La Cancillería de la República entregó este jueves una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda, por permitir la celebración en su territorio de la sesión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, en la que se dio pie al inicio del proceso contra el presidente Nicolás Maduro por corrupción.
En un comunicado, se informó que la nota de protesta fue entregada por el viceministro para América Latina del Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, Alexander Yánez, a Castañeda, «por los hechos acaecidos en la sede del Congreso del país vecino, el pasado 3 de abril».
Ese día, la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz entregó a los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional pruebas para que esta corte abriera un juicio a Maduro por su presunta participación en los sobornos de la constructora Odebrecht.
Ante ello, el llamado Supremo en el exilio determinó que «hay mérito suficiente para enjuiciar a Nicolás Maduro, existiendo causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales».
El gobierno señaló en el comunicado que los magistrados del Supremo en el exilio son un grupo «de abogados usurpadores de funciones» y que realizan una «simulación de actos públicos que son de la exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela».
La nota de protesta se conoce luego de que el actual fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, hiciera esta petición a la Cancillería.]]>
Las denuncias por acoso de múltiples víctimas de Rebeca García no procedieron hasta el pasado #7May. Según abogados y especialistas de género, cada argumento de las autoridades deja clara una situación: el Estado tiene la responsabilidad de que ellas no consiguieran justicia a tiempo y todo se debe a una interpretación específica de la ley
Los hermanos Rebeca García y Francisco García tienen múltiples denuncias en su contra por acoso. La mayoría de sus víctimas son mujeres que llevan años siendo perseguidas y hostigadas. El fiscal ordenó aprehenderlos, pero el Ministerio Público dijo horas antes que "no hay ninguna ley que proteja el acoso de mujer contra mujer"
Se trata de la decisión más radical del país sudamericano tras las múltiples críticas de Petro a la respuesta del ejército de Israel en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques del grupo terrorista Hamás
