Las cifras de violaciones a los derechos humanos no paran de subir. Alfredo Romero, director de Foro Penal Venezolano, ofreció un balance actualizado que apuntó que existen 234 presos políticos.Los números varían pero negativamente. En la medida que liberan presos encarcelan a otros. Sólo 31 personas han sido condenadas mientras que 139 no han podido defenderse. Muchos llevan más de tres años tras las rejas, de presentación en presentación para terminar con audiencias diferidas confirmó Romero.
“96 de estas personas ni si quiera han tenido la audiencia preliminar”, alertó
Entre el total de detenidos, un menor de edad con arresto domiciliario destacó entre los demás. Otras cifras que indicó Romero es que de los presos políticos, 61 son menores de 35; 55 mayores de 35, mientras que 18 son mujeres y 54 militares.
La población estudiantil continúa como la más violentada, puesto que encabeza la cantidad de apresados.
Tres personas están con boletas de excarcelación pero el Sebin no los libera. Entre estas historias, Romero tomó en cuenta la del hijo del alcalde del municipio Ejido en Mérida, Juan Pedro Láez que luego de siete meses en el Helicoide, ni siquiera ha sido presentado ante tribunales.
Otro caso es el de Jeison Jiménez, a quien secuestraron el pasado 4 de enero 2018 y su familia denunció su desaparición forzada y al día siguiente apareció con múltiples golpes. El 17 de enero intentó salir del país y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvo. Fue presentado el 19 de febrero en tribunales, pero la orden, donde se establece que esa persona debe ser encarcelada, fue emitida dos días antes de su captura.
El director de Foro Penal Venezolano, explicó que toda violación de Derechos Humanos está siendo remitida al tribunal internacional de La Haya, órgano que hace un seguimiento continuo a los pasos que da el Gobierno a cada acto de tortura y maltrato del cual el venezolano es victima por su tendencia política.
Por otra parte, Gonzalo Himiob, también director de la misma organización, se refirió a las elecciones del 22 de abril y a su juicio, el proceso comicial convocado tiene «faltas de transparencia y legimitidad» por la forma en la que fueron convocadas y por la persona encargada de hacerlo, Diosdado Cabello.
«La Asamblea Constituyente, si fuera legal, no tiene competencias para interferir en la vida política de la nación, haciendo llamado a elecciones, porque eso no lo dicta la Constitución. Ese proceso nació viciado, y el Foro Penal continuará con el registro de violaciones a los derechos y a la Constitución, porque va contra lo correcto», aseveró Himiob.
En el lugar estuvieron presentes representantes de la organizaciones Human Rights Watch y J.F. Kennedy, así como familiares de los presos políticos y asesinados en la masacre de El Junquito, tal fue el caso del primo de José Pimentel.