En el marco de la campaña Instinto de Vida, las organizaciones entregarán el documento a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
El manifiesto exige -entre otras cosas- un control de armas real, así como que disminución de la producción de balas, y que estas sean debidamente marcadas por parte de la Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM).
El documento surge, según específica el mismo, en un contexto donde no se han llevado a cabo medidas efectivas para el desarme y la defensa de la ciudadanía en un marco respetuoso de los derechos humanos, tal y como se estipula en el artículo 281 de la Constitución.
El texto destaca que los operativos militarizados como las llamadas OLP (Operación de Liberación del Pueblo) han engrosado las cifras de homicidios por ejecuciones extraoficiales, que justifican con supuestos enfrentamientos entre bandas delictivas y cuerpos policiales.
El manifiesto había sido expuesto por primera vez a la opinión pública el pasado 21 de mayo de 2017, en la Plaza Brión de Chacaíto durante el desarrollo de una protesta pacífica.
Con información de nota de prensa