La reunión contó con la presencia de los Presidentes del Senado de Colombia, Efrain Cepeda, de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, de la Asamblea Nacional venezolana, Omar Barboza, entre otros parlamentarios de Latinoamérica y el Caribe que de manera unánime acordaron la creación de una legislación común que responda a la crisis que viven millones de venezolanos que han tenido que huir por las persecuciones del gobierno o por la hambruna que padece la nación.
Por lo tanto, decidieron como parte del acuerdo suscrito en el puente internacional Simón Bolívar, convocar a la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (Ocha) para coordinar acciones logísticas y presupuestarias para atender a los migrantes venezolanos que ingresen a los países participantes en el acuerdo, como también crear fondos de cooperación para la atención de ellos.
La concesión de refugio a dirigentes y funcionarios elegidos por voto popular a partir de 1998, fue otro de los puntos acordados, así como facilitar la permanencia y tránsito de venezolanos con documentos y pasaportes vencidos, ante la imposibilidad y negligencia del gobierno venezolano para otorgarlos.
Frente a los casos de corrupción que se han comprobado por parte de funcionarios del gobierno que han generado la pérdida del patrimonio de los venezolanos, anunciaron la creación de las Unidades de Inteligencia e Investigación Financiera, y adaptar las legislaciones para incautar y congelar capitales de altos funcionarios del gobierno.
Los parlamentarios también aprobaron de manera unánime revocar visas o limitar el ingreso de funcionarios del gobierno a los países que suscriben la declaratoria.
El desconocimiento a los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro fue rechazado por unanimidad por los parlamentarios que propusieron una nueva convocatoria electoral para Venezuela, con condiciones integras y transparentes que garanticen la legitimidad en los resultados.