Sin dinero y fuera del país. Quizás, ese sea un escenario previsible para cualquier persona que decide irse de Venezuela. Un riesgo que se asume de forma consciente cuando alguien emprende una nueva vida pero, ¿qué pasa cuando ese escenario llega de golpe ya que te sacan a algún otro destino con trabajo y de repente, te dejan de pagar? ¿Y qué pasa si es el Estado quien lo hace?
Según la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, al mes de julio hay 696 venezolanos trabajando en el servicio exterior. Una de esas 696 personas es María (nombre cambiado a petición de la funcionaria que prefirió el anonimato).
El Estímulo pudo conversar con esta funcionaria que trabaja en una sede diplomática de Venezuela en Estados Unidos. El lugar también se mantiene en resguardo a petición de la funcionaria.
María tiene 20 años trabajando en la Cancillería y tres en el servicio exterior. Desde hace dos años, cuenta, se presentan los problemas con el pago a la nómina diplomática que ha provocado inestabilidad, descontento y renuncias masivas en el servicio exterior de la revolución bolivariana.
Unos problemas que se han ido identificando pues han pasado de un retraso de “días” hasta llegar a seis meses sin recibir su remuneración como se encuentran actualmente.
Dos años, es decir, mucho antes de las sanciones financieras que impuso Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. Una aclaratoria que hace la propia María por cuanto la respuesta recurrente de las autoridades venezolanas ha sido justificar el retraso en los pagos, aludiendo esas sanciones.
A los trabajadores del servicio exterior se les paga a fin de mes. Dependiendo del escalafón, un trabajador del servicio exterior puede ganar entre 3.000 a 5.000 dólares. La mayoría de trabajadores no reciben su pago desde marzo. Ya para enero de 2018 tenían un retraso de cuatro meses, coinciden varios funcionarios de la Cancillería consultados por El Estímulo.
María cuenta que el único momento en el que estuvieron “al día” fue durante la gestión de Samuel Moncada en junio de 2017, pero Moncada solo duró dos meses en el cargo.
El problema, o mejor dicho, los problemas del impago es que éstos trabajadores están fuera del país. Tienen compromisos de pago de alquiler, créditos, comida, por lo mínimo. Y a su vez, el incumplimiento de esos compromisos, les genera a ellos riesgos legales según el país en el que se encuentren.
Por ello, muchos, la mayoría, ha tenido que recurrir a “matar tigres” aún y cuando esto es ilegal pues tienen permiso como trabajadores de una sede diplomática.
Cuidar niños, perros, ancianos, limpiar casas. Utilizar el carro para hacer traslados, vender ropa en tiendas de segunda mano y alquilar un sofá, un cuarto o la casa completa es parte de lo que tienen que hacer muchos venezolanos a los que el Estado ha dejado desasistidos.
En el caso de María, ha tenido que cuidar niños, ancianos y alquilar primero el sofá, luego un cuarto. Después los dos cuartos y ella tener que dormir en el sofá para poder hacer frente a sus gastos.
María tiene un hijo menor de edad. No paga colegio porque es público y “afortunadamente”, dice, al niño le dan comida. Sin embargo, María tiene gastos: alimentación, el crédito de la tarjeta que debe pagar, en fin, subsistir.
Ella cuenta que muchos de sus compañeros han sido desalojados por no poder pagar. En varios países, el personal está durmiendo en las sedes diplomáticas.
– ¿Qué les dicen las autoridades consulares?
“Bueno, eso es un problema porque los reclamos son vistos como un gesto de deslealtad y de traición. Dicen que no debemos politizar el caso y que debemos ser pacientes”.
Una paciencia que ha durado seis meses. Una paciencia de personas sometidas diariamente a tener que ver cómo van a vivir en un país que no es el suyo.
