La importancia de apellidarse Afiuni

Hay apellidos que en Venezuela se diluyen en la multitud: González, Rodríguez, Pérez. Apellidos que se repiten en cada esquina, en cada aula, en cada lista de espera. Afiuni no es uno de ellos. Es un apellido raro, casi solitario. Según registros genealógicos, apenas unas pocas docenas de personas lo llevan en todo el país.

Cuando el poder chavista decidió castigar a una jueza por hacer su trabajo, no le fue difícil apuntar a María Lourdes Afiuni. El apellido inusual demostró, con una claridad casi quirúrgica, que no se trataba de un error o de una confusión burocrática o de una redada masiva. Era a ella a quien querían presa. A ella y a lo que representaba: una justicia que todavía se atrevía a no seguir instrucciones del poder político, pese a que gobernaba el entonces todopoderoso Hugo Chávez.

El 10 de diciembre de 2009, la jueza 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas otorgó medidas cautelares al banquero Eligio Cedeño, quien llevaba más de dos años y medio detenido sin juicio, una situación que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias había calificado de ilegal.

Afiuni aplicó la ley y la recomendación internacional. Horas después, la detuvieron sin orden judicial. Hugo Chávez la llamó “bandida” en cadena nacional y exigió para ella la pena máxima de treinta años. Pasaba a ser una presa política por haber cumplido su tarea en un sistema judicial que se iba alineando con el poder llegando al extremo de vitorear al presidente con “uh ah, Chávez no se va” en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Tras ser condenada sin juicio previo por el propio Chávez, las acusaciones sobre Afiuni llovieron: corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento de la evasión, asociación para delinquir. Se la presentó como una operadora judicial vendida, una mujer que había cobrado por liberar a un “enemigo” del proceso. Sin embargo, la propia fiscalía del caso dejó constancia en el expediente de que no existió contraprestación alguna, ni dinero, ni promesa, ni beneficio económico. Cuando la prueba del soborno se desvaneció, el sistema judicial chavista inventó un delito que no existe en el Código Penal venezolano: la “corrupción espiritual”.

Chávez la había condenado personalmente, y acto seguido el aparato judicial solo construyó las maromas jurídicas para sostener esa condena.

El periodista Francisco Olivares, en su libro “Afiuni, la presa del comandante”, reconstruyó con detalle el infierno que siguió. La jueza fue recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques, la misma cárcel donde cumplían condena muchas de las mujeres a las que ella había sentenciado. Allí, el Estado no solo la privó de libertad: la entregó a un submundo de violencia, corrupción y abandono.

Olivares documenta intentos de ataque con cuchillos, amenazas de prenderla en fuego, agresiones físicas y, sobre todo, violaciones sexuales sistemáticas. Afiuni denunció haber sido abusada por custodios y funcionarios. Quedó embarazada y fue obligada a abortar. Los daños fueron devastadores: le practicaron una histerectomía, le reconstruyeron órganos sexuales, vejiga y ano. Un golpe con bota militar le lesionó un seno. Su salud se deterioró de manera irreversible.

El libro de Olivares no es solo un relato de sufrimiento. Es, en verdad, la radiografía de un sistema carcelario donde el Estado renunció al control y convirtió la prisión en un instrumento de tortura política.

Luego del INOF vino el prolongado arresto domiciliario y la libertad condicional con restricciones absurdas (prohibición de hablar a la prensa, de salir de la ciudad, de votar, de tener pasaporte). A todo esto, Afiuni resistió. El chavismo esperaba que se quebrara, que pidiera perdón, que se arrepintiera de haber aplicado la ley. No lo hizo.

Esa entereza, esa negativa a doblegarse, convirtió su apellido en algo más que una seña de identidad. Afiuni se transformó en sinónimo de dignidad ante el abuso.

Es agosto de 2026, han sido más de 16 años de un largo proceso. Pasaron 13 años de la muerte de Chávez y siete meses de la captura de Nicolás Maduro para que María Lourdes Afiuni recibiera, finalmente, la libertad plena y su caso fuese cerrado definitivamente.

El cierre del caso no repara los daños físicos y psicológicos, los costes económicos y emocionales. Decir que recupera la libertad plena, que es lo justo, en realidad no le devuelve esos años que perdió.

María Lourdes Afiuni se ha convertido en una figura emblemática de Venezuela. No por búsqueda de protagonismo, sino por la fuerza de los hechos. Su apellido, tan poco frecuente, quedó grabado en la memoria colectiva como el de la mujer que el chavismo quiso destruir y no pudo.