta ahora, Delsa Solórzano podría repetir en la de Política Interior.
-Evitando la polémica-
Desde su juramento, Barboza ha tenido que lidiar con situaciones polémicas. Y en estas primeras horas, lo ha logrado.
Durante el debate de este martes, el diputado de Prociudadanos, Jose Gregorio Aparicio, solicitó la incorporación de los diputados de Amazonas, sobre quienes aún el Tribunal Supremo de Justicia no ha decidido el recurso contencioso que los mantiene alejados de sus curules y la razón fundamental de que «la casa de las leyes» este en desacato para el gobierno.
Barboza propuso enviar la solicitud a la Consultoría Jurídica para determinar el proceder.
Aunque Aparicio no quedo muy convencido, la propuesta de Barboza fue aceptada.
Sin embargo, Rommel Guzamana, presente en los jardines del Parlamento, pide ser reincorporado así como sus compañeros Julio Ygarza y Nirma Guarulla.
-Banco de Leyes-
A propósito de la aprobación del acuerdo en rechazo a la eliminación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y el Distrito Metropolitano del Alto Apure, así como el apoyo a los trabajadores de estas instancias, el diputado Richard Blanco pidió que la Comisión de Política Interior informe en qué estatus está el proyecto de Ley del régimen del Distrito Metropolitano.
Barboza aprovechó para reiterar su decisión de que en esta gestión se debatan leyes hasta la Segunda Discusión sin enviarlas al Gobierno de forma de tener un «banco de leyes» para «cuando cambie el gobierno».
-Petro o la privatización de «facto»-
La oposición rechazo no solo la creación de la criptomoneda denominada Petro sino que declaró nula tal creación. El diputado Jorge Millán asegura ir está moneda no es más que «la venta a futuro del petróleo venezolano».
Este instrumento económico fue calificado de «engaño» y alertan que estas transacciones pudiesen comprometer a la República con 5700 millones de bolívares adicionales a lo que se debe.
«Ademas, es ilegal porque la ley prohíbe que las riquezas sean comprometidas. Para endeudarse, el gobierno debe pasar la Asamblea», dijo Millán.
Asimismo, advierten que la República no se hará responsable de las deudas que se generen tras la puesta en funcionamiento de esta moneda.
Critican que no hay con qué respaldar ninguna moneda cuando Pdvsa produce cerca de 1700 millones de barriles, de los cuales, 400 están comprometidos a la India; 500 mil a China y 200 mil al Caribe.
«La única industria eficiente que tiene el gobierno es la de la corrupción», sentencian al tiempo que exaltan el detalle de que el gobierno no ha dicho que el Petro se pueda comprar en bolívares.
Los opositores no solo insisten en que se puede convertir en una «maquina para lavar dinero». Agregan que significa la «privatización de facto e hipoteca del futuro» de los venezolanos.
