Venezuela

¿La observación internacional será otra cortina de humo de Maduro?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) apartó la figura de la observación internacional en el país desde 2010 y a partir de entonces, utilizó la figura del acompañamiento para dar aire de legalidad en los comicios en Venezuela. Esta vez, frente a las presidenciales -altamente cuestionadas- del próximo 22 de abril, autoridades como Tibisay Lucena o el canciller Jorge Arreaza aseguran haber enviado invitaciones como a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad del Caribe (Caricom) para una misión de observación internacional, pese a no contar con el tiempo suficiente para ello.

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FOTOGRAFÍA: Zurimar Campos/AVN/Archivo

Por orden constitucional, las elecciones presidenciales deben convocarse con al menos seis meses de antelación y si se quiere contar con entes internacionales que observen los comicios tendrían que ser invitados al momento de la convocatoria.

El internacionalista, Daniel Merchán, explicó que esto no es un proceso automático porque «la ONU tiene que designar una misión lo suficientemente diversa y plural para que pueda ser parte de la observación internacional y esa delegación tendría que contar con verificación y aprobación de todas las partes que hacen carrera en estas elecciones».

En el caso de las presidenciales, el ente comicial inicialmente se negaba a aceptar misiones de observación internacional –a pesar de haber sido una de las condiciones que puso la oposición sobre la mesa de diálogo fallido en Dominicana- pero al pasar los días hubo más incertidumbre con respecto a las garantías que el Ejecutivo ofrecía para este evento electoral.

Más de 14 países se pronunciaron en contra de la convocatoria por no considerarla lo suficientemente transparente ni con las condiciones mínimas exigidas para que sean justas. Con solo 17 partidos políticos aptos para postular candidatos, de los que 12 pertenecieron o actualmente son del gobierno, el CNE parecía hacer caso omiso y continuar con las elecciones sin presentar mayores condiciones de transparencia, hasta que Arreaza comunicó el pasado martes 20 de febrero que le fue hecha una invitación a la ONU.

“Ayer conversamos con el Secretario General (de la ONU, Antonio Guterres) al respecto. Esperamos respuesta ahora de Naciones Unidas”, dijo Arreaza en una rueda de prensa en Ginebra, donde participó en la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y luego, Lucena confirmó la información.

Con esta jugada, el gobierno cambia la dinámica establecida desde 2010, pero expertos y políticos no ven tan factible que las misiones se den en el país a falta de tiempo.

Para Marialbert Barrios, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) “no existe que una misión de observación internacional se haga en un mes. Si el gobierno realmente hubiese querido tenerla, la habría convocado al mismo momento de llamar a elecciones”.

Merchán concuerda con Barrios en que el tiempo no es suficiente para una conformación completa de una misión. Sin embargo, dijo que es raro que estas organizaciones se nieguen a participar como observadores internacionales de unas elecciones luego de ser invitados.

“Pudiera hacerlo si considera que no tienen el tiempo ni la medición completa de lo que es el proceso y sobre todo si hay manifestaciones claras de que no están dadas las condiciones electorales. La ONU no necesariamente es un actor que rechace las invitaciones; por lo general tiende a participar para que los procesos de integración y participación sucedan pero genera suspicacia que no se haga la invitación para otros organismos calificados como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE)”.

El politólogo Carlos Raúl Hernández contó que cuando un país no acepta una misión de observación levanta sospechas porque “no quiere que lo vean actuar”, pero “últimamente el gobierno está dando pasos para dar una sensación de normalidad aunque no sea verdadera”.

“Más bien lo que extraña es que algún país la rechace. En este caso, a quien le corresponde ejercer las funciones de observación internacional es la Organización de Estados Americanos (OEA) pero se ha pronunciado de una forma abierta en contra del gobierno, incluso el Secretario General (Luis Almagro) ha estado en conflicto abierto con el ejecutivo venezolano”, detalló.

También es el caso de la UE y sus misiones de observación internacional. El pasado 22 de abril, los países europeos sancionaron a siete altos cargos del chavismo y al canto de “a más sanciones, más elecciones”, la respuesta oficial fue una convocatoria a presidenciales.

Merchán aseveró que “el gobierno trata de refugiarse en la ONU porque ha sido el organismo que ha estado más a la expectativa de lo que pueda suceder en el país con la crisis”

En la Declaración de principios para la observación internacional de elecciones y Código de Conducta para observadores internacionales de elecciones de la ONU se establece que “una organización no debe enviar una misión internacional de observación de elecciones a un país en condiciones que hagan probable que se interprete que su presencia otorga legitimidad a un proceso electoral claramente no democrático, y en toda situación de esa índole las misiones de observación internacional de elecciones deben formular declaraciones públicas en las que aseguren que su presencia no implica esa legitimidad”.

La figura bajo la que el gobierno se ha arropado los últimos años tiene una particularidad. El acompañamiento internacional no puede hacer declaraciones públicas, cosa que lo diferencia de una misión de observación, así como la autonomía que tiene este último para actuar y tomar decisiones al momento de las elecciones.

“El acompañamiento es simplemente una observación sin poder indagar más allá de lo que la agenda de la autoridad electoral impone, es decir, el CNE desarrolla las visitas, hacia dónde se van a dirigir, no hay un rango de autonomía y cuando se emiten los informes, están muy ligados a una tendencia política”, aseguró Merchán.

Entre los entes que han acompañado los comicios venezolanos se cuentan organizaciones como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela), quienes comunicaron anteriormente que las elecciones en el país son transparentes.

Con una oposición prácticamente nula en estas elecciones, luego de que la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que no participaría en los comicios, la inhabilitación de las toldas Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) y 12 organizaciones políticas que anteriormente fueron del ejecutivo o lo son actualmente, el gobierno juega a ganar puntos con la carta de la observación internacional.

Para Barrios, Merchán y Hernández lo que está haciendo el gobierno es “mostrarse al mundo como un gobierno democrático y con elecciones libres”.

La también diputada a la Asamblea Nacional afirmó que “sigue desenmascarado ante el mundo como uno que no es democrático, que no respeta garantías, ni al parlamento, ni a la constitución”.

Merchán, por su parte, explicó que Venezuela “es un país que cada día es más sancionado y este llamado a una observación internacional viene dado por toda la presión internacional que existe sobre un país que evidentemente camina hacia una elección desconocida por una gran parte del mundo. Es un llamado algo desesperado para intentar generar condiciones a una elección que por donde se le mire, no va a ser reconocida”.

Sin embargo, la participación de una misión internacional de observación no necesariamente implica que las elecciones y sus resultados van a ser reconocidos porque los países que han señalado la ilegitimidad de los comicios pueden “hacer caso omiso a las opiniones de los técnicos que participen en una misión”.

“En medio del llamado a elecciones y el envío de la invitación a organizaciones internacional se han dado muchas actividades proselitistas que rompen las reglas del juego entre quienes compiten por la presidencia en Venezuela”, terminó Merchán.

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