Más de 30 Organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil expresaron este 10 de agosto su preocupación por la detención arbitraria del diputado Juan Requesens, señalado por el Gobierno de Nicolás Maduro de ser un "colaborador" en los sucesos del pasado sábado en la avenida Bolívar, que según el Ejecutivo es un atentado en contra de la figura del jefe de Estado.
Recordaron que el procedimiento que se llevó a cabo por parte de los funcionarios del Sebin en contra de Requesens para detenerlo a él y a su hermana Rafaela, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, «está al margen del Estado de Derecho y viola la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución».
En ese sentido, subrayaron que la detención de un parlamentario solo puede hacerse cuando comete un hecho en flagrancia y en ese caso, debe ser llevado a su casa y no a prisión. Además, ha permanecido incomunicado, lo que viola el debido proceso.
También criticaron los argumentos del Tribunal Supremo de Justicia para despojarle de su inmunidad al decir que era algo «débil» decir que habría cometido “delitos de naturaleza permanente”; un proceso sumario y violatorio del debido proceso que fue remitido a la Asamblea Constituyente «que en pocas horas allanó su inmunidad parlamentaria, a efectos de que fuese juzgado en tribunales ordinarios a pesar de que se le imputa el delito de traición a la patria. En el caso de que un alto funcionario, entre ellos los diputados, fuesen imputados por delitos de naturaleza política, el proceso penal debe desarrollarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, en única instancia».
Respecto al video difundido por el Gobierno este viernes, que sirvió para dar fe de vida del parlamentario, es considerado por estas ONG’s que el mismo va en contra del numeral 5 del artículo 49 de la Constitución establece que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma.
«Lamentablemente, la Defensoría del Pueblo no ha cumplido con su deber de contener los abusos de poder; por el contrario, ha cohonestado los atropellos cometidos por cuerpos de seguridad, fiscales, jueces e integrantes de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente».
Por ende, exigen a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y al Poder Judicial que garanticen los derechos humanos del diputado Juan Requesens, y «que emprendan las investigaciones correspondientes para juzgar y sancionar a los responsables de su detención arbitraria y enjuiciamiento sumario», así como la intromisión del Ejecutivo en la administración de justicia, por lo que piden que el «atentado» contra Maduro sea investigado «con independencia y autonomía».]]>
"Esa oficina se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones y más bien asesorar la reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren, de repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna", dijo Maduro en su programa de televisión
En una primera acción de Nicolás Maduro, quien pide a Estados Unidos "pasar la página" de las conflictivas relaciones bilaterales, y tras el levantamiento parcial de sanciones petroleras, salen de la cárcel los primeros cinco presos políticos la medianoche del 18 de octubre. El ex diputado Juan Requesens logra la libertad plena, además de Roland Carreño.
El informe acusa al Estado de recurrir a "amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, a la difamación y a la censura" para "sofocar a la oposición"
