El decreto de la gobernación de Apure es inconstitucional porque vulnera el derecho al libre tránsito de quienes habitan el estado llanero y además es una invasión a las funciones de la Asamblea Nacional. Conoce más sobre esta orden
"(...) en vista del quiebre institucional ya existente en Venezuela, el Gobierno de Maduro aprovechó (la pandemia) para policializar y militarizar aún más el país, así como para darle el último zarpazo a la Asamblea Nacional, democráticamente electa en 2015, y al derecho al voto, al organizar unos nuevos comicios parlamentarios, en los que se podía votar, pero no elegir", señala el informe de 2020
Las elecciones parlamentarias son cruciales, no solo para renovar la Asamblea Nacional, sino para la definición de futuro del modelo político para el país.
Durante la presentación del informe anual este miércoles 17 de julio, el codirector de la organización Accesos a la Justicia, Alí Daniels, aseguró que la ausencia parcial o total del estado venezolano en la toma de decisiones políticas son las que han colocado al país es una situación de "emergencia humanitaria compleja", un término que asegura es muy utilizado para las naciones en conflicto
El observatorio venezolano de la justicia, Acceso a la Justicia, confirmó que el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirma el quiebre constitucional y la violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela.
La ONG Acceso a la justicia detalla en cuatro puntos el porqué la propuesta hecha por Nicolás Maduro de adelantar para este mismo año los comicios parlamentarios, constitucionalmente previstos para 2020, constituiría, de concretarse, una violación flagrante a la Carta Magna
Acceso a la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro, señaló que la decisión del gobierno venezolano de elevar a más de 3.300% el salario "tiene efectos demoledores sobre el patrimonio de las empresas, y el pasivo del Estado, ya que dispara la base de cálculo de todos los conceptos, en especial las contribuciones parafiscales de seguro social, fondo de ahorro de vivienda, INCES e Impuesto Sobre La Renta (ISLR)" Según la organización privada, la consecuencia "más dramática" del paquetazo económico anunciado por el presidente Nicolás Maduro es el efecto en el cálculo de las prestaciones sociales "debido a que por causa de la hiperinflación, prácticamente a todo trabajador se le paga su liquidación a último salario, por lo que el pasivo laboral contingente de prestaciones de la empresa aumentaría en un orden cercano a 35 veces".
La ONG Acceso a la Justicia publicó su informe correspondiente al año 2017, en el que se analizaron procesos y decisiones emanadas durante 12 meses por los poderes públicos venezolanos, principalmente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Constituyente (ANC), y concluyó que el país dio "paso formal" a la dictadura, con el respaldo de las instituciones.
El eterno estado de excepción, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el aplastamiento del derecho a la protesta ciudadana constituyeron tres golpes fulminantes contra la Constitución nacida en 1999, tan defendida y a la vez tan vulnerada por el poder político que habita Miraflores, resume un análisis de la ONG Acceso a la Justicia (Observatorio Venezolano de la Justicia).
Imagínese usted que estamos en presencia de un vigilante en un colegio de educación secundaria, encargado de evitar que entren los niños sin uniforme y, además, que terceros roben bienes del colegio.
La Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia (Observatorio Venezolano de la Justicia) preparó un estudio especial para explicar a los votantes los detalles de la consulta popular, o plebiscito convocada para este domingo 16 de julio por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en toda Venezuela y en varios países de América, Europa, Asia y Oceanía: La consulta popular (artículo 70 de la Constitución) busca el pronunciamiento ciudadano sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como la renovación de los poderes públicos, frente al proceso constituyente que fue emprendido por el Ejecutivo Nacional sin previo referendo aprobatorio por parte de la población venezolana.
Entendido como la relación superior entre el número de reos y la capacidad del espacio donde están recluidos, el hacinamiento carcelario siempre ha sido un motivo de preocupación para las organizaciones civiles que evalúan de forma constante la situación de los centros de reclusión en el país y una piedra en el zapato para la gestión de cualquier organismo público en el área.
El 16 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un poder público totalmente controlado por el chavismo, dictó un par de sentencias que pasaron un tanto desapercibidas en medio de las protestas callejeras que hoy cumplen dos meses, en un país donde los medios tradicionales de comunicación ejercen la censura o la autocensura sobre temas de interés público.
Desde el año 2000 solo siete de los 84 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han completado su período de 12 años que les otorga el artículo 264 de la Constitución, señala un análisis de la Organización no Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, intitulado: “El TSJ: La joya que pocos han podido retener”, sobre el Poder Judicial, convertido hoy en el centro de la crisis política que se agudiza en Venezuela.
La ONG Acceso a la Justicia (Observatorio Venezolano de la Justicia) completó una minuciosa investigación sobre los magistrados integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, en la que destaca que la mayoría de los miembros de la poderosa Sala Constitucional no cumple requisitos constitucionales para ejercer esos cargos.
La ONG Acceso a la Justicia ha denunciado, lo que considera, 10 evidencias del abuso de poder de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la Sentencia N°9 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitida el primero de marzo, que limita los poderes del Parlamento
Si se respetan los tiempos establecidos por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la designación de los nuevos magistrados no debe hacerse antes de que esté instalada la Asamblea Nacional recientemente electa, aseguró este miércoles la ONG Acceso a la Justicia.