“Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”, aseguraron los expertos en un comunicado conjunto divulgado este viernes.
El texto es suscrito por Leilani Farha, la relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Hilal Elver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación; Dainius Pūras, relator especial sobre el derecho a la salud; Philip Alston, relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos.
“Se estima que en 2016 más del 50% de la población vivía en pobreza extrema, cifra que sin duda se ha incrementado si se considera que la inflación alcanzó más del 2.400 por ciento en 2017”, subrayaron los expertos.
De igual forma, afirmaron que “la población en Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos” y agregaron que “muchas personas están sufriendo desnutrición, y la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer.”
“El desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud está provocando muertes que se podrían prevenir. Incluso diversos servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país afectando la salud y colocando a alrededor de 15.000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida”.
“Para el final del año pasado, una familia necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar. Otras estadísticas muestran que la desnutrición está afectando ya a 1,3 millones de personas y que en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición,” destacó Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.
“Las restricciones financieras no eximen a los Estados de sus obligaciones básicas. De hecho, las medidas de austeridad que fuesen necesarias, no deben afectar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales” señaló uno de los expertos, Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud.
“En términos del derecho a la salud, los Estados deben garantizar, como mínimo la atención primaria básica de salud para todas las personas, y el suministro de medicamentos esenciales, en particular para los grupos que se encuentran en una situación médica vulnerable”.
Leilani Farha, relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, llamó la atención sobre informes de desalojos forzosos, lo cual se suma a las circunstancias alarmantes que enfrenta la población en Venezuela.
“Hemos recibido información que señala que individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle” dijo la experta. “Sus pertenencias han sido destruidas o confiscadas. El debido proceso y el imperio de la ley no han sido respetados en estos casos”.