Las denuncias por acoso de múltiples víctimas de Rebeca García no procedieron hasta el pasado #7May. Según abogados y especialistas de género, cada argumento de las autoridades deja clara una situación: el Estado tiene la responsabilidad de que ellas no consiguieran justicia a tiempo y todo se debe a una interpretación específica de la ley
El nombre de Rebeca García era conocido para un grupo de personas afectado por sus erráticas conductas. Sin embargo, la denuncia pública de Andreína De Trindade en redes sociales consiguió un efecto de bola de nieve. Sucedió entonces que la indignación dio pie a una preocupación colectiva por el riesgo que significaba convertirse en la obsesión de la joven. A pesar de ello, la inacción de las autoridades se prolongó.
Dos víctimas se acercaron este martes 7 de mayo a denunciar en el Ministerio Públicos y funcionarios dijeron que el acoso de una mujer contra otra mujer no procedía. Mientras ellas denunciaban, el fiscal general Tarek William Saab decía que dos fiscalías investigarían los casos. Pero, una vez más, ellas quedaron desprotegidas.
El Estímulo consultó al abogado Joel García, defensor de activistas por los DD.HH y políticos, y reunió aclaratorias de otros especialistas sobre las razones detrás de la reacción de la justicia. Esto es lo que debes saber:
García explica que una de las razones detrás de la respuesta del Ministerio Público es que el delito de acoso solo está incluido en la «Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia«, una ley que a su criterio considera como sujeto activo o agresor únicamente al hombre.
«Según esta ley, la justicia no puede ser aplicada para ella (Rebeca García) porque ella es mujer y su objeto es establecer o minimizar la violencia contra las mujeres en función de la desigualdad de género», dice el abogado.
El abogado agrega: «Esa ley pudiera aplicar a una mujer si, y solo si, la mujer que comete el hecho actúa junto a un hombre, pero si actúa sola no. Si actúa con un hermano, como parece ser el caso, entonces sí pudiera procesarse el delito de acoso y hostigamiento».
Esta es la misma interpretación que le han dado funcionarios del Ministerio Público y, en consecuencia, la respuesta que consiguieron las víctimas que intentaron denunciar a Rebeca García el pasado martes 7 de mayo.
Sin embargo, Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, detalla que «ninguna de las modalidades de acoso previstas en la “Ley Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” exige que el perpetrador (sujeto activo) sea un hombre».
Los artículos de la ley están descritos con un sujeto activo genérico, que puede ser un hombre o una mujer.
La periodista especialista en género, Gabriela Mesones Rojo, expresó que el problema es que las autoridades venezolanas solo conciben que el acosador sea un hombre: «Decir que la violencia de género solo la pueden ejercer los hombres es una locura, pero negarse a tomar una denuncia porque la persona que agrede no es un hombre es realmente surreal y va precisamente en contra de todo lo que plantea la ley».
Las víctimas han declarado que Rebeca García tiene un diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad y ese ha sido uno de los argumentos de las autoridades para no actuar ante las agresiones y el acoso que denuncian las víctimas.
Sin embargo, Joel García aclara que el hecho de que una persona tenga una enfermedad mental no evita que una víctima pueda denunciar. El asunto es que la ley consideraría que la agresora o agresor inimputable «no puede ser culpada por los hechos porque es una enajenada mental». Eso quiere decir que el accionar debe ser otro como, por ejemplo, adoptar medidas de seguridad contra la persona.
«Una medida debe ser internarla en un psiquiátrico porque es un peligro que esté libre», dice García. Esto ha ocurrido con Rebeca García, pero sus víctimas han explicado varias veces que siempre vuelve a salir de los centros de salud mental e intensificar el acoso.
Una de las causas detrás de la situación, que pone en riesgo a la agresora y sus víctimas, es que en Venezuela apenas hay 48 psiquiátricos públicos activos y la mayoría no cuenta con recursos. Eso implica que muchos pacientes, así cuenten con recursos económicos, estén vulnerables y sin control.
Rebeca García ha ingresado a propiedades privadas sin permiso y también visitado los sitios de trabajo de sus víctimas. Daniela Barranco, una cantante de Caracas que también sufrió acoso, dijo que una vez la mujer subió hasta su ventana.
Ante estas situaciones, Joel García apunta a que las víctimas tienen la opción de denunciar por violencia a los bienes porque es una amenaza a la integridad física. No obstante, resalta que estos delitos solo se procesan por resultados, es decir, cuando se materializan. Considera que no se avanza porque «son vacíos que están en la ley».
Las personas acosadas por Rebeca García han hecho lo que la lógica les indica en materia legal, no obstante la justicia estanca sus casos por las condiciones anteriores. Frente a eso, Joel García recomienda: «Está la opción de denunciar los hechos como un atentado al honor, a la reputación, a la integridad y que sea el MP quien busque la adecuación típica, que la ubiquen en alguno de los tipos penales que pueden existir para ponerle un control».
Sobre la acción de la familia de Rebeca García explica: «La responsabilidad penal es individual. No se puede transferir a otras, pero sí hay manera de exigir que sean garantes o eviten que sucedan daños mayores. El Estado tiene una responsabilidad y es hacerle ver a los responsables de estas personas que deben que internarla porque si bien es cierto que no comete un delito, tienen que cuidarla».
Al momento de escribir esta nota, y tras varias horas de presión en redes sociales, Tarek William Saab ordenó detener a Rebeca García y su hermano Francisco García por los delitos de incitación al odio y exhibición de pornografía infantil.
El fiscal no habló sobre el diagnóstico psiquiátrico de ambos, algo que ha pesado para no proceder frente a las denuncias anteriores. Tampoco los acusó de acoso.
Joel García cree que una de las medidas que se debe tomar, para evitar la inacción frente a un caso similar, es que la Asamblea Nacional legisle para especificar en el tipo penal cómo proceder cuando el agresor es una mujer. Otros especialistas son más claros: solo se debe aplicar lo que ya está escrito.
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