ONG considera que en 2017 se dio el "paso formal" a la dictadura en Venezuela

En principio, la gran protagonista del informe es la Asamblea Nacional Constituyente, desde su convocatoria por el presidente Nicolás Maduro el primero de mayo de 2017 -sin apelar a consulta popular- hasta el día de la elección, el 30 de julio.
El documento critica el hecho de que, con el aval del TSJ (sentencia Nº 455), el Presidente haya dictado «discrecionalmente» las pautas comiciales al establecer un sistema sectorial y territorial, al tiempo que detalla que durante la campaña y el día de la elección «se denunciaron prácticas violatorias de derechos humanos tales como la coacción y el hostigamiento a los empleados públicos», además de destacar la postulación de candidatos de una sola tendencia política.
Ello sin dejar de mencionar que según el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) el CNE omitió catorce auditorías y setenta actividades tales como capacitación de miembros de mesa, ensamblaje del material electoral, impresión de boletas no válidas para formar al elector, entre otras.
Con el agravante de que un alto representante de la empresa Smartmatic en Londres, Antonio Mujica, advirtió sobre la manipulación de “al menos” 1 millón de votos en el polémico evento, reseña el dossier.
Por otro lado, Acceso a la Justicia califica como «otra vía de acumulación de poder por parte del Gobierno» la extensión reiterada del estado de excepción por emergencia económica, que de acuerdo al artículo 338 de la Constitución no puede durar más de 120 días, pero que ha sido prorrogado seis veces desde que fue decretado el 14 de enero de 2016, sin que lo haya aprobado la Asamblea Nacional.
Esto le ha permitido al jefe de Estado legislar en materia socioeconómica, manejar el presupuesto nacional y destinar los recursos públicos a voluntad sin control del Poder Legislativo.
El informe,  que cataloga la administración de Nicolás Maduro como una dictadura moderna, también se resalta «el uso de la justicia militar contra  la disidencia», sobre todo durante las protestas antigubernamentales del primer semestre de 2017.
«Al no contar con una fiscal general que para ese momento cediera a sus peticiones, el Gobierno usó a los tribunales castrenses para procesar a 757 civiles por delitos de naturaleza estrictamente militar como la rebelión. Hechos que fueron reconocidos y rechazados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 168º período de audiencias en mayo de este año», precisa el texto.
Se incluye en el listado de arbitrariedades acreditadas por el sistema judicial venezolano la represión a magistrados juramentados por la AN,  el amedrentamiento de políticos detenidos, la persecución contra la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz, y «la eliminación de derechos ciudadanos» de Teodoro Petkoff, director del diario TalCual.
Según la organización no gubernamental, de marzo a diciembre de 2017 la inestabilidad política aumentó con un mayor número de manifestaciones reprimidas, junto con un creciente autoritarismo del Estado avalado por las sentencias de la Sala Constitucional y de los tribunales militares.
El TSJ en cifras

Acceso a la Justicia en 2017 consideró, por lo menos, 76 sentencias emanadas por el  TSJ como violatorias de los derechos humanos. De estas, 33  fueron en contra de la AN, la cual fue anulada en su totalidad. De la treitena de fallos, diez afectaron la función contralora del Parlamento, 15 su capacidad legislativa y siente la organizativa.
El resumen recoge 43 veredictos que denuncia el uso de la administración de justicia contra funcionarios adversos al Gobierno: el de 17 alcaldes de oposición; el de el para entonces gobernador de Miranda, Henrique Capriles; así como de la fiscal destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz; los diputados de la AN, Gilber Caro, Germán Ferrer y Freddy Guevara; más los magistrados del TSJ designados por el legislativo.
En cuanto a las cifras principales sobre la gestión del gobierno del Poder Judicial, se muestra que el TSJ decide casos atrasados y es poco eficiente, porque a pesar de recibir 4.903 nuevos expedientes y decidir 5.528, estos últimos en su mayoría son casos de años anteriores.
La ONG cotejó el tiempo de decisión de los casos, dependiendo si el recurrente es progobierno o tiene intereses contrarios. Los resultados arrojaron que de las 9 sentencias en las que el solicitante fue directamente el jefe de Estado, el tiempo promedio de respuesta fue de 6 días; el de diputados oficialistas, 14 días (13 sentencias); y de los ciudadanos progobierno, 34 días (32 sentencias), y en todos los casos la respuesta fue positiva.
Por el contrario, en el caso de tres demandas de diputados opositores se dio respuesta en promedio de 818 días, 180 días en dos casos de ONG, y 29 días en siete casos de ciudadanos contrarios a las políticas gubernamentales. La respuesta en todas las causas fue negativa.
A consideración de Acesso a la Justicia, que tras el año 2016 estableció que «el  TSJ acabó con la democracia en Venezuela», durante 2017 el Máximo Tribunal dio «paso formal a una dictadura» en el país.
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