Los trabajadores del servicio exterior también tienen que resolver, en muchos casos, cómo hacer con sus hijos. Llevarlos al trabajo no es opción porque “está prohibido. No puedes llevar niños a reuniones de Estado”, explica María y no hay dinero para pagarle a una persona “tampoco puedes dejarlos solos en casa porque te puedes meter en problemas con el gobierno (EEUU)”, continúa Maria.
-¿Por qué esperaron tanto para denunciar lo que ocurre?
“Por miedo. Hay mucho miedo a represalias. Muchos tenemos familia en Venezuela y no queremos que les pase nada. Hay una concepción errada (gobierno) sobre exigir. Creen que eso es traición”.
Pero además, tanto los trabajadores en el servicio exterior como los de Cancillería denuncian que se “ha acabado” con la profesionalización porque se abren plazas a personas sin concurso.
“Frustrada, en depresión, en orfandad”, así dice sentirse María al ver cómo se acumulan las deudas y no hay un panorama claro en cuanto al pago por su trabajo.
Renunciar, aunque lo han hecho varios, tampoco se ve como opción porque no hay seguridad en que le paguen lo adeudado.
“Somos como esclavos en este momento”, sentencia María.
Pero no solo se les debe a los trabajadores del servicio exterior, algunas sedes diplomáticas, las alquiladas, son objeto de amenazas de desalojo por retrasos en el pago como ocurrió en Australia.
La renuncia de altos funcionarios también ha sido un efecto de la crisis que vive Venezuela.
Hasta ahora, lo único que permanece funcionando son los seguros, un respiro para estos casi 700 venezolanos.
“Siento que me quitaron mi dignidad. No hay reconocimiento de la agresión porque esto, el no pagarnos, es una agresión. Tú no puedes decir nada porque te tachan de desleal. Siento decepción. Pero además, hay una responsabilidad porque tenemos afectos en Venezuela. Gente que está peor y a quienes, aunque queremos, no podemos ayudar. Y de paso, se nos ve como culpables. Entonces, además de todo, hay una gran impotencia”, apunta María, con la voz entrecortada, desde alguna parte de Estados Unidos. Desde el anonimato al que se ve obligada por miedo.
Un anonimato que no le impide reclamar, como puede y levantar la voz, como pueda.
Parte de ese reclamo es el hecho de que, no sólo son seis meses de retardo sino medidas que ha tomado el gobierno que los afecta.
En la Gaceta Oficial 41.470 se deroga una normativa vigente desde 2006 en el que se respaldaba a los trabajadores del servicio exterior con el pago por traslados. Ahora, se redujo a tres mil euros que, según los trabajadores, “no alcanza” pues traer las cosas por barco para recoger dar al país puede tener un costo entre nueve mil y 25 mil dólares, explica María.
Pero además, en esa misma Gaceta se establece que los ministros, viceministros y sus familiares podrán viajar en clase ejecutiva.
“Cómo es posible que se les incremente los viáticos a éstos funcionarios mientras a nosotros nos dicen que no hay dinero. Mientras nosotros estamos pasando trabajo y siendo desalojados de nuestras casas. Cómo es que unos pocos están gozando de privilegios mientras la gran mayoría no tiene nada”, reclama la funcionaria con más de 20 años trabajando en Cancillería.
María explicó que a los únicos que se les pagó un mes fue a los trabajadores del servicio exterior en la ONU y en China. Curiosamente, los lugares donde estuvo él presidente Nicolás Maduro.
Según el sindicato de trabajadores de la Cancillería alrededor de 500 personas se han ido del ministerio en lo que va de año. Y otras 600 han salido jubiladas. Uno de estos funcionarios es Alfonso D’ Santiago, un diplomático con veinte años de carrera que dimitió tras denunciar los retrasos en los pagos del servicio exterior.
El sindicato denuncia además que los nuevos ingresos se realizan bajo la figura de contrato, algo que incumple la prohibición de tercerización que ordenó el propio gobierno.
438 Fax x OGH x Renuncia Alfonso D Santiago by El Estímulo on Scribd
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