AN elevó caso de Óscar Pérez al Comisionado de Derechos Humanos de la ONU

Dos semanas han pasado desde la denominada «Operación Gedeón», en la que el gobierno de Nicolás Maduro puso en práctica para dar con el ex funcionario del Cicpc, Óscar Pérez, y que culminó con la muerte de éste y sus seis compañeros: José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Daniel Soto, los hermanos Abraham y Jairo Lugo y Lisbeth Andreina Ramirez, junto dos personas que, según el gobierno, eran funcionarios. 

Los diputados presentaron un informe preliminar ante la plenaria y pidieron una prórroga de 60 días para mostrar el documento final. 

De la información nueva aportada por los parlamentarios que integran esta comisión, está que el caso fue ya presentado ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como lo informó la diputada Delsa Solórzano, así como el número de militares detenidos que el gobierno estaría relacionando con Pérez. 

Se trata de tres funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), siete primer tenientes y un teniente de la Guardia Nacional, sumado a tres familiares directos de los asesinados. 

Con ellos, suman 32 las personas detenidas, hecho que los diputados califican estas acciones de «forma arbitraria». Los nombres de estas personas las tendrán en resguardo «por seguridad». 

Vale recordar que en relación a este caso, la organización Foro Penal maneja la cifra de 21 detenidos. La diferencia podría estar en los militares.

Aunque el diputado José Luis Pirela planteó la duda de si los cuerpos enterrados serían efectivamente los de estas siete personas, la parlamentaria Solórzano explicó que los cadáveres fueron reconocidos por sus familiares en la morgue y en el cementerio. 

La investigación plantea, entre varios aspectos, el hecho de que los siete cuerpos presentan tiros en la cabeza cómo se evidencia en las actas de defunción. 

«Tienen tiros en la frente, en la sien y por la parte de atrás de la cabeza. Sus familiares vieron los cuerpos y saben además cuántos disparos tienen», indicó Solorzano. 

Esto sería evidencia clara de una ejecución extrajudicial para los parlamentarios. 

También señaló Solorzano que, según el director de la morgue, Lisbeth Andreina Ramírez no estaba embarazada. 

Indicó que lo único que dirá cuál era el estado de estado de los cuerpos a la hora del suceso y lo que les pasó será el informe forense, que exigen se entregue. Hizo hincapié en que lo que contará lo ocurrido entre en el último video difundido por Pérez donde indicaba que se iban a entregar y la respuesta del Mayor, quien les decía que la orden del presidente Maduro era preservarles la vida, serán los funcionarios que participaron en el operativo. 

Sólorzano reiteró que se les ha solicitado tanto al Ministerio de la Defensa como al de Interior que entreguen la lista, lo cual se les ha negado. 

Y es que en este operativo actuaron distintos cuerpos policiales y militares como la Policía Nacional Bolivariana con sus Fuerzas Especiales (PNB/ Faes), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dgcim. 

Este es otro de los puntos de la investigación. El hecho de que hubiese civiles armados participando en el operativo, como el caso de Heiker Vásquez, reconocido como líder del colectivo Tres Raíces por el ministro Freddy Bernal. 

El detalle es que el ministro Néstor Reverol nunca mencionó su nombre sino el de Andrew Gárate y el de Nelson Antonio Chirinos, aunque la lista del hospital Pérez Carreño hablaba de Gárate y un hombre identificado como Roger González. 

Por tal razón y porque las cédulas de identidad no coinciden con ninguno de los nombres, la Comisión también solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que entregue los datos filiatorios así como las actas de definición de estas personas. 

«Hubo órdenes y contraórdenes que culminaron en una masacre», señalan los diputados.  

Pirela, por su parte, calificó de «cobarde» a Maduro por haber celebrado las acciones. 

Sobre las detenciones, Solórzano sostuvo que Eva María Lugo y Laura Vanessa Ruíz Lugo, madre e hija, fueron detenidas por haber escrito «algo» en Facebook. 

También que los familiares han sido víctimas de persecución y allanamientos y en especial, el caso de Dayana Santana, esposa de Díaz Pimentel, quien tiene seis meses detenida para «presionarla», según los diputados, a que entregará a su cónyuge. Una vez muerto, ella sigue privada de libertad en el Sebin. 

Los parlamentarios exigen, además , el pronunciamiento inmediato del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Tarek William Saab y del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz . 

Para Solórzano, hubo una «orden del Ejecutivo» que incluye la destrucción de la escena del hecho.